Córdoba será una rareza electoral. Para las elecciones legislativas de octubre de este año ya se inscribieron 18 listas, entre partidos y alianzas, lo que la convierte en la provincia con mayor cantidad de opciones en todo el país. Según datos preliminares a los que tuvo acceso La Voz, superaría incluso a la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra el 37% del padrón nacional, frente al 8,6% de los electores cordobeses.
La cifra sobresale aún más cuando se la compara con el promedio nacional: en la mayoría de las provincias apenas se registran, para diputados, ocho listas en competencia. Córdoba, con más del doble, aparece nuevamente como un laboratorio de fragmentación política. Aunque resta la oficialización de la Justicia Electoral, los primeros datos ya trazan un escenario singular.
Lo llamativo (o no tanto) es que este exceso de oferta se da a pesar de dos grandes cambios del sistema: la incorporación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).
Para comprender el impacto, conviene repasar el recorrido reciente. En 2023, en pleno auge de la sobreoferta, Córdoba alcanzó un récord con 28 listas en las Paso para diputados nacionales. Esa cifra no fue gratuita porque la ley obligaba a cada partido a imprimir un padrón completo de boletas, y ese costo lo pagaba el Estado. En total, en nuestra provincia se financiaron más de 260 millones de papeletas con aportes públicos, que equivalieron a 760 millones de pesos (unos 2.170.000 dólares al cambio de ese momento).
El antecedente inmediato de 2021 también muestra la inclinación cordobesa a multiplicar las opciones: en aquellas legislativas se habían presentado 23 listas, que recibieron 183 millones de pesos (1.885.000 dólares). La tendencia a la fragmentación, entonces, no es nueva, pero sí llamativa por su magnitud en relación con el peso del distrito.
Uno de los argumentos centrales detrás de la BUP era precisamente frenar esa distorsión. El nuevo formato, utilizado por primera vez a nivel nacional este año, apunta a varios objetivos: garantizar igualdad en la participación de los partidos, al eliminar la necesidad de desplegar fiscales en todos los establecimientos; terminar con el negocio de la impresión de boletas, que permitía a titulares de sellos partidarios apropiarse de fondos públicos; y reducir los costos del proceso electoral.
Al menos en el tema impresión, el cambio es notorio en términos presupuestarios. Según cálculos oficiales, adelantados por La Nación, el costo para hacer la BUP para todo el padrón nacional será de unos 52.000 millones de pesos.
Para Córdoba, con 3,1 millones de electores, la cifra rondaría los $ 4 millones (unos 3.100.000 dólares). Es decir que, medida en dólares, sería más cara que en las elecciones anteriores. Aunque para afirmarlo habrá que esperar hasta la confirmación oficial.
Nota: en términos de inflación (se hizo un cálculo entre julio de 2023 y julio de 2025), el incremento real es de 6%.
Récord de listas
Paradójicamente, la reducción del gasto no vino acompañada de una reducción equivalente en la cantidad de listas. El segundo elemento que explica el escenario actual es la suspensión de las Paso por decisión del Gobierno nacional. Al no existir esa instancia previa, muchos partidos quedaron sin un mecanismo institucional para dirimir sus internas.
Lo que en otros contextos hubiera derivado en acuerdos o fusiones, en Córdoba se transformó en rupturas y candidaturas múltiples. Varios intentos de alianzas opositoras se desmoronaron en el camino y en ese clima, algunos sectores menores (en especial los satélites de los grandes partidos nacionales) decidieron inscribirse por separado.
Aunque la proliferación de listas suele interpretarse como un síntoma de vitalidad democrática, en Córdoba tiene un sesgo político concreto. La mayoría de las propuestas inscriptas en 2025 se presentarán bajo la etiqueta de “libertarias” o son desprendimientos de Juntos por el Cambio. Eso significa que la fragmentación podría golpear con más fuerza a la oposición y, de manera indirecta, terminaría beneficiando al peronismo cordobés.
Se sabe: la dispersión divide a un mismo electorado y dificulta consolidar un polo competitivo frente al oficialismo.
Más allá del juego político, hay un elemento práctico que impactará directamente en los votantes: el diseño de la BUP en Córdoba. La Justicia Electoral ya definió que, con 18 listas inscriptas, la boleta medirá 14,24 centímetros de alto por 46,3 centímetros de ancho; es decir, el ancho de una hoja A3 y la mitad de su altura.
Cada casillero disponible para un partido tendrá apenas 2,5 centímetros para mostrar logo, foto y los cinco primeros candidatos.
La experiencia cordobesa demuestra que estos detalles no son menores: en elecciones provinciales pasadas, los problemas de diseño de la Boleta Única tuvieron incidencia directa en los resultados, especialmente en la Legislatura y en el Tribunal de Cuentas. Muchas personas marcaron solo el casillero de “a gobernador” pensando que era el de “lista completa”, dejando sin marcar al resto.
El tamaño de las fotos, la ubicación de las listas y la legibilidad de las propuestas influyeron en el desempeño de algunos partidos.
La pregunta de fondo es si la sobreoferta electoral puede terminar jugando en contra de los votantes. Tener 18 opciones en un mismo casillero de boleta puede resultar, en la práctica, un desafío para identificar diferencias. ¿Podrá un elector distinguir con claridad entre tres o cuatro listas que se autodenominan libertarias con colores y logos similares? ¿O entre partidos satélite con nombres parecidos a los de fuerzas nacionales? La BUP promete equidad, pero también pondrá a prueba la capacidad de la gente para navegar un menú cada vez más complejo.
En definitiva, Córdoba se encamina a otra elección marcada por la fragmentación. De 28 listas en 2023 se pasa a 18 en 2025: una reducción, sí, pero todavía encima de la media nacional (Santa Fe no llegaría a 15, por ejemplo) y de las 23 que hubo en 2021.
En total, a nivel país, la cifra superaría las 205 listas para diputados.
El nuevo esquema de boleta única logró derribar el “negocio” de las boletas sábanas y bajó el gasto público a niveles mínimos. Pero no alcanzó para ordenar el sistema de partidos. Sin Paso y con una oposición atomizada, el resultado es un tablero electoral que, más que simplificar, puede terminar confundiendo.
