De viaje en Estados Unidos, Javier Milei recibirá una de las peores noticias desde que asumió como presidente de la Nación. En medio del escándalo que sacude al Gobierno por las supuestas coimas en la compra de medicamentos, la oposición se prepara para voltear el jueves en el Senado el veto a la emergencia en discapacidad. Los dos tercios de los votos están prácticamente garantizados y, de lograrse el objetivo, el presidente estará obligado a cumplir con la ley.
La sesión se definirá el miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria. La vicepresidenta Victoria Villarruel no tendrá margen para resistir, porque la oposición planea una sesión ordinaria y por lo tanto, según el criterio que ya se impuso, no necesita convocatoria. El kirchnerismo trabaja por estas horas para que el quórum no tambalee por la campaña electoral, ya que este domingo se eligen cargos provinciales en Buenos Aires.
El escenario está dado para que la ley sea ratificada por amplia mayoría: ya en la votación original, recibió 55 votos afirmativos (más de dos tercios) por parte de 33 senadores de Unión por la Patria; 9 de 13 de la UCR; 5 de 7 del PRO (incluido el cordobés Luis Juez); los dos del Frente de la Concordia Misionero; los dos de Por Santa Cruz; tres de Provincias Unidas (la cordobesa Alejandra Vigo, la chubutense Edith Terenzi y el correntino Carlos Espínola) y la tucumana Beatriz Ávila (Justicia Social).
La Libertad Avanza se había ausentado, junto a algunos aliados, para no convalidar aquella sesión. En caso de asistencia perfecta, el oficialismo necesita reunir 25 votos para blindar el veto. Apenas tiene seis propios, más una aliada incondicional, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, y uno circunstancial, el formoseño Francisco Paoltroni. El panorama es negro para el bloque liderado por el jujeño Ezequiel Atauche.
El contexto no puede ser peor para el Gobierno: los audios del extitular de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), Diego Spagnuolo, fueron apenas la punta del iceberg que desnudó los abultados contratos adjudicados a la droguería Suizo Argentina, señalada por el supuesto pago de sobornos.
La causa a manos del juez Sebastián Casanello avanza a paso firme y le da más motivos a la oposición para insistir con la ley. “Con lo del 3%, se terminó el relato”, sentenció el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, en alusión al porcentaje que habría recibido la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Mucho antes del escándalo, aliados libertarios empujaron para que el Gobierno ofreciera una salida a la crisis en discapacidad, desde un veto parcial hasta un aumento a los prestadores que fuera financiado con el dinero de las “pensiones mal otorgadas”. Pero no lo consiguieron. Así las cosas, el nomenclador de aranceles no se actualiza desde diciembre de 2024; ese mes se aumentó apenas un 0,5%.
Sin reacción alguna hasta el momento, el Gobierno parece dar por perdida la batalla en el Congreso. En la Casa Rosada no descartan ir por la judicialización, aunque la Constitución dice, en su artículo 83, que si una ley es ratificada por el Parlamento con dos tercios de los votos “pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación”. Por eso, es difícil que avance ese intento.
Si la oposición logra el objetivo, será la primera vez en 22 años que el Congreso rechaza un veto. La última vez que ocurrió fue en 2003, y se trató de un veto parcial (no total) sobre el Presupuesto de ese año. El gobierno de Milei registrará una nueva marca negativa, después de haber sido el primero en la historia al que se le rechazó un DNU (el que aumentó los fondos reservados para inteligencia).
Justamente para evitar que el presidente siga echando mano a los “decretazos”, la oposición también buscará aprobar en la posible sesión del jueves un proyecto para reformar la Ley de DNU. La iniciativa establece que los DNU deben tratarse en un plazo de 90 días, o de lo contrario caerán. Además, para ratificar un DNU será necesario el aval de ambas cámaras, mientras que para rechazarlo bastará con el voto negativo de una sola. A la inversa de lo que sucede hoy.
El tema no es nuevo: en Diputados, la oposición ya intentó avanzar con una iniciativa idéntica el año pasado, pero no pudo por la resistencia de los gobernadores. En el oficialismo advierten que el objetivo es aprovecharse de un gobierno con minoría parlamentaria. Una situación que, aun con un gran resultado electoral, no cambiará radicalmente después del 10 de diciembre.
Diputados
En la Cámara baja, la oposición vuelve a la carga con las supuestas coimas en discapacidad. El martes se dictaminarán en las comisiones de Salud y de Discapacidad varios pedidos de informes y de interpelaciones a funcionarios, ya que la semana pasada fueron citados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, pero no fueron.
Hay tres pedidos de interpelación, presentados por Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y Christian Castillo (Frente de Izquierda). En los tres aparece el ministro Lugones, que está contra las cuerdas. Selva y Castillo también quieren citar a Karina, mientras que Agost Carreño sostiene que la Constitución no lo permite, y pidió por Guillermo Francos. El jefe de Gabinete se presentó la semana pasada en una sesión informativa, pero dejó pocas precisiones.
La actividad fuerte de la semana se completa con la comisión investigadora $LIBRA, que vuelve a funcionar después de la designación de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) como presidente. Se reunirán este martes para aprobar un reglamento y avanzar con más medidas de prueba. Quieren recoger más testimonios (hay presión para volver a citar a Karina Milei) y enviar oficios a la Justicia para no depender de los avances de la causa en Estados Unidos. La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR impugnaron el proceso y no participarán.
