Con los incendios ya superados en Córdoba y en plena etapa de reparación de daños, la Cámara de Diputados de la Nación avanzó este miércoles con un proyecto de ley para aumentar las penas contra quienes cometan este tipo de desastres ambientales y, aunque las mínimas se mantendrán en tres años, se incorporan nuevos agravantes.
La iniciativa, que modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Logró apoyo de todas las fuerzas políticas, aunque dos cordobeses presentaron disidencias.
Se unificaron distintos proyectos, entre los que se encuentra uno de Ignacio García Aresca, alfil del gobernador Martín Llaryora, y el democristiano Juan Brügge; otro de Rodríguez Machado y el jefe del bloque de diputados libertarios, Gabriel Bornoroni; y otro de la radical Soledad Carrizo.
A pesar del amplio consenso alcanzado y de compartir el espíritu de la ley, Brügge y su par de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño firmaron el dictamen en disidencia debido a que el texto final no incrementa las penas mínimas, que se mantienen en tres años.
El proyecto del democristiano y García Aresca planteaba llevar los mínimos de tres a cuatro o hasta cinco años, según el caso. Para Brügge, “es lo que piden los jueces y fiscales” para encarcelar a los responsables.
Desde Unión por la Patria, el diputado y exministro de Justicia Martín Soria planteó que el castigo era excesivo en relación a otros previstos en el Código Penal y, en busca de sellar los votos del kirchnerismo en el recinto, se decidió retocar el texto.
“Esto es producto de un esfuerzo compartido de legisladores de todos los bloques”, destacó Rodríguez Machado. “Estamos dando un paso importante de manera mancomunada”, coincidió Soria. La radical Gabriela Brouwer de Koning, en tanto, recordó que en Córdoba, producto de los incendios, “se perdieron 70.000 hectáreas, casi cuatro veces la Ciudad de Buenos Aires”.
Según el dictamen firmado, si hay “peligro común para los bienes”, las penas se mantienen como en la actualidad, de tres a diez años; y si se provoca un incendio o destrucción de distintas plantaciones o producciones, la mínima se mantiene en tres años pero la máxima se eleva de los diez actuales a doce.
Paralelamente, se agravan las sanciones para quienes causen incendios u otros estragos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia. Actualmente van de un mes a un año de cárcel, y con el proyecto ascienden de seis meses a cuatro años.
Si el hecho intencional causa la muerte inmediata de una persona, se impondrá prisión de ocho a veinte años, y si hubo imprudencia, de dos a seis años. Y si pone en peligro la vida de una persona, tendrá de tres a quince años en el primer caso, y de uno a cinco años en el segundo. También se incorporan nuevas penas por lesiones “graves o gravísimas”.
Asimismo, se agregaron penas por daños a “áreas naturales protegidas o con objetivos de conservación, en cualquiera de sus categorías, definidas por las jurisdicciones provinciales, o el Estado Nacional”.
En todos los casos, si participan funcionarios públicos, sufrirán inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
El proyecto incorpora agravantes si los incendios se cometen “para obtener ventaja pecuniaria”; “con el concurso de tres o más personas”; “coaccionando a otros para la ejecución material del delito”; “afectando o exponiendo al peligro, de manera grave, a la salud pública”; “alcanzando áreas urbanas o cualquier asentamiento humano”; “en épocas de sequía o inundaciones”; “con la colaboración de un funcionario público en ejercicio de sus funciones”.
También se aplicarán agravantes cuando “se produzca un daño ambiental irreversible sobre el bosque nativo, las aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del régimen climático”.
La modificación del Código Penal es la segunda reacción del Congreso Nacional ante los incendios en las sierras cordobesas, que ya motivaron la declaración de la emergencia nacional por 180 días. No obstante, desde el Gobierno provincial informan que aún no se recibieron fondos de la Nación, como prevé la norma sancionada por unanimidad el pasado 2 de octubre.
