Como se esperaba, la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para acercar las posiciones entre Córdoba y la Nación por la deuda por la Caja de Jubilaciones provincial tuvo un resultado dentro de las expectativas previas.
En un encuentro que duró cerca de una hora y media, representantes del Máximo Tribunal escucharon a las partes y convocaron a retomar la reunión en 15 días, en la primera semana de mayo.
Según trascendió, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue el primero en exponer. Concretamente, exigió el pago de la totalidad de la deuda (se estima en cerca de un billón de pesos, incluidos los intereses) y, algo clave, la restitución del flujo de fondos mensuales que se cortaron por completo desde la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada.
Los representantes de la Nación, como era previsible, pusieron en discusión los números expuestos por la Provincia, argumentando que una buena parte de esa cifra todavía debe ser auditada.
Gesto político
La presencia de Llaryora en esta primera audiencia (no estará en la próxima, que será más técnica) fue un evidente gesto político, con la idea de evidenciar que se trata de un tema clave para Córdoba.
Basta decir que el déficit de la Caja ronda los $ 20 mil millones mensuales, un verdadero “agujero” para las arcas provinciales.
Entre los representantes nacionales estuvieron funcionarios de Anses y del Ministerio de Economía. En representación de la cartera que conduce Luis Caputo estuvo presente el titular de la Secretaría Legal y Administrativa, José Ignacio García Hamilton.
En un encuentro del que participaron hablando prácticamente todos los presentes, Córdoba exigió la restitución inmediata de los fondos adeudados y el regreso de los envíos periódicos.
Si esto no se produce en términos razonables, la idea de la Provincia es ir por el pedido de una medida cautelar que obligue al Estado nacional a cubrir el déficit del organismo previsional cordobés. Es decir, que retituya los envíos mensuales, mientras siga la discusión judicial por la deuda.
Si bien hay una decena de provincias en la misma situación, la convocatoria de la Corte comenzó por Córdoba porque fue la primera que inició el camino judicial y, además, porque es la que tiene los números más ordenados en materia de cálculo de la deuda y recopilación de pruebas.
En el equipo de Llaryora saben que la Nación no tiene fondos y que el superávit que logró en estos meses es algo innegociable para Milei, toda vez que es una de las anclas inflacionarias. Igualmente, más allá de que en el Panal entienden que será difícil conseguir que la Corte obligue a Anses a pagar todo lo adeudado, esperan que sí imponga una reapertura del flujo de fondos mensual.
En 15 días, cuando se vuelvan a reunir, la expectativa es que la Nación presente alguna propuesta.
Más allá de esto, en el Centro Cívico no tienen pensado levantar la cuestión judicial para seguir negociando la deuda. Saben que legalmente tienen todas las ventajas, por jurisprudencia y por un cúmulo de cuestiones que la avalan.
Además de Llaryora, estuvieron el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el ministro de Justicia, Julián López, y el máximo funcionario de la Caja, Adrián Daniele; además de los patrocinadores legales de la Provincia. La audiencia fue conducida por el secretario de Asuntos Originarios, Alejandro Rodríguez, encargado de las causas que se tramitan directamente ante los estrados del máximo tribunal cuando hay conflicto entre provincias, o entre ellas y el Estado nacional.
Según el parte oficial de la Provincia, en su presentación Llaryora expresó su deseo de encontrar soluciones definitivas al reclamo de la deuda previsional. Luego, añadió que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, lo que más allá de las tendencias políticas que gobiernan la Nación “se evidencia una preocupante conducta del Gobierno central, que avanza sobre los derechos de las provincias y afecta tanto al federalismo como al funcionamiento de la República”.
“Pero en este caso, es más grave aún, porque además de reclamar por las dos demandas realizadas por el ex gobernador Juan Schiaretti, de abril y mayo de 2023, hoy enfrentamos la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que por Ley debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba”, expresó Llaryora ante la Corte.
“Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con la provincia de Córdoba y las demás jurisdicciones con Cajas no transferidas, al suprimir de manera unilateral e inconstitucional las partidas del presupuesto 2023, dos veces prorrogado para el año 2024 y 2025. Con ello se pretendió legalizar la afrenta flagrante de llevar los giros obligatorios de la Nación a la provincia para cubrir el déficit previsional de la Caja a cero pesos”, agregó.
Llaryora consideró que tal situación es una “violación de los principios y normas que rigen la Ley de Presupuesto Nacional, establecidos en la Constitución Nacional, que alcanza a lo dispuesto en materia de coparticipación federal, y que no pueden ser suplidos por un Decreto”.
No fue posible conocer de fuentes nacionales una versión de la reunión. De manera extraoficial, desde el Ministerio de Economía se indicó que hubo “acuerdo en trabajar en conjunto para la solución del conflicto e ir presentado a la Corte los avances acordados”. En 15 días se presentaría el primer avance.
Poco apuro
Pese al prolongado incumplimiento de Anses, la Corte se tomó un buen tiempo para avanzar. Hay que recordar que la denuncia fue presentada hace dos años por el exgobernador Juan Schiaretti.
En ese entonces, motivó la presentación la falta de actualización de los montos de los envíos por parte del Gobierno de Alberto Fernández.
El Gobierno anterior cumplía con los envíos acordados, por lo que se fueron acumulando meses impagos (o abonados a medias), más los intereses. Tampoco Cristina Fernández estaba al día con la deuda.
Lo peor llegó con Milei, que aplicó la “motosierra” a las transferencias desde que asumió en la Casa Rosada.
El gobierno del libertario no envía recursos a la Caja de Jubilaciones de Córdoba desde hace 15 meses. Hoy, el déficit es cubierto por una ingeniería financiera que incluye transferencias del Tesoro provincial, aportes y contribuciones complementarios de los activos y diferimiento de la aplicación de los aumentos a los pasivos.
Córdoba considera que Anses retiene de manera indebida los recursos que son de las provincias, de allí la importancia que tiene para los otros distritos no transferidos.
