Las medidas de aislamiento obligatorio dispuestas el 19 de marzo de 2020 fueron el marco excepcional ideal para que Martín Llaryora ganara la batalla que más costos económicos, sociales y de progreso insumió a los habitantes de la capital provincial.
El grueso de los empleados de la Municipalidad se quedó en su casa y el entonces intendente aprovechó para cambiar las claves de los sistemas, recuperar el control de la recaudación local, tercerizar algunas de las tareas que en manos municipales cuestan el triple y avanzar en reformas que en otro contexto jamás hubieran podido tener lugar.
Les quitó parte del sueldo y bajó de siete a seis las horas de trabajo; descentralizó la base operativa de barrio Observatorio, y hasta logró poner en la vía pública algunas cámaras que labran multas.
El mayor éxito de su gestión en la intendencia fue que expulsó al gremio de la cogestión gubernamental. El Suoem repartía horas, cargos y extensiones, bajaba funcionarios y boicoteaba decisiones intrínsecas del Ejecutivo. Es cierto que Llaryora tuvo el apoyo incondicional de Juan Schiaretti (en plata, obras y recursos humanos), pero también es cierto que la vio: en la pandemia, logró doblegar a un gremio que por 20 años exigió que, de mínima, los recursos de la ciudad debían repartirse mitad y mitad. No hay ley alguna que obligue a eso.
Sin embargo, esa capacidad que tuvo para aprovechar la singularidad de la pandemia la perdió por completo en este 2024 que se termina, esta vez como mandatario provincial. La motosierra y el mandato social tan inédito de bajar el gasto del Estado, cortar los curros y cambiar de raíz las viejas formas de hacer política no tuvieron ningún correlato en la gestión provincial.
Peor: Llaryora se embarcó en una pelea con el gobierno libertario, y sus votantes se lo facturaron. Se mandó a guardar, pero el relato que desde entonces construyó parece que busca denodadamente ir a contramano de Milei. En las propagandas y en los discursos se le escucha decir que la obra pública no se detiene, que el Estado es el garante del progreso, que a los jubilados no se los abandona y que la movilidad social está ligada a la educación superior, y por eso la extensión territorial de la universidad provincial.
Pero ahí no radica el problema. El gobernador bien tiene derecho a preservarse como una alternativa diferente a La Libertad Avanza. El problema estuvo en lo que no hizo. 2024 podría haber sido el año para sacudir el mantel y hacer una gestión más eficiente, animándose a jugadas disruptivas e innovadoras. Por ejemplo:
Policía
Se le podría haber derivado la potestad de labrar multas de tránsito y similares dentro de los municipios. Esto fue intentado por el propio Llaryora en enero del 2020, pero el todavía empoderado Suoem obligó a dejar esa iniciativa sin efecto. En lugar de haber expandido las guardias urbanas en las ciudades, con costos nunca todavía especificados, los agentes de Policía podrían tener facultades para hacer multas de tránsito u otras previstas en los códigos de convivencia urbanos. Les pasa un elefante al frente y no hacen nada.
Interurbanos
En 2024 se les dio toda la tarifa que el sistema de transporte pedía, por encima incluso de los subsidios que desaparecieron. Se amagó con permitir que los privados se sumen a los corredores no rentables, alejados de los grandes centros urbanos, pero nada se avanzó. No se desreguló los corredores; cada uno sigue trabajando su quintita con un permiso del Estado y dentro del sistema hay tres o cuatro empresas que todavía creen que esta es la Argentina de los subsidios K. La Provincia no ha sido vehemente al respecto.
Boleto educativo
Schiaretti nunca se animó a materializar una vieja idea que trabajan en Transporte de la Provincia: recortar la universalidad del boleto educativo, que a septiembre demandó 20 mil millones de pesos. Varias veces se buscó limitar el transporte gratis a familias que tuvieran más de un auto, por ejemplo, o determinados ingresos, pero siempre temieron la crítica. Lejos de haber aprovechado el momento (y el mandato de muchos que repudian los boletos gratis) el gobernador redobló la apuesta, creó el boleto metropolitano y les dio el educativo a los docentes universitarios.
Caja de Jubilaciones
También está bajo siete llaves un proyecto para acotar el gasto previsional de la Caja de Jubilaciones: la idea es limitar las pensiones. No para quienes ya la tienen, sino a futuro. No podría heredarla el cónyuge si es que tiene ingresos propios o, de querer que esto sucediera, el beneficiario original deberá abonar un adicional en vida para que se derive. La ayuda de Nación fue cero y Llaryora optó por el diferimiento (un mecanismo ideado por sus antecesores), que la ciudadanía no conecta con la sequía de fondos nacionales.
Casinos
De los 10 casinos que funcionan en la Provincia de Córdoba, siete pierden plata. El de Río Ceballos está cerrado y los empleados cobran igual el sueldo. Con el argumento de que no hay fondos, Lotería podría haberse quedado sólo con los casinos rentables, dejar de pagar alquiler y electricidad y reubicar a esos empleados. ¿Vamos a defender que el Estado sostenga una sala de póker en Corral de Bustos con 50% de pobreza en la provincia? ¿Creen que la ciudadanía objetaría eso? En lo que va del año esas salas perdieron 1.960 millones de pesos.
Educación
Córdoba tiene malos resultados en lengua y en matemáticas. Obvio, no es la peor, pero históricamente las autoridades consideraron un logro el no estar dentro del pelotón de las malas provincias. Se sabe ya que la psicogénesis ha sido un fracaso; que el ciclo continuado entre primero y segundo grado no funciona; que las malas notas no trauman a los chicos, y que las familias, en general, están pidiendo más exigencia en las aulas. Ni siquiera se animaron a prohibir el celular. El cambio más disruptivo fue una consulta popular en la que le preguntaban a la gente qué les gustaría que enseñe la escuela. Robótica salió en primer lugar.
Delitos en flagrancia
El 70% de los delitos cometidos en la provincia son robos, hurtos y arrebatos varios, y en la mayoría de los casos se captura al delincuente. Pero en pandemia se decidió sacarlos de las 23 unidades judiciales y concentrar todo el procedimiento de entrega del detenido en Laprida al 700, donde los móviles policiales pueden pasar hasta ocho horas a la espera de ser atendidos. Hace cuatro años que funciona mal, hubo hasta un diagnóstico oficial que admitía la ineficiencia y se prometió en 2021 un fuero de flagrancia, pero nada de eso cambió. Vueltearon en la Justicia y en el Ministerio Público Fiscal y hoy todo sigue igual, aunque da la sensación de que en los últimos días del año Llaryora activó una serie de cambios en el Ministerio Público Fiscal.
La lista podría seguir. Se repite también en la ciudad de Córdoba. Es difícil imaginar una amalgama ideológica cuando Llaryora (ya no en público) repudia el paradigma libertario. Pero en una provincia donde hace 25 años las cosas se hacen de la misma manera, bien se podría haber sacudido el mantel.
