Mientras se debate el grado de continuidad en los subsidios a las tarifas de servicios públicos, hay una discusión más profunda que, aunque de manera confusa, se puede ver en cada factura que llega a fin de mes: cuánto pagamos estrictamente por el consumo y cuánto en impuestos “colados” entre el consumo.
En Córdoba, siempre teniendo en cuenta el promedio en las franjas mayoritarias, hasta un 41,3% de lo que cada consumidor residencial paga en su factura corresponde a impuestos, tasas y cargos adicionales que no tienen que ver con el consumo.
Esa cifra mayor corresponde a Epec, según calcula la misma empresa. En el caso de Ecogas y de Aguas Cordobesas, aseguran que ese promedio es del 30%. Las facturas testigo tomadas por La Voz coinciden en estos dos últimos casos, aunque el porcentaje es menor en el caso de Epec (no llega al 30%).
Los residentes cordobeses pagan así 14 impuestos en esas tres facturas de servicios: 8 en la de Ecogas, 5 en la de Aguas Cordobesas y 3 en la de Epec.
La suma es mayor a 14 porque hay un impuesto nacional que se repite en todas: el IVA (Impuesto al Valor Agregado), que grava todo con el 21 por ciento, aunque la incidencia en el total de la factura es menor.
Cuánto impactan los impuestos en las facturas
El siguiente es el detalle de lo que se paga en cada factura promedio, más allá de lo que consumimos:
El gas, con 8 impuestos
Una de las curiosidades es que se descuenta -en el caso de la ciudad de Córdoba- el monto que corresponde al subsidio por zona fría (en una ciudad con un mes de frío intenso al año), y al mismo tiempo se cobra un cargo para financiar dicho subsidio. Por supuesto, este último monto siempre es menor al primero.
- Impuesto ley 25413. Es el impuesto a los créditos y débitos y se recauda por cuenta y orden de Nación.
- Impuesto sobre los Ingresos Brutos por Transporte. Lo cobra la Provincia de Córdoba.
- Impuesto a los ingresos brutos sobre transporte (x subsidio Zona Fría). Suele ser un descuento, proporcional a lo que se resta por subsidio Zona Fría. No lo incluimos en el listado de los 8.
- Impuesto Ingresos Brutos sobre gas retenido. Parte del gas que se inyecta en el sistema de gasoductos se consume como combustible de los compresores que intervienen en el transporte. Es un impuesto provincial.
- Comercio e Industria (Ordenanza 12858/18). Es una tasa municipal, en este caso, de la Municipalidad de Córdoba.
- Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la Distribución. Impuesto provincial.
- IVA. Es la alícuota general del 21%, que recauda el Estado nacional.
- Percepción impuesto municipal. Como su nombre lo indica, lo recauda el municipio.
- Fondo Fiduciario art. 75 Ley 25565 modif. ley 27637. Es el fondo fiduciario para financiar los descuentos a Zona Fría. Los administra la Nación.
Agua y municipio
Es una factura difícil de descifrar, porque lo que se paga es el resultado de un cálculo a partir de índices relacionados con zona geográfica, costo de medidores o superficie construida, más allá del consumo (por ejemplo, se paga por 25 metros cúbicos, aunque se consuma menos).
Los cargos adicionales son los siguientes:
- IVA. Percepción nacional del 21% (aunque puede variar según la condición del cliente).
- Tasa Ersep (Decreto 2298/00). Es el 1,2% del servicio de agua para financiar el Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba.
- CFis (Contribución para el financiamiento integral de infraestructura sanitaria) Ley N°10678. Equivale al 16% del servicio de agua, y lo percibe la Municipalidad de Córdoba.
Epec y dos para el Ersep
- Fdo. Des.Ene.Prov. 5%. Fondo Para el Desarrollo Energético Provincial (Fodep): es un fondo destinado a obras de infraestructura en transporte y distribución.
- Ordenanza impuesto municipal 8,90%. Lo percibe la Municipalidad de Córdoba. Es un cargo destinado al pago del alumbrado público.
- Dto. 2298 (0,4%). Es la tasa de financiación del Ersep, establecida por decreto Nº 2298/00, de acuerdo a lo establecido por Ley Provincial N° 8835.
- Ersep-Ley 10281 R.27 (0,10%). Es la tasa por la aplicación de la Ley de Seguridad Eléctrica (el monto va destinado al Ersep, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba.
- IVA. 21% de impuesto al valor agregado, que se lleva la Nación.
Por qué se nota tanto
Pilar Paschini, economista de Idesa, explica: “En Buenos Aires, aunque carguen los servicios con impuestos, el ciudadano sigue percibiendo que es poco, porque paga facturas de 500 pesos debido al alto subsidio. Pero en Córdoba, donde la situación no es la misma, al pagar facturas como la de la luz empezamos a analizar qué nos están cobrando y por eso esta cantidad de impuestos es llamativa”.
