El fiscal federal N° 2, Carlos María Casas Nóblega, amplió su imputación contra el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y otros acusados en la causa en la que se investiga el presunto lavado de activos y la administración fraudulenta de cinco millonarios inmuebles adquiridos por el gremio en la ciudad de La Falda, Córdoba, hace ocho años.
El instructor –fiscal general a cargo de la Fiscalía Federal N° 2– amplió el requerimiento de instrucción contra Moyano y Paulo Héctor Villegas (de Camioneros); los empresarios Rubén Jorge Cappuccio y Carlos Eduardo Mesías (de Kiano SA), y Claudia Beatriz Carroll (entonces esposa de Mesías).
De esta manera, el juez N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, llamó a indagatoria a Carroll, a Cappuccio y a Mesías para el 25 de noviembre, bajo modalidad virtual, ya que residen en Buenos Aires.
La causa de Hugo Moyano
La causa nació luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) envió el primer Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), alertando sobre extraños movimientos de dinero por la compraventa de los cinco inmuebles. Posteriormente, la Procelac presentó una denuncia penal ante el entonces fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano (ya jubilado).
El funcionario imputó a Moyano y a Villegas por supuesto lavado de activos y administración fraudulenta, mientras que les adjudicó a Mesías, Capucchio (socio fundador y accionista mayoritario de Kiano SA) y Enrique José Mariñasky (de Kiano SA) el delito de lavado de activos.
Mesías, Capucchio y Mariñasky (luego sobreseído por fallecimiento) habrían conformado un grupo, utilizando a Kiano SA para intervenir en operaciones comerciales inmobiliarias a favor del sindicato de Camioneros, simulando y aumentando los valores reales de cinco inmuebles.
De esta forma, en 2004, Cappuccio adquirió los cinco inmuebles ubicados frente al hotel Primero de Mayo, de Camioneros, por 1.302 metros cuadrados en total.
El 11 de octubre de 2013, Cappuccio (socio fundador y accionista de Kiano) se los vendió a la misma Kiano por 309.255 pesos.
Seis días después, Kiano –a través de su representante, Mariñansky– vendió los terrenos a Mesías por 500 mil pesos. Y casi dos meses después, Mesías cedió sus derechos de los inmuebles a Camioneros a cambio de seis millones de pesos.
Moyano y Villegas, en su carácter de autoridades del gremio, habrían participado en las operatorias con la finalidad de desviar fondos pertenecientes al sindicato y “reciclar” ganancias ilícitas mediante el uso del mercado inmobiliario.
En 2018, Moyano tuvo una visita fugaz para declarar por poco más de 20 minutos frente al juez Sánchez Freytes, quien ordenó hace algunos meses al Consejo de Tasación de la Provincia un informe pericial sobre el valor de las propiedades.
El Consejo de Tasación determinó que el monto se ubicaba entre los 2,7 y los 2,8 millones de pesos, con lo que surgió una diferencia notable de varios millones respecto de lo sostenido por los peritos de las defensas, ya que lo situaron entre los seis, siete y hasta ocho millones
Los peritajes oficiales ya habían ubicado el monto entre los 2,5 y los 2,9 millones de pesos.
En su análisis, Tasación de la Provincia declinó agregarle a su análisis un índice aplicado por el Tribunal de Tasación de la Nación para su cálculo. Ese índice o parámetro incrementa el valor de un lote por su ubicación y valor constructivo.
De ese modo, Tasación de la Nación estimó el valor en 2,8 millones, pero con la aplicación del índice, lo elevó a 4,1 millones.
Córdoba: ampliación de la imputación a Moyano
En un nuevo avance en la causa, el fiscal Casas Nóblega amplió su investigación e imputó a Moyano, a Villegas, a Cappuccio, a Mesías y a Carroll por el delito contemplado en el artículo 303 del Código Penal (lavado de activos).
El texto estipula una pena de tres a 10 años de prisión para quien transfiriera, administrara, vendiera, gravara, disimulara o pusiera en circulación en el mercado “bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de 300 mil pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.
El 19 de diciembre de 2013, apenas dos semanas después de la presunta maniobra fraudulenta que Moyano y Villegas (de Camioneros), y Mesías, Cappuccio y Mariñasky (fallecido hace varios años) (por Kiano SA), habrían perpetrado con la compraventa con un alto sobreprecio de los cinco lotes, se habría gestado otra operatoria.
Así, Moyano, Villegas, Mesías, Cappuccio y Carroll, con parte del dinero obtenido en aquella presunta maniobra ilícita, habrían realizado una serie de compraventa de inmuebles. Lo habrían materializado con la participación –en todas las operaciones– de la misma escribanía (de Olga Elisa Griodi de Abat, de La Cumbre), con la que se había concretado la venta inicial de los cinco lotes.
El objetivo, según pudo conocer La Voz, habría sido colocar y estratificar el monto de dinero –presumiblemente de procedencia ilegal– para darle apariencia legal.
De este modo, el mismo 19 de diciembre, Cappuccio vendió a Mesías los departamentos 7 y 24 del edificio Chateau Mirage, ubicado en el pasaje Capdevila S/N, de La Falda, por 230 mil y 315 mil pesos en efectivo, respectivamente, pagados al suscribir el acta.
Asimismo, Cappuccio vendió a Carrol (entonces esposa de Mesías) el departamento 2 por 160 mil pesos y las unidades 3, 4, 5 y 6 por 265 mil pesos.
El fiscal presume que Carroll habría cooperado con Moyano, Villegas, Mesías y Cappuccio para registrar los inmuebles a su nombre.
El propósito habría sido estratificar el dinero supuestamente ilícito, evitando así controles estatales y logrando poner en circulación en el mercado inmobiliario el dinero proveniente de la presunta maniobra de administración fraudulenta.
Pedido en la causa
Casas Nóblega solicitó al juez que citara a indagatoria a los imputados y le pidió que ordenara una valuación de los inmuebles adquiridos en ese tiempo. También planteó la necesidad de que se investigue la financiación y la construcción de Chateau Mirage, y que se analice quién reside en los siete departamentos, si es que están ocupados.
El fiscal busca conocer en qué condición lo ocuparían los moradores y cuáles serían sus identidades. Y por otro lado, quiere establecer qué información posee Rentas sobre el lote y los departamentos, como así también sobre el terreno y el hotel Primero de Mayo, de avenida Argentina 88, La Falda.
