“Decidimos seguir en el Frente de Todos, cuando Cristina (Kirchner) se comprometió a que habrá una asistencia para indigentes, antes de fin de año”, aseguró Juan Grabois, referente nacional del Frente Patria Grande, la fuerza política que la semana pasada había amenazado con dejar el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.
Según comentó el propio dirigente social, el jueves pasado, una horas antes de que fuera atacada en la puerta de su domicilio por el ahora detenido Fernando Sabag Montiel, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le comunicó que había acordado con el ministro de Economía, Sergio Massa, que una porción de los recursos que generará la liquidación de soja se destinará a una asistencia “extraordinaria” para indigentes.
El presidente Alberto Fernández firmó ayer el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dispone que parte de la recaudación del plan que impulsó se destinará como “refuerzo de ingresos” para la asistencia de sectores más vulnerables.
“Una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”, señala el DNU presidencial, que apunta a satisfacer el reclamo que Grabois venía haciendo para que parte de la recaudación de la liquidación de la soja vaya a las personas que no tienen ingresos declarados, ni reciban un plan asistencial.
Según la base de datos de la Anses, que se actualizó con el pago de los Ingresos Familiares de Emergencia (IFE) durante la pandemia, en el país hay alrededor de 2,1 millones de personas que no tienen ingresos declarados y que no reciben ninguna asistencia del Estado.
El aporte será equivalente a una canasta básica de alimentos para una persona mayor, que el Indec hoy estima en 16 mil pesos.
Los números indican que este “refuerzo de ingresos” se abonará en tres cuotas: octubre, noviembre y diciembre.
Serán tres pagos que al Gobierno le generará un costo fiscal de 33.600 millones de pesos en cada mes que se pegue. Es decir, un total de 100.800 millones de pesos contabilizando los tres aportes.
Son casi 70 millones de dólares (al valor oficial) que no irán a engrosar las reservas del Banco Central, como planificó Massa, en esta minidevaluación por este mes de septiembre, para que el sector agropecuario comercialice parte la cosecha de soja que esta almacenada en silobolsas o entregada a los acopiadores.
Del universo de 2,1 millones de personas que recibirán esta asistencia, entre un 6% y un 8% viven en Córdoba, según las estadísticas que maneja la Anses.
Por lo tanto, más de 150 mil cordobeses recibirán esta asistencia de 16 mil pesos mensuales, en el último trimestre del año.
Para Córdoba significarán unos 2.400 millones de pesos que se volcarán al consumo, especialmente de alimentos, en los últimos tres meses del año.
Aún no se determinó la modalidad de la inscripción para esta nueva asistencia, pero todo indica que se utilizará el padrón y el mecanismo de depósito bancario que se utilizó en los pagos del IFE.
El organismo nacional cotejará datos propios con los de las provincias y municipios, porque los beneficiarios de este nuevo aporte no deberían tener ingresos declarados y ni recibir otra asistencia de los distintos Estados.
Constanza “Coti” San Pedro es la referente local del Frente Patria Grande. La dirigente cordobesa valoró la iniciativa del Gobierno nacional, pero la calificó de “insuficiente”.
“Desde nuestro espacio sostenemos que debe haber un salario básico universal para las personas que están fuera del sistema. En un país rico como el nuestro, es inmoral que haya gente que pase hambre. Vamos a insistir con nuestra propuesta. Este asistencia es insuficiente, pero bienvenida sea”, manifestó San Pedro a La Voz.
Para De Pedro, este nueva asistencia no significa que su espacio abandone el reclamo de ir por un salario básico y universal.
“La lucha continúa. El mayor problema del país pasa por la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza, que está en manos de unos pocos. El salario básico tampoco es una solución definitiva, pero sería una cuota de alivio para mucha gente”, expresó la dirigente, quien suele recibir a Grabois en Córdoba.
En los últimos meses, el referente nacional de Patria Grande venía presionando al Gobierno nacional, con críticas y movidas que lo alejaban del oficialismo.
En junio pasado, Grabois participó de una asamblea con piqueteros de sectores de izquierda, que son muy críticos de la Casa Rosada.
El dirigente compartió algunas actividades con Eduardo Belliboni, el referente nacional del Polo Obrero, la agrupación piquetera que lideró las últimas marchas de protestas y acampes en contra del Gobierno nacional.
Ahora, con este compromiso de la Casa Rosada de impulsar una nueva asistencia social, Grabois logró su objetivo, aunque “parcial”, aclaró.
Compromiso
En una entrevista a Infobae, Grabois reconoció que el martes de la semana pasada había anunciado que sus tres diputados se iban del Frente de Todos.
Dos días después, recibió de parte de un intermediario el compromiso de la vicepresidenta de la Nación que habría una asistencia para los sectores más vulnerables, antes de fin de año.
“Fue en la mañana del jueves pasado, cuando por la noche ocurrió el ataque contra Cristina. Ante ese compromiso, decidimos seguir en el Frente de Todos”, reconoció el referente social, que tiene una relación directa con Cristina Kirchner, más allá de sus constantes críticas a la gestión del presidente Alberto Fernández.
Grabois había amenazado con irse definitivamente del Frente de Todos. Esta decisión significaba un duro golpe para oficialismo en la Cámara de Diputados.
El Frente de Todos tiene 118 diputados. Si se iban los tres que responden a Grabois, la bancada quedaba con 115, uno menos que Juntos por el Cambio, que sumando todos los interbloques llega a 116 escaños.
En su drástico anuncio de abandonar el oficialismo, el líder del Frente Patria Grande no especificó que armaría un interbloque para mantenerse dentro de la bancada oficialista, o si directamente armaba un bloque independiente.
El Frente Patria Grande tiene tres diputados nacionales: el economista Itai Hagman, un exaliado de Claudio Lozano, que presentó el proyecto de ley del salario básico universal; Natalia Zaracho, militante que proviene la actividad de recolección de cartón; y Federico Fagioli, proveniente de un barrio popular que nació de una toma.
Según confirmó Grabois, los diputados se mantendrán dentro del oficialismo. Aunque el dirigente y abogado ratificó que su espacio insistirá con el proyecto de salario básico universal para todos los desocupados, equivalente a la mitad de un salario, mínimo, vital y móvil, que hoy es de 51.200 pesos.
Distintas fuentes del Gobierno nacional han manifestado que en este momento “es imposible” cubrir el costo fiscal de un salario universal de más de 25 mil pesos para un universo de más de seis millones de personas.