“Provincia y municipio necesitan recaudar y una vez que se establecen impuestos es muy difícil dar marcha atrás. Una vez que se aplicó, es difícil quitarlo. Lo que al ciudadano le molesta es que no tiene una buena provisión de servicios en muchos casos, pagamos costos muy altos y es llamativo en la factura el altísimo componente que encima no tiene relación directa con el servicio que nos cobran. Encima los cargos desagregados no son fáciles de identificar. Podría generarse la misma recaudación focalizada de otra forma. Es hasta visualmente chocante pagar tantos impuestos”, señala Paschini.
Agrega que “no hay mucho incentivo a quitar estos impuestos y tasas porque son faciles de recaudar. Si el ciudadano no paga la boleta completa le cortan los servicios. Y nadie quiere vivir sin luz o agua”.
Marcos Sequeira, contador, abogado y especialista en procedimiento tributario, afirma que el costo tributario sobre los servicios públicos en las provincias argentinas varía entre el 25 y el 33 %.
“Es muy difícil precisarlo, pues los municipios incluyen dentro de la tarifa otros servicios pseudo opcionales (servicios sociales, etc.). Edenor, por ejemplo, tiene un costo tributario del 33 %; mientras el de Edesur es del 28 %. En América Latina, sólo Brasil supera el costo tributario por un 0,1 %. Los demás países tienen cargas tributarias inferiores que varían entre el 15 y el 25%”, explica.
“Por lo tanto, Córdoba se encuentra dentro de las provincias que mayor costo tiene sobre los servicios públicos, siendo solo superado por Buenos Aires; aunque en virtud del régimen de subsidios es muy probable que el ‘costo efectivo’ sea bastante inferior”, agrega Sequeira.
Como reflexión general acerca del sistema tributario argentino, el especialista señala que “en la medida que no se reduzca el gasto público, no hay posibilidades de reducir la presión tributaria.
Al contrario, lo más probable es que esta crezca, al igual que la inflación (el impuesto inflacionario es sumamente perjudicial, ya que recae sobre las clases menos favorecidas de la economía). Para peor, la estructura tributaria nacional es fuertemente regresiva”.
“Traslado de la empresa al consumidor”
Para la contadora y exconcejala de la ciudad de Córdoba, Graciela Treber, en el caso del pago de servicios en realidad las empresas “colocan como impuestos cosas con las que enmascaran incrementos de precios”.
Menciona un análisis realizado con Ecogas y pone un ejemplo: “El impuesto 25413 que aparece en la boleta del gas es la transferencia al precio de impuestos que la empresa debería pagar por crédito y débito bancario. Pueden hacer eso porque el contrato se los admite”.
Si se toman en cuenta esos factores, dice la especialista, en realidad la carga impositiva iría del 22% al 26%, según el tipo de usuario.
Y aclara que en realidad la incidencia de IVA sobre el total de la factura es más baja que el 21%: “La tasa es 21% sobre el neto. Pero sobre el total de la factura es distinto. La incidencia de IVA sobre total de factura es 15,93 por ciento”.
Las tasas, reguladoras del aumento de las boletas
Entre 2016 y 2018, las boletas de los servicios públicos aumentaban exponencialmente a medida que se desarmaban los subsidios a la energía.
En un comienzo no representó un gran problema para los gobiernos (nacional y provincial), porque también crecía la economía y la inflación estaba medianamente controlada.
En 2018, las tarifas siguieron subiendo en un escenario que ya no era estable en materia económica. Por esos días, la gente dejó de identificar sólo a la Nación como responsable de los aumentos en las boletas y puso el foco también en la Provincia, especialmente por las fuertes subas de Epec.
Como estrategia para despegarse y para amortiguar el incremento a medida que crecía el costo mayorista de la luz y el gas, la Provincia decidió, a través del Ersep, “limpiar” a las facturas de todas las tasas y adicionales que no fueran parte del objeto principal de cada servicio público.
Sacó todos los adicionales provinciales y obligó a los municipios a hacer lo mismo (tasas de mantenimiento de cementerios, de alumbrado, de internet, etc.).
Esto provocó una ola de reclamos entre los intendentes, especialmente desde la capital provincial, entonces gobernada por Ramón Mestre.
Para sustentar la iniciativa, la Provincia envió y aprobó un proyecto de ley en la Unicameral.
Sin embargo, con la llegada de la crisis económica y luego con la crisis sanitaria, y con las boletas congeladas, poco a poco han vuelto los “extras”, aunque siempre relacionados con el objeto del servicio.
