Los pasivos aparecidos en un concurso de acreedores presentado el 11 de febrero pasado por una empresa satélite del Grupo Vicentin reabrieron en el ambiente agroexportador viejas sospechas sobre supuestas connivencias entre funcionarios de línea del Banco Central –quizás con algún respaldo político– y actores de ese mercado relacionados con la malograda megacompañía aceitera de Santa Fe.
En el informe de evolución de Vicentin correspondiente al período 1º al 28 de febrero pasado y conocido ayer lunes, se recuerda que el 24 de ese mes se decretó la apertura del concurso preventivo de la firma Díaz & Forti (D&F).
"En el marco del proceso concursal, D&F podría solicitar la continuidad de los contratos a fazón suscriptos con Vicentin a través de los cuales tiene derecho a una molienda del 70% de la capacidad instalada, que se encuentra a su vez garantizada por una cláusula de take or pay", indica esa rendición efectuada por los síndicos de Vicentin.
Cuando se produce la gran crisis de Vicentin, Díaz & Forti empieza a crecer drásticamente con los envíos al exterior, inclusive de mercadería que en los años previos no operaba.
Y agrega ese estado de situación: “A la fecha, D&F continúa a la espera de la regularización de sus habilitaciones y haciendo sus mayores esfuerzos para continuar con los contratos de fazón”.
Pero lo llamativo es que esta empresa tan importante ahora para Vicentin (puede usar hasta el 70% de la capacidad instalada) era en realidad muy pequeña un año atrás. Según sus propias declaraciones juradas entre abril de 2018 y junio de 2019, exportó por apenas 56 mil toneladas entre distintos productos, como maíz, garbanzos, trigo y girasol.
Cae uno, crece otro
Casi al mismo tiempo en el que se produce el derrumbe de Vicentin, D&F toma vuelo y pasa a vender mercadería al mundo por 700 millones de dólares a diciembre de 2020, con predominancia ahora en soja, aceite de soja, maíz y subproductos. Y el volumen salta a casi 2,6 millones de toneladas en 10 meses.
Esa evolución de la operatoria podría haber sido posible, dicen en la industria, merced al importante vínculo entre el grupo Olio, dueño de D&F, y altos ejecutivos de Vicentin SA.
La cuestión podría haber sido un mero tema de vinculación comercial, de no ser porque, tras este proceso de fuerte crecimiento exportador sin Vicentin en la cancha, D&F se presentó en concurso.
A comienzos de diciembre, el Banco Central le inhabilitó los pedidos de despacho y embarques de grano (medida que, como se ve, se mantiene) y la empresa fue excluida del Registro de Operadores del Mercado de Granos (Ruca). El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca aclaró que esta sanción es consecuencia de la aplicada por la autoridad monetaria.
Imposibilitada de operar, en febrero D&F cedió parte de su capacidad de molienda dentro de Vicentin a otras firmas del sector, según menciona el informe conocido ayer.
¿Y los 15 días?
Pero lo que no se entiende en el mercado es por qué el BCRA demoró tanto la decisión en obligar a D&F a liquidar las divisas cuando, por ejemplo, para la exportación de harina de soja, aceite de soja, poroto de soja y maíz la normativa establece un plazo máximo de 15 desde la fecha de embarque para hacerlo.
Los plazos para la liquidación están claramente expresados en la circular 6.770 del Banco Central del 1º de septiembre de 2019.
Con Vicentin en la lona, desde que comenzó la campaña agrícola en marzo del año pasado, “esa empresa estuvo muy activa: pasó de ser un jugador desconocido a colocar declaraciones juradas de ventas al exterior en el Ministerio de Agricultura por volúmenes extraordinarios para su trayectoria”, apuntaron fuentes del mercado.
¿Desde dónde realizó toda esta operatoria? “Usó los puertos y las fábricas de Vicentin”, agregan en el sector. Casi su sombra.
Pero lo más grave es que D&F estaba obligada a ingresar los dólares por sus ventas externas a los 15 días corridos de poner la mercadería en los barcos. A lo largo de todo 2020, no ingresó ni un solo dólar y el BCRA recién lo hizo suspender del registro en diciembre pasado.
Resultado, hoy el Estado deberá ir a reclamar los 700 millones de dólares que la firma le adeuda por derechos de exportación junto con la masa de acreedores de una empresa que, sin los embarques mencionados y con la operatoria clausurada, sigue siendo muy chica como para poder responder.
