El Poder Ejecutivo prorrogará hasta el 31 de diciembre las sesiones ordinarias del Congreso para avanzar con proyectos de ley pendientes antes de fin de año. El presidente Alberto Fernández firmó el decreto y espera que los legisladores se aboquen a una agenda de reactivación económica, que incluye el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La decisión fue confirmada por la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, a dos semanas de finalizar el período ordinario. Como se trata de una prórroga y no de una convocatoria a extraordinarias, será el Congreso -y no el Ejecutivo- el que decida el temario a tratar.
Fuentes gubernamentales explicaron a este medio que esa decisión no fue al azar: se eligió esta vía como un “gesto a la oposición” para intentar consensuar una agenda sobre grandes temas, como parte del llamado al diálogo que Fernández viene anunciando desde antes de conocerse el resultado electoral.
Sin embargo, el Frente de Todos convocó a debatir este jueves en el Congreso nada menos que 116 DNU y decretos delegados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y Juntos por el Cambio encendió la alarma. El interbloque presidido por Mario Negri sentenció que “se terminó el tiempo del atropello legislativo y de una agenda alejada de la gente”.
En la coalición opositora creen que el oficialismo acelera el tratamiento de los DNU antes de perder la mayoría en el Senado porque teme que con la próxima composición parlamentaria se declaren inválidos esos decretos, algo que no suele suceder en la práctica. Actualmente, el oficialismo tiene quórum propio en la bicameral.
“Estos decretos que declararon varias emergencias, prorrogaron la prohibición de despidos, reestructuraron el Presupuesto, autorizaron la emisión de títulos públicos, impusieron prohibiciones a la circulación y al comercio prorrogando sucesivamente el ASPO durante meses, y crearon estructuras en el Estado, fueron sancionados por el Gobierno durante la pandemia para eludir la intervención del Congreso”, alertó el interbloque.
Uno de los DNU polémicos es el 622/21, firmado una semana después de las PASO. Según la oposición, fue una maniobra para incorporar al cálculo de recursos corrientes del Presupuesto unos 400 mil millones de pesos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) girados por el FMI, eludiendo la normativa del Banco Central, con el fin de financiar el denominado “plan platita”.
También cuestionan las distintas ampliaciones presupuestarias dispuestas de manera discrecional. Por ejemplo, el DNU 489/21, que figura en el temario del jueves, amplió el Presupuesto en casi 710.000 millones de pesos para obras viales, jubilaciones, salarios estatales, compras de energía, ayudas al turismo y asistencia a empresas públicas.
Otro DNU cuestionado es el 138/21, que derogó el decreto del expresidente Mauricio Macri que permitía la expulsión rápida de extranjeros con antecedentes penales. El actual gobierno consideró que la decisión tomada en la gestión anterior violaba la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
En la agenda de la bicameral también se incluyeron los decretos que extendieron el aislamiento y el distanciamiento social por la pandemia. La oposición advierte que esas decisiones deberían haber pasado por el Congreso, que funcionó durante todo el año pasado a través del sistema virtual.
Regreso a la actividad
Mientras en el Senado todavía no hay agenda prevista, en Diputados se realizaron este martes cinco reuniones de comisión convocadas por el Frente de Todos con temarios abultados, que incluyeron proyectos sobre medioambiente, agricultura familiar y propiedad comunitaria indígena, entre otros temas.
Juntos por el Cambio participó en todas las reuniones e incluso acompañó con su firma algunos dictámenes, como el de un proyecto de reciclado de los neumáticos fuera de uso. Pero advirtió, a través de un comunicado, que se trata de “una agenda absolutamente alejada de las prioridades de los argentinos”.
“Una agenda de trabajo en el Congreso no puede excluir temas prioritarios y urgentes como la economía, la producción, la educación y la seguridad. Queremos un Congreso que se ocupe de los problemas de los argentinos, ese fue el mensaje y el mandato que recibimos de las urnas y que haremos respetar”, señalaron los diputados Negri, Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).
Agenda económica
En el mensaje grabado que se emitió el domingo una vez conocido el resultado electoral, Fernández anunció que en la primera semana de diciembre enviará un proyecto que explicite el “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”, que incluirá los “entendimientos” alcanzados con el FMI.
Paralelamente, en Diputados aguarda su tratamiento el Presupuesto 2022, enviado el 15 de septiembre. El Frente de Todos demora el debate a la espera de la suerte de las negociaciones con el FMI, y además deberá saldar diferencias internas en torno al proyecto elaborado por el ministro Martín Guzmán.
Otras leyes pendientes vinculadas a sectores productivos son las de agroindustria, hidrocarburos e industria automotriz. En materia medioambiental, Diputados está en pleno tratamiento de las leyes de gestión de envases y de neumáticos fuera de uso. También aguardan el envío de un proyecto anunciado por el Gobierno sobre movilidad sustentable.
Emergencia territorial indígena
Además de ampliar las sesiones ordinarias, el Ejecutivo prorrogará por decreto la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que prohíbe los desalojos de tierras ocupadas por comunidades originarias hasta que termine el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las mismas.
La Ley 26.160 fue sancionada a fines de 2006 por una vigencia de cuatro años y fue prorrogada tres veces (en 2009, 2013 y 2017). El Senado aprobó una nueva extensión hasta 2025 y el debate está ahora en Diputados, pero como la norma caduca el 23 de noviembre y no habría sesión antes de esa fecha, el Gobierno decidió prorrogarla por decreto.
