El último episodio de la dura disputa entre el oficialismo provincial y el grueso de la oposición se libró el pasado miércoles en la Unicameral. En ese territorio se escenifican enfrentamientos desde finales de 2023, cuando quedó constituida una conformación pareja como nunca antes en el Poder Legislativo, fruto de los comicios provinciales de aquel año en los que Martín Llaryora venció por poco más de tres puntos a Luis Juez.
La repentina idea de Hacemos Unidos por Córdoba de cambiar el reglamento interno, una especie de “Constitución interna” que regula el funcionamiento de la Legislatura, volvió a agitar una convivencia que ya venía muy compleja entre los principales espacios políticos provinciales.
Desde la aprobación de los nuevos cambios, votados únicamente por los 33 legisladores peronistas y los aliados Karina Bruno y Agustín Spaccesi más el decisivo voto de desempate de la vicegobernadora Myrian Prunotto, la oposición quedó vedada de llevar al debate proyectos incómodos para el PJ. A partir de ahora, sí o sí las iniciativas deberán tener algún tipo de aval oficial, sea este en las comisiones, para obtener dictamen, o para ser tratadas en el recinto en el caso de un proyecto sin paso previo por las comisiones.
En su larga estadía en el poder, y en especial desde que rige la unicameralidad, el peronismo nunca había pasado sobresaltos legislativos. El punto máximo de esa supremacía se vivió en el período 2019-2023, cuando gobernó Juan Schiaretti. Eran 51 de 70 las bancas propias. En ese momento, el PJ llegó a tener más de dos tercios de la cámara. Ese escenario cambió por completo con la llegada de Martín Llaryora.
El año pasado, a poco de definirse la nueva conformación de la Unicameral, la oposición –los partidos que integran Juntos por el Cambio y otras bancadas más pequeñas sin afinidad con el Gobierno– vio la oportunidad de presentar proyectos propios, que en algunos casos replicaron promesas de la última campaña. Desde ese momento, y por el riesgo político que significaba ese escenario, el peronismo buscó distintas herramientas para frenar esos avances. El último cambio del reglamento interno refleja al extremo ese accionar defensivo.
La disputa por el control de la agenda
Durante largos años, y hasta mediados de 2024, la regla en la Legislatura decía que un proyecto podía ser debatido en el recinto sobre tablas, es decir sin despacho de comisión, con la única condición de lograr una mayoría simple al pedir su debate ante el pleno. Pero eso cambió cuando el legislador Spaccesi sorprendió con un proyecto que fue acompañado con entusiasmo por el oficialismo y que planteó subir el requisito de tratamiento de este tipo de proyectos a los dos tercios, algo imposible de alcanzar para la oposición.
Spaccesi no tiene un acuerdo blanqueado con el PJ, pero colabora con el oficialismo en ocasiones en que el Panal está en problemas. En aquel momento, Spaccesi fue cuestionado por Juntos por el Cambio, que lo acusó de haber propuesto la modificación a pedido del peronismo. El legislador rechazó la acusación.
Luego de un largo debate que ocupó algunas semanas y que casi paralizó el funcionamiento de la Unicameral, finalmente Juntos por el Cambio acordó con el oficialismo un punto intermedio. Se consensuó elevar de simple a agravada la mayoría, pero con un requisito: si los proyectos presentados no eran tratados en comisión dentro de un tiempo prudencial de 45 días, una vez vencido ese plazo indefectiblemente podían ser tratados en el recinto sin la condición de la mayoría especial. Es lo que sucedía hasta el miércoles pasado.
Ahora, el reglamento modificado por iniciativa del oficialismo vuelve a cambiar el panorama, por lo que la oposición denunció “atropello institucional” de parte del PJ. Incluso, el legislador opositor Gregorio Hernández Maqueda dijo que denunció al gobierno que comanda Martín Llaryora por “atentado al orden democrático y violación de la forma republicana de gobierno”.
Impacto concreto
El cambio en las reglas de funcionamiento de la Unicameral, que no es el único realizado pero sí el más relevante, tiene un efecto poderoso en la práctica para los intereses del oficialismo. En concreto, anula la posibilidad de que los opositores lleven al recinto proyectos con los que no está de acuerdo el oficialismo. Y eso se extiende no sólo a las iniciativas sin despacho de comisión, sino a todos. Esto es posible porque el oficialismo tiene mayoría y controla todas las comisiones. Así las cosas, si el oficialismo así lo desea puede ralentizar o directamente bloquear el avance de proyectos antes de que lleguen al recinto.
La integración de las comisiones respeta una proporcionalidad que responde a la cantidad de votos sacados en las elecciones.
El peronismo aduce que fue decisión y responsabilidad de Juntos por el Cambio dividirse en bancadas separadas. Eso hicieron la UCR, el Frente Cívico, el PRO y la Coalición Cívica con el objetivo de lograr mayores estructuras en los bloques –cargos de personal como jefes de bloques y asesores–, algo que no hubieran conseguido si se presentaban en el recinto en un único bloque, como compitieron en las elecciones. En Juntos por el Cambio minimizan ese argumento. Aseguran que, de haberse mantenido unidos, de todos modos no hubiesen logrado tener mayoría en las comisiones.
El grueso de la oposición, pero fundamentalmente el radicalismo, tenía puestas muchas expectativas en lo que ha sido el principal tópico crítico de este 2025 contra el Gobierno: el denominado “impuestazo”.
Ese eje de cuestionamiento sobre los incrementos “abusivos” en el Inmobiliario Urbano y el Rural es la principal bandera que levantó Rodrigo de Loredo en su posicionamiento frente al oficialismo.
Cepo al reclamo por el “impuestazo”
Como era previsible, la oposición fracasó semanas atrás cuando intentó en el recinto, y sobre tablas, plantear un freno al alza de impuestos, ya que no contó con los dos tercios para hacerlo. Pero en aquel momento depositó las esperanzas en que una vez que se cumplieran los 45 días que estipulaba la regla hasta la semana pasada, lograría llevar el tema al recinto.
De Loredo asegura que estaba “muy cerca” de tener los votos para tumbar el “impuestazo”. Esa aseveración es discutida incluso adentro de la oposición. Nunca hasta ahora logró torcerle el brazo al PJ y a sus aliados circunstanciales, entre ellos algunos radicales poco obedientes a la conducción deloredista. Cabe recordar que la UCR votó en general el Presupuesto 2025. Lo hizo por pedido de los propios intendentes, que acordaron con la Provincia obras en esos municipios. El oficialismo remarca ese comportamiento como una contradicción opositora. “De dónde creen que saldrán los fondos para esas obras”, se preguntan en Hacemos. La oposición responde que eso no convalida incrementos “abusivos”.
Con todo, el cambio en el reglamento dispuesto por el PJ anula por completo los riesgos para el oficialismo, porque esos proyectos ahora no llegarán al recinto.
Más allá de las opiniones y de las chicanas entre oficialistas y opositores, lo concreto es que el escenario en la Unicameral cambió drásticamente desde la semana pasada, con las modificaciones al reglamento. Y se avizora para lo que viene un terreno de mayor fricción entre las bancadas. Con denuncias de “censura” por parte de la oposición, el clima político se sigue espesando.
