En una resolución de alto impacto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó este jueves el procesamiento (sin prisión preventiva) de cuatro apoderados partidarios: Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, acusados todos de orquestar un esquema de fraude contra la administración pública utilizando el sistema de financiación electoral.
El fallo ratifica la decisión de la Justicia en primera instancia, al sostener que existe un caudal probatorio suficiente para estimar la existencia de un delito y la participación de los imputados.
La maniobra central consistió en la simulación de competencia electoral mediante la presentación de listas de precandidatos con firmas falsas, personas que desconocían su postulación o incluso fallecidas, todo con el objetivo final de acceder de manera ilegítima a los fondos públicos destinados al financiamiento de la campaña y a la impresión de boletas.
El sistema democrático exige que las agrupaciones rindan cuentas a la Nación, lo cual deriva del principio de publicidad de los actos de gobierno. La Justicia Nacional Electoral tiene la misión de asegurar la voluntad popular, y esto incluye velar por la transparencia y la legalidad en la conformación de las listas.
En este marco, la Cámara destacó que el hecho de que los partidos reciban fondos del presupuesto Nacional justifica la existencia de controles estrictos. Las maniobras investigadas, al utilizar listas y órganos partidarios simulados no solo buscaron defraudar al erario público, sino que también “desdibujaron y tergiversaron los más elementales valores, principios y derechos del régimen representativo”.
Los hechos
La investigación se inició en julio de 2023, en el contexto del cronograma electoral de las Paso. El juzgado federal con competencia electoral detectó una serie de irregularidades manifiestas en las listas presentadas por cuatro agrupaciones: “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven”, “Encuentro Republicano Federal” y “Esperanza del Pueblo”.
Vale recordar que “Proyecto Joven” también presentó listas en Córdoba. Fueron cuatro en total y ninguna pasó las primarias. Entre sus candidatos, estaban el exfutbolista Gustavo “el Tano” Spallina y el presentador Armando Osores.
En el caso de las imputaciones - todas en Buenos Aires- la irregularidad más grave fue la inclusión de personas que fallecidas en las nóminas de precandidatos. Además, al citar a declarar a los postulantes, se constató que numerosas personas desconocían haber sido incluidas en las listas y en muchos casos, ni siquiera conocían la existencia del partido político que los postulaba.
Para dimensionar: según consta en la causa, de un relevamiento de 228 precandidaturas, 170 no fueron ratificadas por las personas supuestamente postuladas.
Entre los casos más notorios figuraron la inclusión de Hugo Thostrup (fallecido en 2015) en Encuentro Republicano Federal, Fabián Jiménez (fallecido en 2021) en Justicia y Dignidad Patriótica, y Liz Monzón (fallecida en abril de 2023) en Proyecto Joven.
Adicionalmente, los supuestos integrantes de las juntas electorales partidarias negaron ante la Justicia haber conformado dichos órganos o haber aprobado las postulaciones.
La arquitectura del fraude
La motivación detrás de esta simulación era clara: acceder al millonario financiamiento electoral de parte del Estado. Un juez de primera instancia había valorado que, debido a la jurisprudencia de la Corte Suprema, “por cada lista interna que presenta una agrupación política, ésta multiplica el monto asignado para la impresión de boletas”.
Esta proliferación de listas internas (entre 3 y 5 por partido, sin una vocación real de competir) se convirtió en la llave para un “negocio multimillonario”.
Los montos asignados por la Dirección Nacional Electoral (DINE) a las agrupaciones involucradas fueron cuantiosos.
• “Proyecto Joven” recibió $ 352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas.
• “Justicia y Dignidad Patriótica”, $ 124.224.124,30.
Si bien “Esperanza del Pueblo” y “Encuentro Republicano Federal” no lograron cobrar el dinero asignado por haber sido rechazadas sus listas, la DINE había asignado a cada una montos que superaban los $ 80 millones.
El elemento que unió y centralizó las maniobras fue la imprenta DWP SRL, ubicada en la provincia de Santa Fe.
Los partidos que sí percibieron los fondos (“Justicia y Dignidad Patriótica” y “Proyecto Joven”) contrataron a esta imprenta, que, según las constancias, pertenecía a un socio (José Bonacci) y a la cónyuge del imputado Ernesto Habra.
