La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento del intendente de la localidad de Río de los Sauces, Néstor Fabián Gigena, y la entonces secretaria de Hacienda, Gimena Emilse Muñoz Aribillaga, por presunto peculado respecto a los fondos nacionales enviados para la construcción de casas que nunca se hicieron.
Los camaristas Ignacio Vélez Funes, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi avalaron así el procesamiento dictado en septiembre pasado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa.
Sospechas en la utilización de los fondos
La investigación comenzó en agosto de 2017 a partir de la denuncia del concejal Sergio Mazzoni. Río de los Sauces es un pequeño pueblo de algo de más de mil habitantes, situado en Calamuchita.
La Fiscalía Federal imputó a Gigena y a Muñoz Aribillaga por presuntamente haber sustraído los fondos nacionales para la edificación de viviendas del Plan Más Cerca de la cuenta de la Municipalidad.
Las casas debían comenzar a edificarse a partir de octubre de 2014, y por un plazo de seis meses, con la financiación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Sin embargo, nunca se hicieron.
La Fiscalía apuntó contra los funcionarios por la presentación a la Subsecretaría Vivienda de la Nación (con la que había suscripto el convenio) de certificaciones de obra, porcentajes de avance, facturas de la constructora RyB y rendición de fondos presuntamente falsos.
El convenio establecía que la obra debía realizarse bajo la modalidad de “administración municipal”, es decir, la comuna sería la responsable de administrar, gestionar, proyectar, controlar y disponer de los fondos con tal fin.
El juez consideró que las rendiciones contenían certificaciones y planillas falsas. Al respecto, precisó que en una certificación se detalló que habían sido completados en su totalidad la preparación de terreno, fundaciones, capa aisladora horizontal, mampostería, hormigón armado, losa, techo de madera, revoques, contrapisos, revestimientos sanitarios y aberturas.
La sorpresa llegó cuando Gendarmería corroboró que en los terrenos donde debían estar las viviendas no existía nada. Solo eran terrenos baldíos.
La Inspección de Obras del Ministerio del Interior intimó a la Municipalidad para que regularizara las certificaciones y, eventualmente, devolviera los fondos. El primero de los envíos fue el 17 de setiembre de 2014 (por $ 116.875); y el segundo, el 1° de junio de 2015 (por $ 299.860).
El Ministerio nacional comprobó, en 2017, que las viviendas nunca habían comenzado, y el Ministerio de Desarrollo Territorial intimó nuevamente a la comuna. Pero nunca respondió.
De esta forma, el juez consideró que los funcionarios quebrantaron la esfera de custodia de los fondos y ordenó sus procesamientos. La defensa de Gigena apeló al sostener que el intendente reutilizó los fondos (decreto N° 33/2015, del 3 de julio de 2015), presuntamente, para otras obras de viviendas, pactadas con el presunto constructor de RyB, Claudio Gabriel Raillón.
El hombre, según adujo Gigena, realizó los trabajos y presentó las facturas, abonándole con fondos nacionales y propios del municipio. Justificó el redireccionamiento de dinero por los problemas derivados de las inundaciones, que implicó gastos de materiales y mano de obra en las supuestas viviendas, cuyos beneficiarios fueron individualizados.
La defensa señaló que estas circunstancias fueron omitidas por el juez, a la vez que cuestionó que Gigena hubiera sido imputado por peculado, es decir, cuando un funcionario “sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada”.
Alegó que no existía prueba de que los fondos hubieran salido de la comuna, por lo que, en todo caso, debía analizarse si la conducta de los funcionarios encuadraban en la figura de malversación de caudales (modificar el destino original de los fondos).
Explicó que Gigena, mediante el decreto, redireccionó los fondos por una circunstancia justificable –atender la emergencia social o disminuir los efectos de las inundaciones–. Así, rechazó que fuera acusado, también, por malversación.
Por su parte, la defensa de Aribillaga no actuó con dolo y reiteró el planteo de Gigena de que los fondos nunca fueron sustraídos, sino usados para suplir necesidades sociales. De este modo, solicitó su sobreseimiento amparado en el inciso 3 del artículo 34 del Código Penal (quien causara un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido ajeno).
Por qué la Cámara confirmó los procesamientos
El camarista Vélez Funes sostuvo que durante varios meses de 2014 y de 2015 se realizaron sucesivas extracciones de grandes cantidades de efectivo de la cuenta bancaria del municipio.
Eso, razonó, trajo aparejada una mayor dificultad para establecer la “trazabilidad del destino de los fondos”, lo que, a su vez, constituía al menos un “indicio de que los fondos habrían sido sustraídos” de la custodia municipal.
A la comuna fueron transferidos los mencionados $ 116.875 y $ 299.860, y también $ 273 mil (20/11/2014); $ 255.825 (22/4/2015); $ 500 mil (10/6/2015). Además, se extrajeron $ 150 mil (30/9/2014); $ 100 mil (3/10/2014); $ 25 mil (17/10/2014); $ 180 mil (1/12/2014); $ 200 mil (29/4/2015), y cinco extracciones en junio de 2015 por $ 800 mil.
“La precedente descripción pone al descubierto (…) que las sucesivas extracciones (…) de la cuenta bancaria del municipio habrían traído aparejada una dificultad para que la administración lograse establecer una adecuada trazabilidad del destino de los fondos, circunstancia que constituye, cuanto menos, un indicio de que Gigena y Muñoz habrían sustraído los fondos de la esfera de custodia”, reiteró el vocal.
El camarista también señaló que las planillas, certificaciones y facturas de RyB (presuntamente canceladas en efectivo) habrían sido irregulares. En ese sentido, remarcó que el denunciante declaró que Raillón (de RyB) le había mencionado que él no había construido las casas aludidas por Gigena y que, en realidad, pudieron “haber usado la papelería”. Nunca se encontró a Raillón ni su domicilio.
Para Vélez Funes, las extracciones y la presunta irregularidad de las facturas son “indicios unívocos de que los imputados habrían sustraído los fondos” nacionales del ámbito de custodia, una “acción típica del peculado”.
Por otro lado, consideró que el decreto fue extemporáneo, posterior a los envíos de fondos, a las extracciones y a la primera certificación de obra y a la rendición de cuentas. “Habría constituido un intento de regularizar una situación que, desde septiembre de 2014, no se habría ajustado a los trámites previstos por la normativa aplicable al manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas”, señaló.
A pesar de que no existen constancias de que el municipio haya notificado en tiempo y forma sobre el decreto al Tribunal de Cuentas, Gigena manifestó que el texto fue comunicado previamente al ministerio, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.
El vocal subrayó que “la causa de la emergencia” (las inundaciones) alegada por el Municipio fueron en marzo de 2015, “es decir, seis meses después del primer desembolso de fondos, circunstancia que deslegitimaría en cierta forma los fundamentos del decreto”.
La Cámara ordenó al juez Ochoa peritar las cuentas municipales y citar a Raillón y a los supuestos beneficiarios de las obras.
En una anterior causa, Gigena había quedado envuelto en otro pleito, al denunciar a su antecesor, Carlos Acosta, quien fue imputado por administración fraudulenta y malversación, junto con la exsecretaria de Hacienda, Edith Roth, acusada de peculado.
Acosta y Roth fueron absueltos y el fiscal de Cámara pidió, en cambio, investigar a Gigena.
