El futuro de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) vuelve a estar en discusión. Mientras el Gobierno nacional analiza alternativas para una empresa en crisis y sin perspectivas claras, la provincia de Córdoba impulsa una propuesta concreta que evite el despiadado paso de la “motosierra”: quedarse con Fadea, bajo ciertas condiciones.
La decisión provincial no responde a una ambición comercial inmediata, sino a una voluntad política de evitar el cierre de un ícono productivo. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que considera a la ex-Fábrica Militar de Aviones como la “madre” de la industria local.
Las gestiones entre Nación y Provincia llevan más de un año. Ahora, ante versiones sobre un posible cierre o venta, el gobernador Martín Llaryora busca convertir Fadea en un centro de mantenimiento y reparación (MRO) para aeronaves, tanto militares como comerciales.
Para ello, intenta acercamientos con la empresa emiratí Abu Dhabi Aviation aunque otras versiones niegan ese paso.
Esa compañía del exterior forma parte del conglomerado estatal GAL (Global Aerospace Logistics), especializado en mantenimiento de aeronaves y soporte técnico, con presencia global y experiencia en alianzas estratégicas.
Sin embargo, el vínculo con GAL aún no prosperó del todo. Una primera misión técnica que había venido tiempo atrás, regresó a Medio Oriente sin avances concretos y con escepticismo respecto a las condiciones locales.
Aun así, Córdoba no se rinde. Se habría circularizado una nueva invitación para reabrir el diálogo con la empresa. En la negociación intervienen además dos actores del gobierno nacional: la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, y el Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri.
Ambos organismos evalúan una solución que contemple el traspaso del activo sin los pasivos acumulados. Córdoba fue clara: no tomará el control de una empresa endeudada sin balances en orden.
Por eso, Chaher negocia con el Ministerio de Economía una liquidación previa que libere a la Provincia de los pasivos, bajo el paraguas de un decreto de noviembre pasado que permite realizar un canje de deuda por activos entre Nación y provincias.
Fadea hoy está virtualmente paralizada, con serios problemas operativos y financieros. El desafío para la gestión cordobesa no es menor: asumir su gestión implica garantizar sustentabilidad económica y seguridad jurídica.
La Provincia, si avanza, lo hará solo si la Nación entrega el activo limpio y operativo, y con posibilidad de articular un modelo de negocio viable a largo plazo.
Si, pero...
Desde el ámbito industrial hay apoyo, pero también advertencias. La UIC, donde tiempo atrás se registraron horas de debate sobre el caso Fadea, sostiene que la fábrica debe seguir funcionando, aunque reconoce que la operación debe ser técnicamente sólida y jurídicamente ordenada.
Puertas adentro de la entidad, algunos empresarios plantean dudas sobre la capacidad de la Provincia para gestionar compañías complejas, recordando el “histórico” caso de Epec como antecedente de gestión estatal poco eficiente.
Volver a encaminar a la empresa eléctrica requirió de muchos años de gestión y no pocos conflictos internos. Cuando era gobernador, Juan Schiaretti, contador, seguía personalmente la evolución financiera de la eléctrica.
Componente estratégico
También surge una contradicción: una empresa considerada estratégica nacional –concepto también discutible–, como Fadea, podría terminar gestionada por una provincia y eventualmente asociada a una firma extranjera, lo que debilita su valor geopolítico para el Estado nacional, entienden observadores del intento.
En ese plano es un punto sensible el régimen internacional de compensaciones (llamado offset), una práctica habitual en el comercio de defensa entre países.
Solo los Estados nacionales pueden participar de estos esquemas. Si Fadea queda en manos de Córdoba, se perdería esa capacidad, lo cual podría limitar futuras operaciones internacionales.
Por otra parte, mantener a Fadea en la órbita del Ministerio de Defensa presenta sus propios problemas. La empresa nunca es dueña de su propia caja. Los mecanismos burocráticos impiden liberar pagos a tiempo, lo que genera demoras, conflictos sindicales y paralización de actividades.
“Si la provincia se queda con Fadea, no debe perder plata”, recalcan.
Córdoba argumenta que una gestión más ágil y a poca distancia (el Panal está a minutos de distancia) podría destrabar ese cuello de botella, siempre y cuando se le garantice autonomía operativa y recursos.
En definitiva, lo que está en juego no es sólo la propiedad de una fábrica, sino su sentido estratégico. Para Córdoba, Fadea representa patrimonio industrial y capital simbólico. Para Nación, una carga financiera, aunque con valor geopolítico.
Y para la industria, un actor que no puede desaparecer sin afectar la memoria del ecosistema productivo local.
