Cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía que creó el kirchnerismo Energía Argentina SA (Enarsa) fueron condenados por fraude tras un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad en los hechos a cambio de penas de entre dos años y dos años y medio de prisión en suspenso.
El fallo fue dictado por el juez federal Néstor Costabel integrando el Tribunal Oral Federal N° 2 que homologó el juicio abreviado contra Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios por defraudación por administración fraudulenta, publicó el diario La Nación.
El mismo fallo declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó a Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, al ser acusados de violación de los deberes de funcionarios públicos, que tiene una menor escala penal. Se llegó al juicio abreviado merced a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía a cargo de Diego Luciani.
Aunque luego uno de los condenados desconoció el acuerdo y buscó apelar la condena ante la Cámara de Casación, pero le rechazaron el recurso intentado.
Las maniobras de los delincuentes
Los acusados contrataron a la empresa P&D Control Group SRL para la inspección de plantas refinadoras, pero la firma estaba constituida por Paula Gabriela Merlo, esposa de Claudio Miguel Fernández, uno de los condenados. El concurso privado de precios COMB. 03/2010 culminó con la adjudicación arbitraria a P&D Control Group por $ 1.080.000 de 2010, que excedió las condiciones de contratación y eludió el proceso competitivo.
El principal acusado en este juicio fue el extitular de Enarsa, Exequiel Espinosa, quien falleció el 30 de septiembre del años pasado por una afección pulmonar en la clínica de Córdoba donde estaba internado. Espinoza era en aquel momento un hombre de confianza de Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner.
La acusación giró en torno a maniobras irregulares en el proceso de contratación efectuado por Enarsa en 2010. La Fiscalía imputó a varios funcionarios por haberse interesado directamente en la adjudicación del servicio de inspección de plantas refinadoras a la empresa P&D Control Se comprobó que Claudio Miguel Fernández se interesó en la contratación con P&D Control, una empresa constituida por su esposa, Paula Gabriela Merlo.
El juez Costabel, en su sentencia, resolvió condenar a Fernández a dos años y seis meses de prisión en suspenso y al resto de los acusados, Tagle, teso y Palacios a dos años.
Los consideró coautores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal consideró que todos actuaron de manera coordinada desde el interior de Enarsa para concretar la contratación irregular.
