A 24 horas de la movilización convocada por la CGT, el debate de la reforma laboral tuvo su puntapié inicial en el Senado. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, negó una quita de derechos para los trabajadores y también sostuvo que la norma “va a aplicar para los nuevos trabajos”, pero desde la oposición piden que se aclare en el texto para evitar que haya diferentes interpretaciones. Fue solo uno de los múltiples planteos que llevaron tanto el kirchnerismo como los bloques dialoguistas.
El debate arrancó con polémica, luego de que el interbloque peronista (recientemente bautizado con el nombre “Popular”) denunciara una maniobra irregular de Bullrich para asegurarse mayoría en las comisiones junto con sus aliados. Un fuerte chispazo entre la exministra y el formoseño José Mayans marcó la previa del debate, que fue acaparado por los cuestionamientos de la ex bancada de Unión por la Patria.
En contra de todo el proyecto, el senador de La Cámpora y abogado laboralista Mariano Recalde advirtió que, si se aprueba, debería incorporarse un artículo que acote la vigencia a las nuevas contrataciones, para no afectar derechos adquiridos. Cordero aclaró que la ley “va a aplicar para los nuevos trabajos” y hasta dijo que se trata de “normas aclaratorias” y no de “modificaciones estructurales de derechos”.
Según el funcionario, “los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación. Lo que sí sucede es que algunos institutos están pensados para una aplicación retroactiva, como los juicios pendientes, pero lo demás busca que cada cosa suceda en el momento en que sucede. Las relaciones laborales continúan normales, las normas son aclaratorias, no son modificaciones estructurales de los derechos”. Afirmó también que “las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo digan expresamente”.
Debaten la reforma laboral
No solo desde el kirchnerismo hubo objeciones al texto del Poder Ejecutivo. La schiarettista Alejandra Vigo, que mantiene su voto bajo reserva, mostró preocupación por las “derogaciones masivas” de leyes y estatutos, como la Ley de Teletrabajo (sancionada en 2020 a raíz de la pandemia del Covid) y el Estatuto del Periodista. También la tucumana Beatriz Ávila, alineada al gobernador aliado Osvaldo Jaldo, cuestionó ese punto.
La salteña Flavia Royón, otro voto clave, sembró dudas sobre los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que financiarán las indemnizaciones por despido a través de un aporte del 3% de la masa salarial que harán las empresas, y que será descontado de la contribución al sistema previsional. “Este fondo se va a financiar con recursos del sistema previsional que hoy ya está en crisis. Son los jubilados quienes van a pagar estas indemnizaciones, cuando son responsabilidad del empleador”, alertó la emisaria del gobernador Gustavo Sáenz.
Surgieron muchos otros puntos conflictivos, como el nuevo cálculo indemnizatorio (excluirá vacaciones y aguinaldo); la regulación de los trabajadores de las plataformas, que siguen sin considerarse en relación de dependencia; la ampliación de los “servicios esenciales”, que restringe la realización de huelgas y asambleas; y el “banco de horas” que podría reemplazar el pago de horas extra.
Cordero intentó contrarrestar las críticas y enfatizó que el proyecto es “extremadamente equilibrado” y que “conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, pero Recalde le salió al cruce y advirtió que “salda todas las discusiones a favor del empleador”. El kirchnerista también cargó directamente contra el secretario de Trabajo: “Que usted venga de la UIA (Unión Industrial Argentina) me hace sospechar”.
Las diferencias alcanzan al propio diagnóstico de la situación actual. El secretario de Trabajo atribuyó los altos niveles de informalidad a “un problema normativo en el empleo” y sostuvo que por eso hay que modificar la ley, pero muchos senadores de la oposición vincularon el cierre de empresas a la política económica.
En otro segmento del debate, el funcionario señaló que “el trabajo autónomo es el trabajo que muchas veces eligen los jóvenes” porque “no todos los jóvenes hoy quieren ingresar al mundo del trabajo poniendo toda su fuerza laborativa a disposición del empleador y quedar en una figura que no los satisface. No todos quieren ser relación de dependencia porque eso sí paraliza la actividad”.
“Fomentamos que las cargas no sean tan fuertes que lleven a que las personas, de manera deliberada o por necesidad, trabajen de manera irregular”, sostuvo Cordero.
El plan de dictaminar este viernes sigue más firme que nunca, luego de que Bullrich se asegurara la mayoría en las comisiones con ayuda de opositores dialoguistas. La maniobra fue ejecutada este martes en una reunión de Labor Parlamentaria donde los 44 senadores no kirchneristas adhirieron a una nota para imponerse frente a los 28 integrantes del interbloque Popular, ex Unión por la Patria.
De esta manera, tanto en Trabajo y Previsión Social, como en Presupuesto y Hacienda, el conglomerado del oficialismo y aliados se apoderó de 12 de los 17 integrantes. Aunque la nueva mayoría no implica un apoyo automático al proyecto (muchos senadores dialoguistas piden cambios y podrían firmar en disidencia si no los conceden), el número es auspicioso para los planes de Bullrich.
La jugada desató la ira del interbloque peronista, que decidió no integrar las comisiones (les dieron solo cinco lugares en cada una) y judicializará la pelea. “Esta ley tiene vicios de nulidad de origen. El debate nace torcido de entrada. Para nosotros es mejor, porque en el cuestionamiento judicial esto entra aparte. Esto va derecho al Poder Judicial”, anunció el peronista José Mayans en la reunión constitutiva de la Comisión de Trabajo.
La tensión de apoderó del encuentro cuando, una vez que Bullrich se disponía a asumir la presidencia de la comisión, Mayans usurpó la mesa cabecera del en el Salón Illia. “Me siento yo también en la presidencia, si acá es cualquier cosa. Ustedes hacen lo que se les canta las pelotas”, lanzó Mayans en medio de codazos y tironeos con la libertaria, en una escena atípica para los modos del Senado.
