En su desembarco en la provincia de Córdoba, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a criticar este lunes los proyectos que aprobó la oposición en la Cámara de Diputados a principios de mes para recomponer las jubilaciones, aumentar el bono y restituir la moratoria previsional. En sintonía, La Libertad Avanza y el PRO pisan el debate en el Senado y ganan una semana más de tiempo.
Francos se refirió al tema en el almuerzo realizado por el 48° aniversario de la Fundación Mediterránea, donde también participó, entre otros, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, José Luis Espert. En ese marco, el ministro coordinador no se salió del libreto oficial de la “motosierra” y ratificó la decisión del Gobierno de vetar las normas jubilatorias por el “daño que generan en el equilibrio fiscal”.
Según datos oficiales citados por Francos, hoy hay 1.862.000 jubilaciones sin moratoria y 3.912.000 con moratoria, por lo que la proporción es de casi dos a uno. Si se suman las pensiones, el total es de 3.300.000 beneficios sin moratoria y 4.100.000 con moratoria, agregó el funcionario.
“Estos números demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable”, advirtió Francos, quien por eso consideró que “no se entiende la decisión del Congreso de avanzar en la media sanción de una reforma que solo, entre la reforma jubilatoria y el incremento del bono, afecta el 0,8% del PBI”.
El equipo económico del Gobierno había calculado, para 2025, un impacto del 0,2% del PBI por la recomposición del 7,2% de las jubilaciones; otro 0,2% del PBI por la suba del bono a $115.000 (aunque la cifra final que aprobó la oposición fue $110.000); y 0,5% del PBI por el giro de anticipos mensuales (con su correspondiente actualización) a las cajas previsionales no transferidas.
Los proyectos fueron aprobados el 4 de junio en Diputados pero, desde que llegaron al Senado, no avanzaron un centímetro. La condena de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad paralizó toda la actividad del Congreso y le permitió a La Libertad Avanza mirar para el costado en un debate incómodo.
El tratamiento de los dos expedientes recayó en dos comisiones: Presupuesto y Hacienda, al mando del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche; y Trabajo y Previsión Social, presidida por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, una senadora del PRO pintada de violeta que también resiste la embestida opositora. Álvarez Rivero confirmó a La Voz que, al menos esta semana, tampoco abrirán el debate.
“El proyecto de moratoria previsional es un parche y debilita el sistema previsional que está en crisis. El problema es otro: lo que está pasando desde, por lo menos, 2014 es que tenemos 10 millones de trabajadores en la informalidad. Ese es el problema”, advirtió Álvarez Rivero, y agregó que “en estos tres años y medio, no se han animado a discutir la reforma laboral que hace falta para solucionar este tema”.
Unión por la Patria, que se muestra a la cabeza de los proyectos, tiene algunos mecanismos reglamentarios para destrabar el debate. Con la firma de tres o más senadores, pueden pedir incorporar el tema en las comisiones. También pueden aprobar una “preferencia” para que el punto sea tratado “en la próxima sesión”. Pero, a diferencia de Diputados, no pueden imponer fechas, y la vicepresidenta Victoria Villarruel puede pisar las sesiones.
La suerte de los proyectos en el recinto tampoco está definida. Es cierto que el kirchnerismo tiene más volumen y está a solo tres senadores del quórum, por lo que las chances crecen, pero lo harán a la par de las presiones del Gobierno. Los llamados a gobernadores (que están en plena pulseada con la Nación por reformas fiscales) prometen intensificarse.
Mandatarios provinciales aliados a Milei salieron a mostrarle los dientes con el tema jubilatorio. El santiagueño Gerardo Zamora y el catamarqueño Raúl Jalil, que recalan en Unión por la Patria, esta vez aportaron votos en Diputados. Y, sorpresivamente, también lo hizo el tucumano Osvaldo Jaldo, quien está representado en el bloque Independencia, que rompió con el kirchnerismo hace más de un año para acercarse al Gobierno.
En el caso de Córdoba, Martín Llaryora también marcó una diferencia con Milei al acompañar los proyectos para mejorar ingresos, pero no apoyó la vuelta de la moratoria, una política que el “cordobesismo” considera agotada. Solo Natalia De la Sota, de Encuentro Federal, y los kirchneristas Pablo Carro y Gabriela Estévez votaron a favor.
Tampoco hay que perder de vista que la UCR, liderada por Rodrigo De Loredo, y el sector del PRO alineado al expresidente Mauricio Macri eligieron abstenerse al momento de votar la recomposición de los haberes y la suba del bono. Un modo de esconder sus cartas y hacer valer sus votos cuando haya que ratificar el veto. Quizás, con lugares destacados en las listas libertarias.
Como sea, la oposición expone a Milei a un nuevo e incómodo veto en la antesala de la campaña electoral, un elemento que no estaba presente cuando el presidente enterró la movilidad jubilatoria el año pasado.
Hasta el momento, el mandatario se muestra firme. “El Congreso decidió demagógicamente reventar el equilibrio fiscal usando una causa noble para tirar al Gobierno”, dijo en una reciente entrevista. “No olvidemos que Alberto (Fernández) se fue con jubilaciones de 80 dólares. Los que proponen este aumento son los que jubilaron a 3 millones de personas sin aportes” y “quebraron el sistema”, agregó.
