El histórico edificio de Tribunales I permanece vallado desde el miércoles. El gremio de los judiciales provinciales inició un inédito (por su extensión) paro de 72 horas, en reclamo por la equiparación salarial con la Justicia federal.
Se trata de un conflicto en el cual se discute una mejora salarial que tendría un costo fiscal para la gestión del gobernador Martín Llaryora de unos $ 1.500 millones mensuales.
Pero también involucra una interna gremial, el ofrecimiento de un mediador sorprendente y la preocupación del Colegio de Abogados de Córdoba. Todos condimentos que alimentan el clima conflictivo que atraviesa a los Tribunales provinciales.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj), el gremio que conduce Federico Cortelletti, reclama desde hace dos años la equiparación salarial con la Justicia federal.
Se trata de una conquista que consiguieron los jueces y funcionarios judiciales de Córdoba, que cobran, desde el año 2012, una equiparación salarial del 90% con sus pares federales.
En la Justicia provincial se da una paradoja. Los empleados no están “enganchados” con los salarios de pares federales, pero sí reciben los aumentos que decide la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la Justicia federal.
En este escenario, si bien el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no discute paritarias, ante los insistentes reclamos del gremio de los judiciales abrió una instancia de diálogo para la “reestructuración” del escalafón, que finalmente quedó en seis categorías, igual que la Justicia federal.
Según el TSJ, esta modificación del escalafón significó para los empleados comprendidos en los cambios un aumento –promedio– del 10%.
En el caso de la categoría más baja, el incremento superó el 16%. La recategorización benefició a más de cinco mil empleados de los Tribunales provinciales.
Por el nuevo escalafón, el Gobierno provincial deberá aportar unos $ 586 millones mensuales.
Se trató de una negociación que –dicen- manejó personalmente Luis Angulo, presidente del TSJ, con el gobernador Martín Llaryora. Para el Tribunal Superior, fue el último “esfuerzo” para mejorar los salarios de los agentes judiciales.
Mientras que, para el gremio, la reestructuración del escalafón fue un “paso importante” pero “no suficiente” para alcanzar la equiparación con los federales.
La eventual equiparación salarial con los Tribunales federales le significaría al Gobierno provincial un desembolso extra de alrededor de $ 1.500 millones mensuales, que se sumarían al costo fiscal de la recategorización.
Ante la negativa del TSJ de sentarse a discutir el enganche salarial con los federales, una propuesta que el martes pasado hizo el gremio, la respuesta fue el paro de 72 horas que comenzó el miércoles y finalizará este viernes.
Esta situación generó preocupación en el Colegio de Abogados de Córdoba. El titular de esa institución, Eduardo Bittar, pidió abrir una mesa de diálogo para resolver el conflicto.
“No podemos determinar cómo continuará esta historia, pero lo que sí vemos con claridad es que está en juego algo esencial: la función del servicio de justicia. Las partes deben sentarse a una mesa de diálogo. Esto no empieza ni termina ahora: está en juego la continuidad del servicio de justicia, del propio Poder Judicial, de los trabajadores y de la abogacía”, dijo Bittar, remarcando que el conflicto en los Tribunales genera muchos problemas en la actividad profesional de abogadas y abogados.
Interna gremial
Este reclamo salarial se produce en un contexto de una interna sindical. Dos meses atrás, cuando comenzaron las protestas, un grupo que se autodefine como autoconvocados comenzó a presionar al gremio para impulsar medidas de fuerza más contundentes, con el objetivo de agudizar el conflicto para ser escuchados.
Hubo asambleas en las cuales los delegados y el propio titular del gremio recibieron cuestionamientos de parte de los autoconvocados.
Cortelletti, un gremialista peronista experimentado, convocó a estos sectores críticos de la actividad gremial y armó una “mesa de lucha”. Se impulsaron ruidosas asambleas en Tribunales, y ahora cinco días de paro, en las últimas dos semanas.
