El triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas le dio al Gobierno un respaldo político clave para consolidar su rumbo económico. El resultado reforzó el liderazgo de Javier Milei y validó en las urnas el ajuste fiscal como un camino necesario, al menos en su primera etapa.
El fuerte recorte del gasto durante 2024 permitió equilibrar las finanzas públicas y romper con una larga tradición de déficits financiados con emisión, que durante años alimentaron la inflación. La consecuencia fue inmediata: una baja rápida y sostenida en el ritmo de aumento de precios. El superávit primario se convirtió, así, en el principal logro económico de la actual gestión.
Sin embargo, lo conseguido sigue siendo frágil. Las recientes tensiones en el mercado cambiario –aun con el respaldo inédito de Estados Unidos– reflejan que el modelo fiscal todavía enfrenta dudas sobre su solidez y sostenibilidad.
¿Por qué ya no alcanza con seguir ajustando?
Parte de esa fragilidad está en la estructura misma del gasto público. Si en algún momento vuelven las presiones que obliguen a financiar el déficit con emisión, el riesgo de regresar a la inestabilidad macroeconómica será alto.
Buena parte del presupuesto nacional está atado a mecanismos automáticos de actualización. Según datos del Ministerio de Economía a septiembre de 2025, casi la mitad del gasto primario corresponde a jubilaciones y pensiones (45%), que siguen la evolución de los precios a través de la fórmula de movilidad. A esto se suman las asignaciones familiares (8%) y el presupuesto universitario (3%), que también se actualizan por inflación. En total, un 56% del gasto primario se mueve automáticamente, sin margen de intervención discrecional.
Esto implica que más de la mitad del gasto no puede recortarse fácilmente. Incluso en un contexto de desinflación, esas partidas crecen en términos reales. El resto del presupuesto, el que sí es flexible, alcanza apenas para compensar ese crecimiento. Por eso, en 2025, el gasto total se mantiene prácticamente en los mismos niveles reales que el año anterior.
A esta rigidez se suma una presión creciente del lado de los ingresos. Dos impuestos distorsivos, como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, generan recursos equivalentes al 18% del gasto primario. Pero el gasto “flexible” representa solo un 44%. Esto significa que eliminar esos tributos sin romper el equilibrio implicaría recortar a la mitad el gasto que todavía puede ajustarse. Un escenario de escasa viabilidad, tanto política como social.
El desafío ya no es ajustar, sino transformar
La etapa inicial, centrada en el ajuste, fue efectiva para contener el deterioro fiscal. Pero esa fase ya se agotó. Lo que sigue requiere una estrategia distinta: no se trata de seguir ajustando, sino de transformar el funcionamiento estructural del Estado.
Entre los desafíos más urgentes, figuran:
- rediseñar el sistema previsional, para moderar el crecimiento automático del gasto;
- alcanzar un acuerdo fiscal entre Nación y provincias, que defina claramente las responsabilidades de cada nivel de gobierno, reduzca superposiciones y mejore la eficiencia del gasto operativo;
- Implementar una reforma tributaria integral, que reemplace impuestos distorsivos por un esquema más simple, eficiente y compatible con el equilibrio fiscal.
En la primera etapa, la motosierra permitió ajustar rápidamente el gasto, cortar con la emisión monetaria espuria y frenar la inercia inflacionaria. Pero ese ciclo ya se cerró. La etapa que se abre ahora requiere otro tipo de herramientas: más sofisticación técnica, más consensos políticos, más capacidad de gestión.
Sostener el orden fiscal no depende solo de mantener el ajuste, sino de avanzar en reformas estructurales que le den previsibilidad y solvencia al modelo. Para eso, el respaldo electoral logrado debe traducirse en acuerdos amplios: no solo en el Congreso, sino también con los gobernadores y otros actores clave del sistema político.
* Economista de Idesa
