Tras los graves incidentes que se produjeron en las adyacencias al Congreso Nacional, el gobierno de Javier Milei reiteró el argumento de que es víctima de acciones que buscan romper con el orden democrático para justificar la represión que se extendió por varias cuadras del centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Los funcionarios se abroquelaron detrás de un discurso defensivo y culparon a sectores de la oposición de “un intento de golpe de Estado”, al tiempo que identificaron a grupos kirchneristas y a intendentes del conurbano como los principales responsables.
Asimismo, apuntaron contra la jueza contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, quien en la mañana de este jueves liberó a 114 de los 118 detenidos, bajo el argumento de irregularidades al momento de respaldar legalmente las aprensiones.
Por otro lado, la justicia también inició una investigación para determinar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en las agresiones contra el fotoperiodista, Pablo Grillo, quien fue gravemente herido en la cabeza por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno, y contra una señora de 87 años, quien aparentemente fue golpeada por un efectivo que le provocó una fuerte caída y golpe contra el piso.
Por su parte, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se distanció de la versión oficial y se solidarizó “con todos los heridos”, tanto de los manifestantes como de las fuerzas de seguridad, al tiempo que relativizó la idea de que se trató de una marcha con fines desestabilizadores.
Pese a ser elípticamente criticado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex presidente, Mauricio Macri, respaldó el accionar del gobierno para restablecer el orden público.
Bullrich ofreció una conferencia de prensa este mediodía en la que subrayó que el gobierno de Milei decidió actuar “desde el primer momento” para evitar agresiones, momento en el que aclaró que se hizo “a diferencia de otros gobiernos en los que se actuó cuatro horas después”, en obvia alusión a los hechos que en el mismo lugar se produjeron en 2017.
La ministra afirmó que los manifestantes fueron con el objetivo de generar un “alto nivel de violencia” y “matar”.
Bullrich acusó directamente a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y al ex jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde de formar parte de la organización de la marcha.
En la misma línea, apuntó al sindicalista Luis Barrionuevo, a quien vinculó como “protector” de Leandro Caprioti, de quien dijo aspira a ser presidente de Chacarita y que fue uno de los convocantes a la manifestación.
Bullrich aseguró que recopilaron pruebas para presentar una denuncia penal junto a la Ciudad de Buenos Aires y detalló que identificaron a barras bravas de: Gimnasia, Deportivo Merlo, Tigre, Independiente, Argentinos Juniors, Lanús, Nueva Chicago, Los Andes, All Boys, Rosario Central, y Newell’s, entre otros. No mencionó a ningún grupo de hinchadas de equipos de Córdoba.
La jefa del Ministerio de Seguridad adelantó que se les pedirá a los clubes involucrados una nota de repudio a la participación de sus hinchas y se les solicitará que les quiten su condición de socios, si lo fueran.
Asimismo dijo tener pruebas de la concentración previa de manifestantes en las municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, desde donde se dirigieron a la Plaza de los Dos Congresos.
De allí responsabilizó al actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y al ex jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
Bullrich dijo que a ambos “no les conviene que siga este gobierno porque persigue a los corruptos”.
La ministra se quejó de la decisión de la jueza Andrade de liberar a 114 detenidos y adelantó que se investigará el accionar de la magistrada.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona señaló que “no se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”.
El ministro sostuvo que “la jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas”.
“Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de Caba por posible incumplimiento de sus funciones”, anticipó Cúneo Libarona.
El jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuantificó en $ 260 millones el costo de los destrozos que se provocaron en el centro de la ciudad, avaló la actuación del gobierno nacional y precisó que más de la mitad de los detenidos tenía antecedentes.
Sobre el clima desestabilizador que denuncia el gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que en “los últimos días hay una cantidad de movimientos políticos que están orientados a desestabilizar el gobierno y generarle un problema a un gobierno que viene conduciendo la Argentina de una manera estable”.
“Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios. Esta marcha estuvo organizada al grito de que se vayan todos, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, aseguró Francos.
El jefe de Gabinete de ministros defendió el accionar policial y calificó como “un lamentable accidente” el ataque a Grillo.
Francos y Bullrich evitaron pronunciarse acerca de la violencia policial que se ejerció en distintos puntos de la ciudad hacia personas que no participaban de la marcha y que quedaron atrapadas en medio de los desmanes.
Por su parte, el vocero Manuel Adorni reprochó la liberación dictada por la jueza y sostuvo que “la justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”.
En la orden de liberación, la magistrada cuestionó las detenciones y sostuvo que no había prueba de tenencia de armas de fuego o que hubieran provocado disturbios.
“A medida que se informaban las detenciones, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles de la hora y lugar de la detención como así también tampoco se lograba informar con relación a que delito específico se estaba convalidando la detención”, redactó en una parte de la resolución que se conoció hoy.
En otro párrafo sostuvo que “ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio de bienes públicos”.
