El presidente Alberto Fernández será denunciado nuevamente este lunes por parte de la oposición por los delitos de sedición y traición a la patria, luego de que el mandatario se negó a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obligaba a restituir fondos a Buenos Aires.
“Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional ¡Tienen que ir presos! Con Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la patria”, escribió la líder del PRO, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter.
Debajo de su tuit, Bullrich incluyó el documento que presentará a la Justicia para demandar al jefe de Estado y a otros 18 gobernadores provinciales que apoyaron a Fernández.
“”Las personas denunciadas incurrieron en una usurpación de funciones que implica un grave atentado contra el orden democrático, lo que, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, implica la nulidad de sus actos”, remarcó la denuncia.
“Esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”, concluyó el documento.
Además, se espera que el bloque UCR en Diputados -encabezado por sus autoridades- pida el juicio político a Alberto Fernández por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Según trascendió, el proyecto podría ingresar este lunes por la tarde o este martes a primera hora.
El viernes pasado, el mandatario argentino ya había sido denunciado por la exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto con legisladores de su bloque, acusándolo de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según consta en el texto.
Además, la denuncia se extiende a funcionarios del gabinete de Fernández, como el ministro de Interior, Eduardo Wado De Pedro; el de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Coparticipación: la Ciudad, a la Corte
La ciudad de Buenos Aires denunciará este lunes ante la Corte Suprema el incumplimiento del Estado nacional de la sentencia que ordenó entregarle de manera automática y diaria el 2,95% de los fondos coparticipables que la Nación le había quitado en la pandemia.
Según trascendió, la administración del Gobierno de Caba entiende que desde el miércoles, cuando fue notificado el fallo, la Nación lleva dos días de incumplimiento de la orden judicial.
El camino elegido es denunciar a la Corte Suprema el incumplimiento del Banco Nación, presidido por Silvina Batakis, quien debe activar los giros.
Al mismo tiempo, publicó La Nación, los abogados del gobierno porteño trabajan en la redacción de una denuncia penal que podría alcanzar al directorio del Banco Nación, responsable según la sentencia de hacer el depósito diario y automático, el ministerio de Economía y la jefatura de Gabinete de Ministros.
Este domingo, el intendente de Avellaneda y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema es “político” y que debe tener “respuesta política”, y señaló que Cristina Kirchner “siempre pone blanco sobre negro en cuanto al presente y genera un discurso hacia el futuro”.
“No son fallos judiciales, son fallos políticos. Y requieren respuestas políticas”, sostuvo Ferraresi en una entrevista con Télam sobre la resolución del máximo tribunal que dispuso que el Gobierno nacional le destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad.
La causa
La controversia por los fondos comenzó en 2020, cuando el Gobierno de Fernández recortó los ingresos que debe girar a Caba en concepto de distribución de los impuestos que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
El alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a la Corte Suprema, que el pasado miércoles le dio la razón y dictaminó que el Poder Ejecutivo restituya a Buenos Aires el 2,95% de los fondos de la denominada coparticipación federal.
