Luego de que la CGT decidiera vaciar la convocatoria de la Secretaría de Trabajo a un diálogo tripartito con el sector empresario y de que ATE rechazara en duros términos el inminente cierre de organismos públicos, el Gobierno recalentó el clima con los gremios al fijar un nuevo valor del salario mínimo por debajo de las expectativas, mientras avanza en el plan para cambiar las condiciones laborales en el Estado.
La Secretaría de Trabajo, laudo mediante, definió los nuevos montos del Salario Mínimo Vital y Móvil por resolución, luego de que fracasara la semana pasada un acuerdo entre las cámaras empresarias y las centrales sindicales. Los valores serán de $254.231,91 a partir de julio, $262.432,93 en agosto, $268.056,50 en septiembre y $271.571,22 en octubre.
En la fallida reunión del Consejo del Salario, la CGT y las dos CTA habían pedido llegar a $482.000 en julio y $505.000 en agosto. En un comunicado, la CTA de los Trabajadores, a cargo de Hugo Yasky, denunció que el piso de julio “demuestra que Milei, fuerte con los débiles y dócil ante los poderosos, tiene a su cargo la tarea de sistematizar la aplicación de una política de hambre en la Argentina”.
Yasky también denunció en redes sociales que se trata de “el salario mínimo más bajo de la historia argentina” y alertó que en octubre, de acuerdo con las proyecciones de inflación actuales del REM, “el salario mínimo real quedaría casi 8% por debajo del valor de mayo y 31,2% por debajo de noviembre de 2023″.
En la CGT, en tanto, el malestar es creciente: el Consejo Directivo resolvió este jueves no participar de la mesa tripartita convocada para la semana próxima por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con empresarios del Grupo de los Seis, y además decidió acompañar la marcha de los movimientos sociales a San Cayetano el 7 de agosto.
La razón del desplante es que el Gobierno, en palabras de Héctor Daer, “no ha dado una respuesta positiva” a dos reclamos que consideraban “fundamentales”. Uno de ellos era que se actualice el piso del impuesto a las Ganancias, recientemente reinstaurado: será de $1,8 millón para solteros y $2,2 millones para casados con hijos.
El segundo planteo que no tuvo eco era que el Gobierno retire la apelación hecha por la Procuración del Tesoro ante la Corte Suprema de Justicia a una sentencia favorable sobre la inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70/23. “Ese capítulo suspendido en la Justicia es el que quieren tener de agenda los empresarios”, lamentó Daer.
En tanto, hay otro conflicto sindical en puerta por la inminente eliminación de organismos públicos, con la que el Poder Ejecutivo podrá avanzar sin pasar por el Congreso gracias a las facultades delegadas en la Ley Bases. El esquema está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger.
“El cierre de organismos que impulsa Sturzenegger no sólo es un ataque a los estatales, sino a toda la sociedad”, advirtió este jueves el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Según el sindicato, están en peligro organismos como el INADI, el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Aguiar advirtió que “la sociedad comienza a tomar conciencia que la destrucción del Estado es la destrucción de ella misma, y no de la casta. La casta está feliz y sigue acumulando cargos nuevos en la administración con sueldos millonarios”.
Cambios en el empleo público
Sturzenegger informó este viernes que está próximo a reglamentarse el capítulo de empleo público de la Ley Bases y, en ese marco, evalúa otorgar facilidades a las empresas privadas que contraten al personal que quede a disponibilidad por la disolución de dependencias estatales.
Según el artículo 52 de la Ley Bases, los empleados afectados por la eliminación de organismos o por exceder la “dotación óptima necesaria” quedarán en situación de disponibilidad por hasta 12 meses, durante los cuales deberán cumplir capacitaciones o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado, con goce de sueldo. Si una vez transcurrido ese período no formalizan una nueva relación laboral, serán automáticamente desvinculados e indemnizados.
Sturzenegger analiza implementar un esquema para que, en esos 12 meses, el trabajador que quede sin funciones pueda, por su propia voluntad, derivar los recursos que reciba al pago de su salario en una empresa privada. Según aclaró la cartera, no se trata de un subsidio (es decir, no saldrán fondos adicionales del Tesoro) porque el régimen de empleo público ya contempla el pago del salario.
Por otra parte, Sturzenegger evalúa cambios en el examen de ingreso al Estado para hacerlo “objetivo, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, para evitar la manipulación política”; y una modificación en el régimen de adscripciones para que el salario de los empleados del Estado nacional que cambien de jurisdicción deba ser afrontado por ese gobierno provincial o municipal.
