La obra de remodelación y puesta en valor del despacho privado de la Intendencia, contratada a través de una adjudicación directa por un costo de 60,5 millones de pesos, constituye uno de los gastos más polémicos que por estos días se cuestiona a la administración del intendente de Córdoba, Martín Llaryora.
La empresa contratada para realizar esa obra es la firma cordobesa Ícaro SA.
Según explicó el secretario de Desarrollo Urbano del municipio, Daniel Rey, la decisión de adjudicar de modo directo obedeció a que la contratista es la que ganó la licitación pública para la restauración de toda la planta baja del municipio, que se está efectuando en simultáneo.
“En los hechos fue una ampliación de obra”, indicó el funcionario.
“Dado que el Palacio 6 de Julio es Monumento Histórico Nacional, ambas obras exigen control permanente y aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos de la Nación. La firma cuenta con la capacidad para ejecutar ese tipo de trabajo, y además ya estaba realizando toda la logística interna para que las distintas áreas puedan seguir funcionando. Se encarga tanto de la obra arquitectónica como de la reubicación de las oficinas y de todo el mobiliario, y hubiera sido todavía más costoso sumar otra empresa”, explicó Rey.
La obra, que comprende el despacho principal del primer piso, todas sus áreas de Secretaría privada y también el sector de cocina, las dependencias de uso personal del intendente y la conexión con el sector de cocheras, comprende una superficie aproximada de 185 metros cuadrados.
“El edificio municipal va a cumplir 70 años en 2023 y sus instalaciones eléctricas nunca fueron reemplazadas. Yo entré a trabajar en ese edificio hace 42 años y nunca fue mantenido correctamente. Estamos haciendo una intervención integral, que apunta a valorizar ese edificio y que también es una tarea de fortalecimiento institucional del Ejecutivo. Esta gestión también dará su sede al Concejo Deliberante con el mismo objetivo”, indicó Rey.
35,5 millones más “coeficiente K”
Respecto del costo de la intervención, el funcionario recalcó que el precio total de 60,5 millones de pesos incluye el costo neto de 35,5 millones de pesos, al que se le suma casi el 60 por ciento en concepto de carga impositiva total, cargos de colegiación, beneficio de la empresa y costo financiero.
A la planilla con el presupuesto de la empresa que acompaña el expediente de la contratación directa y que se viralizó por las redes sociales, Rey la contrasta con otra que discrimina el costo neto de cada rubro.
“Esto ocurre en todas las obras del sector público, de todas las jurisdicciones. Es un coeficiente que por lo general equivale a 1.6 del valor neto de la obra, y que puede llegar a 1.8 cuando la obra exige, además, costos de seguridad. El costo del dinero y los plazos en los que paga el Estado tienen mucho que ver con ese “coeficiente K” que se aplica en las contrataciones”, indicó Rey.
Argumentó, además, que en el caso del municipio, la imposibilidad de pagar anticipos financieros –en la Provincia sí rigen esos pagos– dificulta todavía más los procesos cuando la inflación es tan alta.
“El resultado es que una obra cuyo valor neto es de 10 millones de pesos, al Estado le termina costando 16 millones”, sintetizó.
Mudanza al Cabildo
Respecto de la intervención en el despacho del intendente, Rey indicó que se aplica el mismo criterio que en la Planta Baja, que es volver al diseño original siguiendo todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Monumentos.
“Hay cuestiones técnicas muy precisas, como el tipo o espesor de la madera que recubre las paredes”, indicó Rey, quien explicó que ese ítem es uno de los más costosos de la obra (valor neto de 9,5 millones de pesos, valor total de 18,1 millones).
El otro rubro de elevadísimo valor en el presupuesto es el del mobiliario. Según Rey, se adoptó la decisión de reservar el equipamiento histórico del despacho del intendente para uso protocolar, y por esa razón se trasladó al Salón Rojo del Cabildo Histórico, que será en adelante el despacho protocolar. A esa decisión se le asocia la de reemplazar por muebles modernos el mobiliario.
Los escritorios, mesa, sillas, sillones ejecutivos, sofás y cortinas suman un costo neto de 9 millones de pesos a la obra.
El otro ítem que generó escándalo público es el de “aire acondicionado”, que en el documento inicial figura con un costo unitario de 3.027.445 pesos.
Según Rey, en realidad se trata de tres aires cuyo costo unitario es de 388.700 pesos, a los que se suman 416 mil pesos en concepto de insumos para la instalación, 150 mil pesos en concepto de mano de obra y 45 mil pesos de materiales eléctricos.
El total neto del rubro “aire acondicionado” llega a 1.778.130 pesos.
Con impuestos y todo el resto de recargos, asciende a los tres millones de pesos que desataron el escándalo.
“Se discute que sea un gasto prioritario. Yo considero que la segunda ciudad del país, que tiene un presupuesto más elevado que el que administran 15 de las provincias argentinas, tiene que mantener correctamente su sede, que además no fue restaurada en sus 70 años de existencia y que fue reconocida como Monumento Histórico Nacional”, indicó Rey.
Consideró que se trata también de una revalorización institucional, del mismo orden de lo que implicó que la ciudad de Buenos Aires contratara al arquitecto Norman Foster para hacer su sede de Gobierno.
El funcionario indicó que tanto la refuncionalización de la planta baja del Palacio 6 de Julio como la revalorización del exterior del edificio y la puesta en valor del despacho del intendente se encuentran muy avanzados en su ejecución.