Un momento de quiebre del conflicto ocurrió el 24 de abril pasado, cuando se produjo una toma simbólica al histórico Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I. La mayoría eran autoconvocados. Esto generó una áspera reacción del Tribunal Superior de Justicia.
Luego de aquella toma, y de varias asambleas en los pasillos de Tribunales, el TSJ difundió acordadas del pasado, pero que están vigentes, recordando a los empleados que estaba prohibido hacer asambleas en los lugares de trabajo, y que se descontarían los días de paro.
Esta comunicación se hizo en el mismo momento en que se informó sobre los cambios en el escalafón, lo que generó hasta ruido interno en el propio TSJ.
Uno de los vocales, Sebastián López Peña, no ocultó su rechazo por “extemporáneo” al recordatorio del descuento de los días de no trabajo, en el mismo momento en que se daba “la buena noticia” de la recategorización.
Mediación, y abogados preocupados
Si algo le faltaba a este conflicto en los Tribunales provinciales, fue el pedido de 842 empleados, de los que se identifican como autoconvovados, que fueron a solicitarle al titular del gremio de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Juan Tripputi, que “mediara” en el conflicto.
Tripputi, titular de uno de los gremios de la Justicia federal en Córdoba, que responde al dirigente nacional Julio Piumatto, aceptó el pedido y envió una nota al Tribunal Superior de Córdoba para actuar como “mediador”.
“No desconozco la representación del gremio de los judiciales provinciales, pero como dirigente gremial tengo la responsabilidad de escuchar y atender el pedido que me hicieron 842 trabajadores de los Tribunales provinciales. No busco reemplazar a nadie, sólo colaborar para tratar de destrabar este conflicto. Tengo experiencia, porque tenemos una pulseada permanente con la Corte Suprema”, argumentó Tripputi, ante una consulta de La Voz.
Desde el Tribunal Superior, evitaron pronunciarse de manera pública sobre este pedido de mediación.
Pero una alta fuente judicial manifestó que el gremio provincial que conduce Cortelletti es el único con respaldo legal reconocido por el TSJ para dialogar.
Las versiones indican que Tripputi habría tenido una charla informal con al menos un miembro del TSJ.
Cortelletti tampoco quiso pronunciarse sobre este pedido de su colega gremialista de la Justicia federal.
Desde el entorno del titular del gremio de los judiciales provinciales, dijeron que está la “mesa de lucha” para hablar del conflicto.
Más allá de este sorprendente pedido de mediación, hay una cuestión que sale a la superficie: hay más de 800 empleados judiciales que también cuestionan y desconfían de los autoconvocados que se sumaron a la “mesa de lucha” que impulsó el gremio que conduce Cortelletti.
Desde el TSJ aseguran que “es imposible” que el gobernador Llaryora ponga más plata para los empleados judiciales.
Mientras tanto, el gremio asegura que seguirá con medidas de fuerza, en reclamo por la equiparación.
En el medio, está un grupo importante de autoconvocados que rechazan la representación gremial, y que no le creen a la cúpula del Poder Judicial de Córdoba. Aseguran estar dispuestos a seguir la lucha por su cuenta para reclamar la equiparación con los federales.
Nadie sabe cómo ni cuándo podría terminar este conflicto, que parece en un camino sin salida. Aunque apareció una luz esperanza para los judiciales.
El secretario de Trabajo de la provincia, Omar Sereno, convocó a una instancia de diálogo, que será acatada por ambas parte. Aunque nadie lo confirmó, el pedido de mediación del funcionario provincial habría llegado desde el Centro Cívico.
El próximo lunes, a las 11 horas, el titular del gremio, Federico Cortelletti, se verá la cara con el Administrador General del Poder Judicial, Luis María Sosa Lanza Castelli, en representación del Tribunal Superior de Justicia, con el secretario de Trabajo como mediador.
El diálogo que sugirieron todas las partes enfrentadas está en marcha. Aunque el resultado es una gran incógnita. Las posturas parecen inflexibles antes de sentarse a negociar. Ambas partes deberán ceder algo, una regla de oro para comenzar a resolver cualquier conflicto.
