Tras la reciente ratificación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema en la Causa Vialidad, la Justicia argentina se prepara para una embestida patrimonial que busca recuperar los fondos defraudados al Estado.
En un movimiento decisivo, se buscará la subasta de más de 20 inmuebles y así disponer de millones de dólares vinculados a la expresidenta y su familia, publica TN.
Según trascendió, el fiscal Diego Luciani solicitará formalmente que los condenados, incluyendo a Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez, devuelvan los fondos defraudados al Estado.
Esta solicitud viene acompañada de una advertencia contundente: se iniciará la ejecución de sus patrimonios si no cumplen con la restitución en un plazo de 10 días hábiles.
Casi $ 85 mil millones
La cifra en cuestión es monumental: la causa señala una defraudación al Estado de aproximadamente 85 mil millones de pesos por parte de una banda liderada por Báez, con una parte de ese monto imputada directamente a la exmandataria.
A modo de comparación, este monto es ocho veces superior a los 11 mil millones de pesos que una asociación civil, supuestamente creada por un exdirigente de La Cámpora, recibió del Estado para obras inconclusas.
Qué pasaría si Cristina y los acusados no restituyen el dinero
En caso de que Cristina Kirchner no restituya el dinero, no solo se embargarán sus propiedades, sino también las de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a quienes la expresidenta habría cedido parte de sus bienes.
Entre los activos que podrían salir a remate se incluyen:
- 27 propiedades inmuebles.
- Cinco cocheras ubicadas en el exclusivo edificio Madero Center.
- Dos empresas vinculadas al grupo familiar: Hotesur y Los Sauces, que poseen hoteles y otras propiedades.
- 4,6 millones de dólares secuestrados, pertenecientes a Florencia Kirchner y retenidos en Hotesur.
- Otro millón de dólares en una cuenta bancaria a nombre de Florencia Kirchner.
Lázaro Báez, el empresario condenado en la misma causa, también enfrentará la ejecución de al menos 60 propiedades, valuadas principalmente en el sur del país.
El contexto del fraude y la inacción previa
La dimensión del esquema de corrupción se evidencia en la acusación judicial: el 50% de las obras viales adjudicadas irregularmente a Báez fueron abandonadas, con un avance promedio que oscilaba entre el 16% y el 36%, a pesar de que el empresario cobró la totalidad de esos contratos.
El Estado exige que los condenados respondan con sus patrimonios para resarcir el daño a las arcas públicas, una demanda que, según la información, permaneció en pausa durante cuatro años bajo la presidencia de Alberto Fernández.
