La Provincia de Córdoba informó que el próximo 2 de enero hará efectivo el primer pago de intereses del bono internacional con vencimiento en 2032, emitido en junio de este año por U$S 725 millones.
Se trata de un desembolso de U$S 35.343.750, equivalente al 4,875% del capital total colocado.
El título, que fue emitido bajo ley del Estado de Nueva York, devenga una tasa anual del 9,75% y prevé pagos semestrales de intereses, con amortización de capital escalonada en los últimos tres años de vigencia: 2030, 2031 y 2032.
El pago es equivalente a $ 50.937 millones al tipo de cambio mayorista de este martes.
El aviso de pago fue comunicado a los tenedores de los títulos a través de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), e incluye el detalle del primer servicio a abonar, correspondiente exclusivamente a intereses. El capital permanece sin cambios, con un valor residual del título de U$S 725 millones.
Objetivos
La emisión de este bono fue la apuesta más importante del gobierno de Martín Llaryora en materia financiera.
A través de la colocación, el Ejecutivo provincial buscó fondos frescos destinados a la recompra parcial del bono con vencimiento en 2027, que tenía particular impacto en estos meses.
Además, la idea es el financiamiento de un plan de infraestructura en el año considerado clave en la búsqueda de la reelección.
El bono tuvo una demanda de más de U$S 1.000 millones, lo que permitió ampliar la colocación inicial prevista en U$S 500 millones hasta los U$S 725 millones adjudicados finalmente.
Más del 40% de las ofertas provinieron de inversores locales.
El Gobierno señaló en ese momento que la operación formaba parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la sostenibilidad fiscal y garantizar el cumplimiento de las obligaciones sin comprometer la inversión en obra pública.
En cuanto a la recompra del bono 2027, el objetivo oficial fue reducir el perfil de vencimientos de corto plazo. El nuevo título paga una tasa más alta que la de los papeles anteriores.
La colocación posicionó a Córdoba como la primera jurisdicción pública argentina en acceder al financiamiento externo desde diciembre de 2017, en un contexto internacional considerado complicado. Más todavía con la alta incertidumbre política y volatilidad financiera que había antes de las elecciones de octubre.
Las agencias de calificación Moody’s y Fitch asignaron notas de Caa2 y CCC+, respectivamente, a la emisión.
