La oposición avanzó este martes contra Guillermo Francos en la Cámara de Diputados por incumplir la ley de emergencia en discapacidad. Pero hubo dictámenes divididos y posiciones encontradas entre los representantes cordobeses: Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), autor del primer proyecto, insistió en interpelar al jefe de Gabinete y evaluar si corresponde una moción de censura, mientras que Juan Brügge, del mismo bloque, se resistió a llegar tan lejos y Rodrigo De Loredo, jefe del bloque UCR, advirtió sobre maniobras “destituyentes”.
Francos quedó en el ojo de la tormenta porque, como jefe de Gabinete, es el responsable de reasignar partidas presupuestarias para cumplir con la actualización de las pensiones y las prestaciones por discapacidad, según lo establece el artículo 19 de la norma sancionada. Sin embargo, el Poder Ejecutivo devolvió la ley al Congreso bajo el argumento de que no tiene cómo financiarla.
En Diputados, la oposición puso primera. En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, Agost Carreño encabezó el dictamen mayoritario (29 firmas) junto a parte de Encuentro Federal y Unión por la Patria, para interpelar a Francos en el recinto y luego considerar una moción de censura. Si se aprueba con mayoría absoluta (129 votos), Francos sería removido del cargo.
En un segundo dictamen, de 7 firmas, Brügge y los radicales disidentes de Democracia para Siempre propusieron, en principio, una mera interpelación. “Si decide persistir en su acción, (el jefe de Gabinete) deberá asumir las consecuencias previstas en la Constitución Nacional”, dice el texto, en una redacción más ambigua.
Sea cual sea el camino final, la citación a Francos al recinto aún no tiene fecha, pero se descuenta que será después de las elecciones del 26 de octubre. El resultado que obtenga La Libertad Avanza en esos comicios y la evolución de la economía marcarán el clima político para que la oposición decida si avanzar o no contra Francos, y hasta qué punto. El ministro coordinador ya manifestó estar dispuesto a ir al recinto a dar explicaciones.
Los libertarios , parte del PRO y la radical cordobesa Soledad Carrizo presentaron un dictamen de rechazo, con 19 rúbricas. “No hubo una decisión personal del ministro de suspender la ley: acá hay un incumplimiento de la propia ley, que no establece cuáles son las formas de financiamiento”, indicó la oficialista Nadia Márquez, segunda del cordobés Gabriel Bornoroni. “No es un acto de desobediencia al Congreso, sino un llamado a que cumpla con las leyes vigentes”, agregó.
Cordobeses divididos
Agost Carreño, titular del PRO de Córdoba y candidato a renovar su banca, fue autor del primer proyecto de moción de censura, que fue acompañado por el schiarettista Carlos Gutiérrez. Poco después de la presentación, desde el oficialismo local le bajaron el tono a la ofensiva y, finalmente, Brügge ratificó este martes con su firma que el espacio referenciado en Martín Llaryora y Juan Schiaretti solo acompaña, en principio, la interpelación.
El democristiano cree que, si las respuestas de Francos no convencen, existe la opción de denunciarlo ante la Justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, Agost Carreño marcó la diferencia y consideró que los legisladores deben actuar. “No podemos no hacer nada como Congreso cuando no se cumple una ley”, consideró.
“Tenemos que interpelar a Francos, pedirle que explique los motivos y las razones (de la no aplicación de la ley) y en segundo lugar proceder al voto de confianza o no del Congreso sobre las respuestas que ha dado. Esa es la censura”, especificó Agost Carreño al abrir el plenario en la Sala 1 del Anexo.
El legislador admitió que “es verdad que Francos es una persona dialoguista, pero ese no es el principal valor que tenemos que esperar como Congreso de este funcionario, sino que cumpla la ley siempre”. En la misma línea se expresó la exlibertaria Marcela Pagano, autora de otro proyecto de moción de censura: “Lo que se tiene que dirimir es cuál es el rol del jefe de Gabinete. Los nombres se reemplazan, el tema son los antecedentes que quedan”.
Por el contrario, De Loredo advirtió que una moción de censura sería una medida “desproporcionada” y “destituyente”, y avisó a la oposición: “No se les ocurra volver a aplicar esta idea con otras leyes que han sido insistidas, como la de universidades y Garrahan, porque no van a hacer más que deteriorar la fragilidad del Gobierno”. Ambas normas están listas para ser promulgadas por el Poder Ejecutivo.
De igual modo, el radical cordobés le envió una advertencia al Gobierno: “Lo que hizo con esta chicana promulgatoria que queda a mitad de camino es grave desde el punto de vista institucional y le va a traer aparejadas consecuencias judiciales”.
Desde Unión por la Patria, la massista Sabrina Selva sostuvo que “este es un gobierno que se desestabiliza solo” porque “niegan la división de poderes, gobiernan de espaldas al Congreso y a la gente”, y remató: “No nos tiembla el pulso para pedir la moción de censura”.
