La Justicia de Entre Ríos encontró culpable de corrupción al embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, y lo condenó este jueves a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos.
Después de que se conociera el fallo el funcionario confirmó su renuncia a través de Twitter.
El tribunal, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, encontró culpable por unanimidad al exgobernador peronista (2007-2015) de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.
Durante la audiencia de este jueves, los magistrados leyeron el adelanto del veredicto, en el que analizaron el accionar de Urribarri en el período comprendido entre 2010 y 2015.
Por qué sentenciaron a Urribarri
La causa, titulada con el apellido del exgobernador entrerriano, también juzgó al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos condenados a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A Aguilera -cuñado de Urribari-se lo acusó por ser funcionario público y al mismo tiempo, el dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público.
Otras 11 personas también fueron investigadas por diversas irregularidades, en total 14 procesados. De este total, nueve fueron sentenciadas y el resto absueltas.
Justamente, el proceso judicial tuvo la particularidad de concentrar diversos hechos, pero que todos tuvieron en común que ocurrieron durante la gestión de Urribarri. Los delitos fueron identificados por títulos como “El sueño entrerriano”, que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o “Causa del Mercosur”, que investigó las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización de la cumbre en Paraná en 2014.
Todas las causas tuvieron como común denominador que parte de los fondos públicos terminaban financiando la campaña política del exgobernador.
Restan por conocer los fundamentos de la sentencia, pero por lo que anticipó el tribunal, los jueces coincidieron con la fiscalía cuando afirmó que durante los debates quedaron claros los vínculos que desviaban fondos públicos para la promoción política de Urribarri.
Si el exgobernador quiere evitar la cárcel, deberá apelar el fallo ante la Cámara de Casación provincial.
