La Cámara en lo Criminal de 10ª Nominación de Córdoba capital condenó al exintendente de la localidad Villa Santa Rosa, en el norte de la provincia, José Raúl Rodríguez Moyano (Unión por Córdoba), y a exfuncionarios por haber trazado un plan delictivo para estafar al Municipio y apropiarse de millones de pesos de la Nación para su beneficio personal.
En el marco de un juicio abreviado, los camaristas Mario Centeno, Carlos Palacio Laje y Juan José Rojas Moresi condenaron a Rodríguez Moyano (57) a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos por el delito de defraudación calificada por administración fraudulenta, falsedad ideológica continuada y abuso de autoridad.
Como parte del acuerdo con el fiscal de Cámara, Gustavo Arocena, el exfuncionario abonó $ 20 millones como reparación por el esquema de corrupción que lideró desde la Municipalidad (querellante en la causa).
También impusieron tres años al exsecretario de Gobierno del pueblo José Luis Martinelli (59) y al exsecretario de Desarrollo Ariel Darío Mirra (61), partícipes primarios de defraudación calificada por administración fraudulenta (a Mirra se le sumó falsedad ideológica continuada). El constructor Roberto Fabián Coronel (57) recibió dos años y 10 meses por defraudación calificada y falsedad ideológica.
Los negocios del exintendente
El escándalo se desató cuando el sucesor de Rodríguez Moyano, Serafín Víctor Kieffer, presentó una denuncia penal por graves irregularidades relacionadas con la falta de fondos millonarios y obras incompletas del programa federal Techo Digno, para la construcción de 52 viviendas sociales.
Al ordenar la auditoría de la gestión de su antecesor, observó múltiples anomalías en la tramitación del plan firmado por el Municipio local y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
Si bien Rodríguez Moyano (2011-2015) había informado a la Nación certificaciones de obra del 98,44%, el nuevo intendente constató la inexistencia de fondos para terminar el porcentaje restante.
Expuso la irregularidad a la Nación, ya que no solo no existían los recursos para ejecutar el tramo final de las obras, sino que las viviendas estaban muy poco avanzadas. Kieffer descubrió que las certificaciones del 98,44% no coincidían con el 55% de avance de obra consignado por Rodríguez Moyano en el acta de transferencia a la nueva gestión municipal.
Incluso, el mismo Rodríguez Moyano, el constructor Coronel y Mirra también habían firmado la certificación de avance por 42,8% de las obras, por lo que los valores diferían notablemente entre sí según la documentación que se revisara.
Kieffer ordenó analizar el avance real de las obras y determinó que llegaba apenas al 30,9% del total por el que la Municipalidad, durante la gestión de Rodríguez Moyano, había recibido un total de $ 11.859.481 de la Nación. Ese 30,9% correspondía a una ejecución presupuestaria de $ 3.779.116, lo que encendió las dudas sobre el destino de la diferencia millonaria.
Sin embargo, no fue la única irregularidad, ya que, a pesar de estar contabilizadas e imputadas al plan de vivienda (formalmente ante la Nación), las facturas de gastos nunca se hallaron físicamente en la Municipalidad ni tampoco fueron imputadas en la contabilidad. Las facturas sí halladas sospechosamente no tenían orden de compra ni remito, aunque estaban registradas como pagas y adjudicadas al plan.
Por otro lado, no dejó de ser llamativo que $ 1,3 millones depositados por la Nación en la cuenta de la Municipalidad, siempre en el marco de las viviendas, fueron transferidos a otra cuenta del Ejecutivo local para pagar sueldos.
Aunque quizás uno de los hechos más escandalosos fue cuando Rodríguez Moyano (también médico y exconcejal) y Mirra convocaron una reunión con vecinos y les informaron que debían realizar un “depósito” de $ 60 mil para convertirse en adjudicatarios de las 52 viviendas. De esta forma, la Municipalidad recaudó $ 3.120.000 indebidos.
La cooperativa trucha del prófugo
En su plan delictivo, Rodríguez Moyano contrató a la Cooperativa 15 de Septiembre (domiciliada en Santa Cruz), a cargo de Milton Fernando Bandiera, para el análisis de suelo y planificación de desagües de las viviendas.
La contratación violó una normativa y se realizó de forma directa, sin licitación ni concurso de precios, es decir, sin justificar las causales de excepción. Le abonó $ 3.709.868 con cheques consecutivos (en vez de hacerlo por avance de obras) por los trabajos que nunca realizó.
Creció la sospecha de que el corrupto intendente actuó en connivencia con Bandiera (deudor irrecuperable ante el Banco Central, prófugo y con pedido de captura) para desviar los fondos millonarios, ya que además de la inexistente contraprestación de la cooperativa trucha (nunca registrada ante el ente nacional), el Concejo Deliberante autorizó al Ejecutivo a suscribir contratos con ella recién seis meses después de la firma del acuerdo.
Los jueces concluyeron que el exintendente, sabiendo que no podía contratar de forma directa a la cooperativa, buscó la autorización del Concejo “con posterioridad el aval de sus acciones”. “El pago a la cooperativa provino de los fondos obtenidos a través de certificados de obra con información falsa, y fueron utilizados para realizar un pago millonario a una cooperativa que no prestó ningún servicio”, aseguraron.
¿Y los materiales?
El exintendente también desvió fondos de las viviendas al abonar $ 1.000.030 por materiales de construcción por fuera del circuito legal. La burda maniobra se hizo con una firma que no estaba registrada como proveedora de la comuna y sin emitir la orden de compra visada por el Tribunal de Cuentas.
El monto fue imputado a la partida presupuestaria del plan, pero los materiales nunca fueron utilizados en las obras, “drenándolos” hacia destinos nunca develados en la causa. Incluso, lo que originalmente debieron ser viviendas construidas con paneles de poliestireno (tipo Casaforma) fueron erigidas con ladrillos bloque portantes y techo de losa con viguetas pretensadas por orden del corrupto funcionario.
Alegó una supuesta falta de mano de obra especializada para aplicar el poliestireno, pero la Nación nunca autorizó la modificación. A eso se sumó que la Nación constató que las obras ejecutadas llegaban el 31%, no al 98,44% falsamente informado por el entonces intendente.
Las casas no cumplían con los estándares mínimos de calidad ni contaban con tendido eléctrico. También se descubrieron facturas duplicadas, otras sin respaldo y planos originales que no coincidían con los ejecutados, etcétera.
Así, Rodríguez Moyano, Mirra y Coronel rubricaron certificados que registraban un grado de avance de obra mayor al real y lograron que la Nación continuara enviando los fondos para las obras, cuando, en realidad, “fue destinado a otras operaciones ajenas” (no presentar la documentación era causal de suspensión del financiamiento y restitución de los fondos no justificados).
“Rodríguez Moyano sacrificó los intereses confiados, ejecutando un plan diseñado para procurar un lucro indebido para sí y los funcionarios Martinelli, Mirra y Coronel que ocasionó un grave perjuicio patrimonial para el municipio que representaba, al no utilizar la totalidad de los fondos nacionales y los aportes de los vecinos, para el referido plan de viviendas”.
Luego de aceptar el acuerdo, todos manifestaron estar “arrepentidos”.
