Las protestas en los hospitales públicos parecen anárquicas y sin liderazgos claros. Y frente a ellas, el Gobierno provincial tiene una estrategia, aunque de resultado incierto: apostar al desgaste de los reclamos acordando con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el gremio más cercano al Centro Cívico.
Que el gobernador Juan Schiaretti y sus funcionarios más cercanos tengan un plan no despeja la preocupación que hay en muchos oficialistas –entre ellos, Martín Llaryora, el proclamado candidato del PJ a suceder al mandatario– por el impacto político del conflicto en los umbrales de un año electoral.
Los funcionarios schiarettistas se niegan a hacer un revisionismo histórico. No ocultan el fastidio cuando se les recuerdan los conflictos con los docentes y en los hospitales que en el pasado lejano debió afrontar el entonces gobernador radical Ramón Bautista Mestre.
Para no pocos radicales, aquel enfrentamiento fue determinante para que el mandatario radical perdiera las elecciones en diciembre de 1998, ante el peronista José Manuel de la Sota.
Los schiarettistas dicen que se trata de otra realidad económica de la Provincia, y también política del actual gobernador. “La gestión del ‘Gringo’ (por Schiaretti) tiene una aprobación del 70%. No se pueden comparar los escenarios”, aseguró un legislador oficialista.
No deja de sorprender que en el Gobierno haya también una interpretación emotiva del conflicto, sin reparar en cuestiones económicas.
“Es el efecto emotivo que nos dejó la pandemia. Pegó muy fuerte en los equipos de salud, que ahora quieren recuperar lo que ellos creen que perdieron en muchos años”, analizó un funcionario provincial.
Argumentos del reclamo
Los referentes de los gremios Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), ATE y los autoconvocados tienen un argumento más concreto: “Cobrar menos que una canasta básica de alimentos, que es de 128 mil pesos, es ser pobres, que es la realidad de muchos trabajadores de los hospitales. Por eso salimos a las calles”. Esta definición –con matices– es en una de las pocas coincidencias entre gremialistas y manifestantes sin afiliación gremial, autodenominados autoconvocados, que parecen ser mayoría en los reclamos.
Hay voces peronistas, más tímidas y lejanas de la mesa de las decisiones que encabeza el gobernador, que advierten que un conflicto “anárquico” en un sector sensible como el de la salud no deja de ser una preocupación para un oficialismo que encara el desafío de ir por un séptimo mandato consecutivo en el poder provincial.
En el Centro Cívico, consideran que cuando los médicos cobren el 24% de aumento en los primeros días de diciembre, las protestas perderán fuerza.
Podría haber algunas mejoras para los profesionales, que no signifiquen romper los límites del acuerdo que ayer se firmó con el SEP.
Ningún funcionario lo va a admitir, pero en los próximos días habrá un seguimiento más intensivo de las protestas, presionando con descuentos de días y amenazas de sanciones más fuertes a profesionales y trabajadores que no tienen cobertura gremial.
Claro que un eventual endurecimiento del Gobierno también conlleva un riesgo: agudizar el conflicto.
