Con una caída salarial real del sueldo docente universitario de 8,3 por ciento en el primer semestre de Javier Milei al frente del Estado nacional, la comunidad universitaria se prepara para un segundo semestre de alta conflictividad, que comenzó con la anulación de un turno de examen y un paro en la jornada de ayer, y continuará la semana próxima, cuando el paro se extienda los cinco días, tanto en las carreras de grado como en los dos institutos preuniversitarios (Monserrat y Manuel Belgrano).
Aunque el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello informó que el incremento de la partida salarial a julio fue de 71 por ciento, éste es un porcentaje nominal que no contempla el efecto de la inflación sobre el poder de compra, que entre diciembre y julio fue del 86,5 por ciento.
Al pasar por la zaranda inflacionaria el incremento salarial, arroja que hubo una caída del 8,3% en el poder adquisitivo.
En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, el salario testigo –docente auxiliar full time, es decir con dedicación exclusiva a la docencia– es de 650 mil pesos de bolsillo, la mitad de lo que requiere una familia para no estar por debajo de la línea de la pobreza.
Una semana de paro
La mesa de coordinación que integran la Asociación de Docentes e Investigadores de Córdoba (Adiuc), la gremial San Martín (no docentes) y la Federación Universitaria de Córdoba lanzó para esta semana una serie de acciones para visibilizar el conflicto que amenaza el año lectivo.
La semana que viene el conflicto escalará en todas las universidades. En el caso de la UNC, el paro será durante toda la semana, y habrá distintas actividades en cada una de las facultades.
“Enfrentamos una situación inédita. No sólo por la caída del salario a niveles peores que los de 2001, sino porque el destrato de parte del Gobierno nacional es de absoluto desprecio por las universidades públicas. Claramente, el Ministerio de Capital Humano no sabe nada del funcionamiento del sistema universitario y científico argentino, lo que genera un riesgo inminente”, dice Leticia Medina, secretaria adjunta de Adiuc.
Salarios del siglo pasado
En ese sentido, los datos oficiales indican que un docente auxiliar dedicación simple tiene un salario de 225.760 pesos, un monto que pone en riesgo su continuidad en el sistema universitario, sobre todo en aquellos profesionales jóvenes que egresaron de carreras con alta demanda laboral, como Ciencias Químicas o Ciencias de la Computación.
Medina indicó que no sólo está suspendida la paritaria, sino que “no hay ninguna vía real que lleve a una mesa de negociación”. Por eso la apuesta es una marcha que sacuda al Gobierno nacional, como fue la de abril, cuando Milei debió volver sobre sus pasos y recomponer las partidas para el funcionamiento universitario. Esos fondos no incluyen el ítem salarial, que constituyen la base del nuevo conflicto.
De acuerdo con el cálculo de Adiuc, para recuperar el poder adquisitivo de noviembre del año pasado, los salarios docentes deberían aumentar 41 por ciento en julio. El incremento dispuesto por la Nación fue de sólo 7,5 por ciento, “consolidando un deterioro inédito por su magnitud y celeridad”.
El deterioro también afecta al sector no docente. La gremial San Martín destacó en un comunicado que “por más que el Gobierno nacional insista en desacreditar las demandas (salariales) a través de la manipulación de los datos buscando desgastar al sector trabajador de las universidades nacionales frente al resto de la sociedad, la realidad indica que la pérdida salarial es la más grande de la historia”.
En ese marco, coincidió Medina, de Adiuc, quien opinó que desde el Gobierno de Milei se ejerce una “política de hostigamiento y descalificación hacia la comunidad universitaria al ignorar dar respuestas y sembrar datos falsos y mentiras”.
En cuanto al gobierno universitario, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba decretó la emergencia salarial, medida que se replicó en la Universidad Nacional de Río Cuarto y que hoy haría propia la Universidad Nacional de Villa María. Los consejos superiores están reclamando, además, por la disminución de fondos públicos para la investigación.