El propio Habra admitió ser quien se había asociado con Bonacci, “seducido” por la capacidad de esta imprenta para realizar la compleja impresión de boletas.
La investigación concluyó que los recursos obtenidos eran direccionados a la impresión de boletas, sin reportar gastos en ningún otro rubro, simulando una contraprestación que no se cumplió.
Situación procesal de los imputados
La decisión de procesamiento se basa en la figura de defraudación a la administración pública en concurso ideal con “falsedad ideológica de documento público”.
1. Ernesto Habra: procesado como coautor por cuatro hechos (dos en grado de tentativa). Apoderado de Encuentro Republicano Federal, negó haber presentado listas para otros partidos y atribuyó gran parte de la acción a terceros. Sin embargo, el juez valoró la conjunción de elementos en su contra: formalizó la presentación de actas con irregularidades, tenía acceso a declaraciones juradas falsas, y su imprenta fue la elegida por los partidos involucrados, además de poseer documentación de los restantes partidos en su domicilio.
2. Sergio Medrano: procesado como coautor por los hechos vinculados a Justicia y Dignidad Patriótica. En su descargo, sostuvo que había puesto toda la gestión y administración del partido en manos de Habra, a quien le firmaba documentos y le dejaba libros y tokens digitales. No obstante, el juez encontró acreditada su participación efectiva, ya que fue quien presentó con su firma digital la resolución de la junta electoral con precandidaturas irregulares, y además, la lista incluía a personas de su entorno familiar y social (su mamá, tía, concuñado y hasta su mesoterapeuta).
3. Yamil Salerno: procesado como coautor por los hechos de “Proyecto Joven”. negó las imputaciones, pero la Cámara confirmó que 43 de 47 postulaciones relevadas fueron negadas por los declarantes. Al igual que Medrano, Salerno refirió que, ante los inconvenientes, Habra le decía: “Vos dame las listas (…) y el token (…) que te soluciono todo”. La existencia de precandidaturas repetidas con otros partidos y la documentación de Proyecto Joven hallada en la vivienda de Habra refuerzan la tesis de la connivencia.
4. Matías Burgos: procesado como coautor, pero por defraudación en grado de tentativa, ya que su partido (“Esperanza del Pueblo”) no cobró el dinero asignado. Burgos refirió no haber presentado la documentación a pesar de que su firma digital estaba inserta. La Cámara destacó que 47 candidaturas fueron desconocidas y que la nómina que presentó fue rechazada por defectos formales y la existencia de tres personas fallecidas. La conexión con Habra se demostró por la existencia de precandidatos repetidos y presentaciones idénticas entre su partido y Encuentro Republicano Federal.
Rechazo a las apelaciones
Las defensas de los imputados solicitaron la nulidad del procesamiento, alegando falta de pruebas, valoración parcializada de la evidencia, inobservancia del debido proceso y, en el caso de Habra, la solicitud de falta de mérito.
También cuestionaron las medidas cautelares por ser “desproporcionadas y arbitrarias”.
La Cámara rechazó categóricamente los argumentos de las defensas, señalando que estas se limitaron a una “mera disconformidad” con la resolución, sin lograr revertir el cuadro probatorio adverso. El tribunal confirmó que el juez de grado analizó pormenorizadamente el material probatorio, delimitando el grado de responsabilidad individual.
En cuanto a las medidas cautelares, la Cámara confirmó los embargos millonarios impuestos por el juez: 480.000.000 para Habra, 140.000.000 para Medrano, 370.000.000 para Salerno, y 50.000.000 para Burgos.
Estas sumas se justificaron en el tenor de los hechos, el daño causado a la administración pública, y el dinero erogado por el Estado, resultando una garantía económica suficiente para asegurar el cumplimiento de la pena pecuniaria y las costas.
Asimismo, se ratificó el congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de salida del país, aunque se señaló que las medidas de congelamiento fueron morigeradas posteriormente para permitir el cobro de haberes de Medrano y Salerno (empleados públicos).
La Cámara enfatizó que la plataforma fáctica configura un cuadro de indicios graves y concordantes, que hacen ajustadas a derecho estas medidas para evitar cualquier riesgo procesal y asegurar el decomiso de los bienes producto del delito.
