El conflicto que mantiene en vilo desde hace un par de meses a Río Tercero, que desencadenó la paralización total de la producción de Petroquímica Río Tercero (PR3) tras la decisión de la empresa de despedir en julio a 124 empleados, parece cerca de su resolución. Al menos, de un acuerdo que se podría rubricar el jueves próximo en la Secretaría de Trabajo de la Provincia.
Petroquímica ya anticipó en las últimas mesas de negociación con el sindicato que “si no se reactiva la planta hay cierre total”.
Tras el proceso preventivo de crisis que presentó la firma en la Justicia bonaerense, el pago de las indemnizaciones a los despedidos dejaron de discutirse. Es que se habría acordado informalmente que se establecería una prioridad de pago para los cesanteados, dentro de las obligaciones judiciales con los acreedores.
Entonces quedaría por resolverse el reclamo de las reincorporaciones solicitadas por el sindicato de los químicos. Aquí se presenta una de las trabas. La empresa planteará casi seguramente que se mantiene en su postura de reincorporar a 16 de los 63 trabajadores afiliados al gremio que fueron despedidos (los otros 60 estaban fuera de convenio gremial). Mientras, el sindicato pidió que sean 24.
Lo que se debate
La industria ratificará una vez más que se cerró la línea de producción petroquímica y sólo reactivará las unidades químicas. En octubre de 2024 cerró su principal planta, la de TDI (diisocianato de tolueno), con lo que despidió a unos 125 empleados.
En las negociaciones la postura de la empresa es que el convenio colectivo de trabajo que alcanzaba a las actividades petroquímicas, ya no está en vigencia, por este cierre.
Por esa razón, exige que se reformulen las actividades a las netamente químicas, que son las que seguirán produciendo. Esto conlleva –apuntaría la empresa– modificaciones de tareas y una reducción del 3% de los sueldos.
El sindicato viene planteando que el ajuste salarial pretendido es del 15%. La empresa niega esa cifra, apoyándose que esos adicionales por productividad correspondían cuando se elaboraba TDI.
Petroquímica -según anticipó una fuente a La Voz- insistirá en la necesidad de replantear los salarios, al argumentar que la erogación es de “casi ocho millones de pesos por empleado, entre sueldo y cargas sociales”. Explica que el propósito es “mantener un equilibrio y que la empresa no pierda, para sostener en el tiempo a los más de 100 empleados”, que quedarán finalmente.
Hace un año la firma sumaba unos 375 agentes directos.
En esa línea, el sindicato plantea que no sólo se trata de la discusión de sueldos, sino de la cantidad necesaria de personal para operar bajo las normas de seguridad.
Desde el gremio anticiparon de todos modos que “el futuro acuerdo con la patronal está encaminado y debe contener reincorporaciones sin rebaja salarial”.
En este marco, la empresa estaría dispuesta a pedir a la Provincia alguna exención de cargas sociales al menos por seis meses (con posibilidad de renovación), para acordar con el gremio y poder reactivar su producción de cloro, soda cáustica y PAC (policloruro de aluminio, que es un potabilizador de agua en gran escala).
La industria pretendería un ajuste más: el cierre del comedor, porque lo considera “una erogación importante” en este contexto.
Lucas Felici, del sindicato de los químicos, mencionó que “será voluntad de Petroquímica establecer la salida al conflicto y la puesta en marcha nuevamente de la producción”.
A su vez arrimó que “el sindicato remarca, como el primer día, la protección productiva y el futuro de los trabajadores que representa, pero también la estabilidad económica, social y la seguridad de Río Tercero”.
Si prospera el acuerdo, la industria retomaría su producción luego de dos meses paralizada. Entre martes y miércoles se mantendrán las negociaciones finales entre las partes para llegar a una reunión el jueves ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, que podría ser definitoria.
