El Frente de Todos negocia por estas horas en la Cámara de Diputados los votos para avanzar con la reforma del Ministerio Público Fiscal, que permitiría flexibilizar la mayoría necesaria para designar al nuevo procurador general. Ante el rechazo cerrado de Juntos por el Cambio, el oficialismo necesita de una docena de legisladores para alcanzar el quórum y para eso se embarcó en una misión complicada: asegurar la presencia de un puñado de indefinidos y torcer algunas voluntades.
La primera prueba de fuego será mañana, en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales convocado para las 19 en formato presencial.
El Frente de Todos sorprendió con la citación el viernes a última hora y espera alzarse con el dictamen favorable con la cantidad justa de firmas, aunque el texto definitivo está en plena redacción y tampoco está garantizado su tratamiento en la sesión prevista para el miércoles.
A última hora del domingo, en una reunión virtual de emergencia, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio endureció su rechazo y envió una advertencia a los bloques minoritarios de la oposición: “Los medios deben preguntar a todos quiénes van a acompañar esta ley, quiénes serán cómplices, incluso dando quórum”.
Es que la llave estará en aquellos diputados que ayudaron al oficialismo a aprobar las leyes más conflictivas.
Con 117 diputados propios -el presidente de la Cámara, Sergio Massa, no vota, y José Ignacio De Mendiguren está de licencia-, el Frente de Todos necesita de una docena de apoyos extra tanto para iniciar la sesión como al momento de la votación, en caso de no haber ausencias.
La suerte del proyecto, aprobado en el Senado en noviembre pasado, dependerá, en buena medida, de las negociaciones que transcurren por estas horas con el mendocino José Luis Ramón, jefe de Unidad Federal para el Desarrollo.
La semana pasada, Ramón mantuvo un encuentro a solas con el ministro de Justicia, Martín Soria. El diputado le propuso la creación de una procuraduría especializada en derechos de usuarios y consumidores y un aumento del presupuesto del Ministerio Público.
Si bien espera la respuesta del oficialismo, resaltó este lunes en declaraciones radiales que “este proyecto es la puerta de entrada a un cambio de época” y se encamina a sumarse junto a otros cuatro miembros de su interbloque: el bonaerense Pablo Ansaloni y los misioneros Ricardo Wellbach, Diego Sartori y Flavia Morales. Pero aun con estos apoyos, el oficialismo quedaría a siete diputados del quórum, un número muy difícil de alcanzar.
Incógnitas
Las incógnitas son, hasta ahora, cuatro: el salteño Andrés Zottos, el santafesino Luis Contigiani, el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia. Los dos últimos, exintegrantes de Juntos por el Cambio.
El interbloque presidido por Mario Negri encabeza el rechazo con 114 diputados (no cuentan con la correntina Estela Regidor, de licencia). Los cuatro integrantes de Córdoba Federal -Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez- todavía no se expresaron públicamente, pero se inclinarían por la negativa.
“La postura siempre ha sido que el bloque no apoya las reformas en la Justicia si no hay consenso”, señalaron en el bloque ante la consulta de este medio.
El bloque de Máximo Kirchner tampoco contará esta vez con el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, que a través de Twitter blanqueó su posición.
“Vivimos un drama sanitario que afecta la vida de los argentinos y argentinas en todas sus dimensiones. No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones. ¿Qué reforma del Ministerio Público Fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?”, se preguntó.
Otros diputados que se oponen a la reforma son los tres “lavagnistas” de Consenso Federal.
“No son tiempos de reformas judiciales”, argumentaron Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini en un comunicado, y agregaron que “las reformas propuestas por Juntos por el Cambio y por el actual gobierno sólo sirven para sacar procuradores, cuando lo que ordena la Constitución Nacional es un Ministerio Público Fiscal independiente, autónomo y autárquico”.
Tampoco acompañarán la tucumana Beatriz Ávila, la neuquina Alma Sapag, el santafesino Enrique Estévez y el rionegrino Luis Di Giácomo, que integra el interbloque de Ramón pero prometió votar en contra de cualquier reforma judicial tras la designación de Soria.
El Frente de Izquierda dará a conocer su posición en las próximas horas, pero tomaría el mismo camino. La duda allí es si darán quórum.
El proyecto de reforma del Ministerio Público propone bajar la cantidad de votos necesaria para nombrar al procurador general en el Senado, de dos tercios —48 votos— a mayoría absoluta —la mitad más uno, es decir, 37—. El cargo lo ocupa, desde hace más de tres años, Eduardo Casal, señalado por el kirchnerismo por sus manejos como jefe de los fiscales en causas sensibles.
Además, la iniciativa le pone al mandato un límite de cinco años, prorrogables a propuesta del Ejecutivo y con acuerdo de la Cámara alta.
Entre los cambios que impulsa el oficialismo a pedido de Soria figura la posibilidad de que la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público proponga, por un máximo de seis años, a un nuevo procurador interino, nombrado luego por el Ejecutivo.
El ministro de Justicia también solicitó retocar la composición del tribunal de enjuiciamiento y la mayoría necesaria para remover fiscales, entre otros aspectos.
El descargo de Rafecas
A horas del debate en comisiones, Daniel Rafecas ratificó que si se modifica la ley y se atenúa la mayoría de votos necesaria para la designación, declinará su candidatura a procurador general, que nunca avanzó porque el oficialismo no reúne los dos tercios de los votos para aprobar su pliego.
“Reafirmo lo que ya sostuve públicamente: si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al procurador, eso será para mi un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación”, sentenció Rafecas, y agregó: “Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción ética y jurídica”.
Rafecas se quejó de no haber sido convocado para opinar sobre el proyecto en ninguna de las dos Cámaras, ni tampoco por el Ministerio de Justicia. Y recordó que tampoco le dieron la oportunidad de presentarse ante la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos para defender su candidatura. “De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado”, afirmó en las redes sociales.
