El lunes se conoció que la Justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones que posee en YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación. La decisión fue de la jueza Loretta Preska, aunque el fallo aún puede ser apelado.
Preska, del segundo distrito de Nueva York, dispuso que la República Argentina transfiera esas acciones como parte del pago por la expropiación de la petrolera concretada en 2012. Se trata de un nuevo capítulo en una causa en la que el Estado nacional ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones.
En marzo pasado, la misma jueza había rechazado un pedido para investigar cómo se llevó adelante la nacionalización de la empresa.
La decisión de expropiar YPF fue impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien, junto con Axel Kicillof, envió un proyecto de ley al Congreso. Fueron los diputados y senadores de aquel momento quienes terminaron definiendo el futuro de la compañía.
Qué hicieron los cordobeses
En mayo de 2012, la Cámara de Diputados convirtió en ley la expropiación tras dos extenuantes jornadas de debate. La votación terminó con una mayoría aplastante: 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. El Senado ya le había dado media sanción al proyecto en abril.
El respaldo en Diputados llegó de un amplio abanico político: el Frente para la Victoria, aliados como el Frente Cívico por Santiago y Nuevo Encuentro, el MPN, el Frente Amplio Progresista (FAP), Proyecto Sur, casi toda la UCR, sectores del Frente Peronista disidente, la Coalición Cívica y varios monobloques.
En contra votaron 32 legisladores, entre ellos todo el bloque del PRO y parte del peronismo anti-K. Las abstenciones fueron cinco, con nombres como Elisa Carrió y su exaliada Graciela Ocaña. Hubo además 11 ausencias.
Lo llamativo en el caso de Córdoba es que no hubo más que un voto negativo, tanto en Diputados como en el Senado. La mayoría respaldó la expropiación y algunos optaron por ausentarse a la hora de votar.
Ausentes
Entre los diputados cordobeses que no estuvieron presentes figuran los radicales Oscar Aguad e Hipólito Faustinelli, la ruralista Estela Garnero (bloque delasotista Córdoba Federal) y Jorge Valinotto (Frente Cívico).
“El verdadero debate debe ser sobre el autoabastecimiento energético, que esta ley no soluciona. Esto es un chantaje emocional”, dijo aquella vez Aguad quien, recuerda, se retiró para no votar en contra de su propio partido.
A favor de la expropiación
Doce diputados cordobeses votaron afirmativamente, desde el kirchnerismo, el radicalismo y el juecismo. En la planilla figuran Gumersindo Alonso, Ernesto Martínez y Susana Mazzarella (Frente Cívico); Nora Bedano, Fabián “Pipi” Francioni, Daniel Giacomino, Mónica Gutiérrez y Carmen Nebreda (del Frente para la Victoria); Mario Negri, Patricia de Ferrari y Gladys Espíndola (UCR), y Francisco Fortuna (Córdoba Federal).
En contra
Solo Edgard Muller (Frente Peronista, en disidencia) votó en contra. Argumentó que la norma ocultaba “espurios y millonarios intereses particulares y corporativos”. Aclaró que no se oponía a la estatización, sino a los términos en los que se proponía.
“Es nuestra empresa insigne, y tenemos que darle un tono auténticamente federal”, sostuvo, al reclamar una iniciativa que avanzara sobre el 100% de las acciones y garantizara la participación de todas las provincias.
¿Y en el Senado?
El 26 de abril de 2012, el Senado sancionó la ley sin sobresaltos. La votación marcó un récord: 65 de los 71 legisladores presentes acompañaron el proyecto.
Sólo votaron en contra Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre y Juan Carlos Romero, todos del peronismo disidente. Hubo cuatro abstenciones, entre ellas las de María Eugenia Estenssoro y la cordobesa Norma Morandini.
“Estoy en una encerrona: estoy de acuerdo con el objetivo general de la ley pero no con las maneras democráticas”, sostuvo Morandini aquella vez.
Y además, lanzó una de las frases más calientes de la tarde: “Creo que hay un chantaje emocional como el del ’82 con la Guerra de Malvinas”.
Cuestionó que la decisión la haya tomado el Ejecutivo en “soledad y jugando al gato y al ratón” y aseguró: “No puedo rechazar la recuperación de los recursos estratégicos por parte del Estado, pero tampoco puedo validar la forma, ya que se evade el control del Parlamento”.
Los 63 votos afirmativos provinieron del kirchnerismo, la UCR, el FAP, peronistas no K y todos los monobloques.
Entre los senadores cordobeses que votaron a favor estuvieron Luis Juez (Frente Cívico) y Marta Borello (UCR), quien había asumido en lugar de Ramón Mestre tras su elección como intendente.
Para explicar su decisión, Juez primero dijo que estaba orgulloso de poder estar subsanando 20 años después los errores de la privatización. Pero agregó: “¿Cómo podemos defender YPF y defender a De Vido? Tengo miedo de estar dando un cheque en blanco a un gobierno que no hizo durante nueve años las cosas bien”.
El senador se sumó al pedido de que todas las provincias sean dueñas de las acciones y le pidió al kirchnerismo que tome las sugerencias opositoras.
Por su parte, Borello pidió cambiar el artículo 8 para incluir a todas las provincias y no sólo a las petroleras en la composición accionaria de la nueva YPF.
“Si se enuncia que YPF se recupera para todos, entonces la empresa debe ser auténticamente federal. Córdoba debe ser parte accionaria y de las probables utilidades que tenga la empresa para reinvertir en obras públicas”, sostuvo.
“Si Córdoba paga la expropiación, Córdoba debe recibir las ganancias”, pidió (algo que nunca sucedió).
