El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, salió hoy a respaldar el planteo del gobernador electo, Martín Llaryora, para impulsar reformas que garanticen el federalismo en el país y sostuvo que con el actual esquema se “redistribuye en favor de los más ricos”, como la Capital Federal, y se “empobrece a los más pobres” con ayudas económicas a regiones que luego no promueven su desarrollo.
En un largo hilo de Twitter, el funcionario desplegó argumentos que también sostiene en su libro “Una vacuna contra la decadencia”, del que es autor junto con el economista de Idesa, Jorge Colina.
“El tema del federalismo fiscal nuevamente es motivo de encendidas polémicas. ¿Pero que dicen las evidencias? ¿Quiénes ganan y quienes pierden con las intervenciones del Gobierno Nacional?”, se preguntó en su posteo.
Como es conocido, Llaryora calificó a “pituquitos de la Recoleta” a los dirigentes que llegan de la Capital Federal al interior para dar recomendaciones de gestión pública, cuando muchos de los servicios que funcionan en aquel distrito son objeto de fuertes subsidios.
Hay que tomar decisiones muy costosas y disruptivas
El ranking de privilegiados y discriminados “cambia según qué parte de la realidad se tome”, dijo. Valorizó entonces un trabajo de las economistas María Luz Vera y María Laura García que determinaron que en términos relativos los gastos que ejecuta la Nación en provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, “van del 56% al 82% de los impuestos que pagan. La diferencia son recursos que migran en favor del resto de las jurisdicciones”.
En cambio, en otras 14 jurisdicciones el Estado nacional “destina más recursos que la cantidad de impuestos que allí recauda”. “En términos absolutos (es decir, la cantidad efectiva de dinero) la diferencia más grande se presenta en CABA (Capital Federal). Con valores absolutos mucho más bajo se suman las provincias del norte, San Luis y Río Negro”, sostuvo Giordano.
En 2019, CABA recibió U$S 23.709 millones contra U$S 16.395 millones que aportó con sus impuestos, lo cual representa un 45% más. Si bien, por ejemplo, Formosa percibió 170% más de lo que pone, en dinero fueron U$S 1.644 millones.
"Pituquitos de Recoleta", el desembarco de Llaryora en la política nacional
“En términos relativos se dan situaciones muy variadas. Desde provincias donde Nación gasta un 25% más que los impuestos nacionales que pagan sus habitantes, a provincias donde el gasto de Nación es tres veces lo que aportan sus habitantes con impuestos pagados al Gobierno Nacional”, recalcó.
Pagar los gastos
Tras aclarar que los cálculos son aproximados, alcanzan “para identificar un enorme flujo de recursos desde la Provincia de Buenos Aires a CABA, donde juega un rol importante la integración geográfica en el AMBA. Existen varios factores que explican esta desproporcionada inversión”.
Los principales defidos por Giordano son gastos administrativos del Gobierno Nacional en la Capital Federal, servicios que en el resto del país están a cargo de las provincias pero que en la Ciudad los ejecuta la Nación y habitantes del Conurbano usan servicios en CABA.
“El otro gran flujo de trasferencia de recursos va desde la región pampeana y la Patagonia, en favor de las provincias del norte. En líneas generales, aunque con arbitrariedades, los aportantes son provincias de mayor desarrollo relativo y los receptores, provincias más rezagadas”, explicó.
Las inequidades del sistema
En ese punto, Giordano insistió en que existen dos “paradojas”. La primera, “se redistribuye en favor de los más ricos, tal como lo demuestra el enorme flujo de recursos hacia CABA”. La segunda, “se redistribuye para empobrecer a los más pobres. La solidaridad en favor de las regiones más atrasadas no ha servido para acortar las brechas de desarrollo”.
Aunque no lo menciona Giordano, hay quienes sostienen que al recibir recursos para funcionar, esas provincias no realizan esfuerzos para promover el desarrollo de sus propias economías.
“Como lo planteamos en @unavacuna (el libro escrito con Colina) estamos frente a un problema organizacional. Esto no se resuelve con ajuste fiscal, sino con un ordenamiento integral del Estado”, remarcó.
Para eso, hay que ordenar funciones y que la Nación “deje de intervenir en responsabilidades provinciales”.
También pidió un “ordenamiento tributario”, “unificación de impuestos y que cada jurisdicción se financie con impuestos cobrados en su territorio”, dijo. Y un fondo de convergencia para promover el desarrollo de las regiones más rezagadas, concluyó.
