“La había amenazado que le iba a cortar los dedos si no se adhería al paro”. De forma contundente, la exjefa de la farmacia de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad contó el padecimiento que sufrió otra empleada y varios trabajadores de parte de una delegada gremial que fue condenada a pagar más de $ 8 millones por daños y perjuicios.
La jueza civil de 38ª Nominación de Córdoba, Nadia Walther, sentenció a Mariela Flavia Lozano por los constantes y severos maltratos ejercidos contra dos compañeras de trabajo, que terminaron demandándola.
Las trabajadoras –con el patrocinio del estudio jurídico de Bergoglio y Varesini– relataron que llevaban años como empleadas del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y Seguridad (Iosfa) en Alvear 164. Trabajaban en atención al público y auditoría, respectivamente, en un ambiente “tranquilo”.
“Ya vas a ver lo que te va a pasar”
Pero denunciaron que a partir de la elección de Lozano como delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en noviembre de 2021, la situación se volvió un calvario por su actitud patoteril. Indicaron que las intimidaba y perseguía, vociferando que no se imaginaban “lo que es capaz de hacer” si no le obedecían.
Relataron que al mes de haber asumido como delegada, convocó a una asamblea interna. Cuando ellas le manifestaron que no iban a participar, dijeron que Lozano se enfureció y amenazó a una de ellas con “cortarle los dedos” si no participaban.
El episodio fue corroborado por la exadministradora de la farmacia. Declaró que una de las denunciantes ya se había quejado porque Lozano le había dicho que le iba a “cortar los dedos si no se adhería al paro”. Los reclamos que recibía como jefa contra Lozano eran reiterados, desde las farmacéuticas, el personal administrativo y las propias demandantes.
“La ha visto actuar (a Lozano). Cuando no logra lo que se propone es una persona insistente, que levanta la voz, que denigra a otras personas, cuestiona la autoridad y les dice: ‘Ya vas a ver lo que te va a pasar’”, dijo. Sobre ese punto mencionó que Lozano llegó a cuestionar su autoridad, al sostener que no había un rango jerárquico en la farmacia cuando sí lo había.
“Cuando no lograba su objetivo agarraba el teléfono y decía: ‘Aníbal’ (en referencia al jefe de Recursos Humanos en Buenos Aires), como que iba a hablar con el jefe de Recursos Humanos, como un acto amenazador”, indicó. Luego renunció porque dijo que se sentía acosada y maltratada por Lozano y por integrantes de ATE.
Una farmacéutica del Iosfa hundió a Lozano. Dijo que Lozano la amenazó para que participara de una asamblea: “‘No sabés de que lo que soy capaz. No sabés lo que te va a pasar’”. Denunció que llegó, incluso, a filmar y grabar a los demás compañeros (material que fue subido al Facebook de ATE a manera de escrache) y a perseguirlos, simulando que hablaba con alguien de importancia y vociferando públicamente “se creen que se la van a llevar fácil”.
“Era una persecución constante. Sentías que te estaban amenazando si no se hacías lo que ella decía o pensaba”, dijo.
De acuerdo con el testimonio de otro empleado, cuando una de las denunciantes le dijo a Lozano que no iba a participar de un paro, esta “le hizo la seña que le iba a cortar la cabeza”. También contó que Lozano controlaba permanentemente a esa empleada, tanto en el ingreso como en el egreso de la farmacia.
Qué dijo la exdelegada de ATE
Lozano negó todo. Remarcó que nunca tuvo un reproche en su desempeño y que su relación con sus compañeros era excelente, al punto que la habían elegido como delegada. Dijo que no era de elevar la voz ni, mucho menos, exigir a los demás que hicieran cosas contra su voluntad. Y recordó que la libertad sindical estribaba en la posibilidad de adherirse o no a una asamblea o a un paro.
Vinculó la demanda en su contra a un coronel retirado, superior jerárquico del Iosfa, que presuntamente buscaba perseguir a los representantes sindical para acallar de forma autoritaria los conflictos laborales.
Al respecto consideró que esas circunstancias fueron el detonante para el armado de una maniobra perversa, manipuladora y autoritaria pergeñada por el coronel (dijo que fue apartado de su puesto por una denuncia de género) que influenció en las dos demandantes. Contó que una de sus denunciantes la había acusado a ella ante la Oficina de Género del Iosfa, pero que la denuncia había sido desestimada.
En cambio, la jueza Walther sostuvo que se probó que Lozano había maltratado a las demandantes y a los demás empleados: “Es que no puede desconocerse que la violencia, corroborada mediante las testimoniales, se llevó a cabo en el espacio laboral de la farmacia de Iosfa, por lo que las personas más idóneas para dar fe de esta cuestión eran, precisamente, sus compañeros”.
“Cabe remarcar la coincidencia de los testigos respecto a que, previo al ingreso de Lozano a la farmacia, el ámbito de trabajo era normal, tranquilo y desprovisto de conflictos. Los testigos son contestes en describir las actitudes de hostigamiento de la demandada hacia las actoras y el resto de sus compañeros”, agregó. El hostigamiento, según la magistrada, incluyó maltrato, acoso, amenazas y falta de respeto.
Lozano ofreció tres testigos, aunque la jueza dijo que no pudieron desacreditar las pruebas. “Las testimoniales, la denuncia de violencia laboral y de género en contra (del coronel) y el desempeño en la actividad gremial de la demandada no logran desacreditar lo que se ha probado: el maltrato laboral de la demandada contra las actoras, actuando con violencia e intimidación”, remarcó.
Entre los testigos ofrecidos por Lozano estuvo el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani. El sindicalista solo habló de los presuntos “aprietes” del coronel para que no hicieran asambleas o paro, pero negó saber de algún hecho de violencia de Lozano hacia sus compañeras. Aclaró, sin embargo, que el que no tuviera conocimiento, no significaba que los hechos no hubieran ocurrido.
La magistrada resaltó que si bien Lozano se había referido a la denuncia de maltrato laboral, violencia de género y discriminación gremial de parte presuntamente del coronel, recordó que eso no estaba en discusión ni tampoco formaba parte de la causa.
“Esta cuestión no desacredita los hechos denunciados, los que se encuentran probados (…). No cambia la cuestión respecto al actuar violento e intimidatorio de Lozano con sus compañeras de trabajo”, enfatizó. Y aclaró que no se encontraba comprobado que las denunciantes hubieran entablado la demanda “como parte de una maniobra persecutoria” contra Lozano.
El perito psicólogo concluyó que el hostigamiento de Lozano afectó de forma severa la parte emocional de las denunciantes. “La conducta asumida por la demandada no encuadra en los parámetros del debido respeto a la dignidad de los trabajadores, resultando contraria a los principios de solidaridad, colaboración y buena fe, que deben imperar en una comunidad de trabajo”, sostuvo la jueza.
Consideró que el “actuar violento e intimidatorio” de Lozano generó un daño en las demandantes. La condenó a pagarles a cada una $ 4,1 millones por daños moral y emergentes.
ATE no tomará medidas
Consultado por La Voz sobre si el gremio tomará alguna medida en contra de Lozano, el secretario general de ATE Córdoba Giuliani dijo: “No, porque es una causa personal de ella”.
Respecto a si moralmente debe seguir siendo representante de los trabajadores, el líder sindical contestó: “Hasta que se le acabe el mandato es delegada. Estatutariamente es así”.
