Franco Saillén, líder opositor denunció penalmente en la Justicia federal de Córdoba a Sergio Fittipaldi, reelegido este jueves como secretario general de gremio de la Limpieza (Soelsac) al encabezar una lista única en medio de un nuevo capítulo de la controversia en la interna del sindicato.
La lista oficialista que encabezó Fittipaldi consiguió más de 3.000 votos, de los 17.450 afiliados que estaban habilitados para votar. Para Fittipaldi, con el resultado de las elecciones se terminó la disputa por el poder en el gremio, que viene desde hace varios meses.
Denuncia penal de Saillén contra Fittipaldi
Tras los comicios, el opositor Saillén -hijo del titular del Surbbac, Mauricio Saillén- lo denunció penalmente y solicitó la clausura del sindicato y la suspensión de los comicios realizados, según indicaron fuentes judiciales a La Voz.
La presentación recayó en la Fiscalía Federal N° 3, a cargo de Maximiliano Hairabedian (Juzgado Federal N° 1, de Alejandro Sánchez Freytes), y alcanza no solo a Fittipaldi sino también a Omar Yasín, secretario de Trabajo de la Nación; Claudio Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales, y a la Junta Electoral, compuesta por Ana Soledad Vaca Vercellone; Natalia del Vale Moreno y Maribel Aregue.
Saillén indicó que se consumó “un hecho delictivo que reviste gravedad institucional” en referencia a las elecciones que se realizaron este jueves. El gremialista indicó que la jueza nacional de Trabajo N° 53, Bibiana Díaz, había dispuesto el pasado miércoles la suspensión de los comicios de renovación de autoridades hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
La convocatoria a las elecciones había sido impugnada por el dirigente Rodrigo Vélez, en su carácter de afiliado y candidato a secretario general por la lista Alianza Soelsac, la tercera lista que intentaba participar de la renovación de autoridades. En la denuncia penal, Saillén resaltó que Vélez ya había notificado de la medida de la jueza al sindicato y a la Secretaría de Trabajo de la Nación, con lo cual ya habían tomado conocimiento de la cautelar.
Unas horas después, del fallo de Díaz, Trabajo de la Nación rechazó la impugnación de Vélez, con lo que Fittipaldi continuó con la convocatoria electoral que lo consagró ganador, sin oposición.
“Aun así y habiendo cumplimentado con todos los recaudos, pasando por encima de una legítima resolución emanada del órgano jurisdiccional competente, el señor Fittipaldi procedió a la realización de elecciones, violando flagrantemente una decisión de la autoridad competente. Estas elecciones se llevaron a cabo con la constitución de numerosas mesas, teniendo como asiento principal la sede del gremio”, se indicó en la denuncia penal patrocinada por el abogado Eduardo Gómez Caminos.
“Lisa y llanamente estos son los hechos probados configurativos de un hecho delictivo, cuyos efectos solicitamos se hagan cesar de manera inmediata”, se indicó y consideró que Fittipaldi y los demás denunciados incurrieron presuntamente en el delito de “desobediencia a la autoridad”.
“En virtud de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia dispuso al suspensión del proceso electoral de renovación de autoridades convocado para el 7 de marzo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, estaría incurriendo en el delito de desobediencia a la autoridad todo aquel que participare o prestase colaboración para llevar adelante las elecciones, que expresamente la Justicia ordenó suspender”, se indicó.
“No caben dudas de que nos encontramos frente a destinatarios determinados a quienes la autoridad pública competente les notifica una prohibición, y a partir de este momento están en conocimiento de que su incumplimiento lesiona un bien jurídico protegido”, advirtieron.
“Es de suponer que, al tiempo en que hubieron de recibir la directiva judicial (salvo que también asumieran funciones de esa naturaleza), el juzgador contó con los necesarios elementos de convicción que lo condujeron a arbitrar una medida de ese tenor”, dijo Saillén en la denuncia.
“En este caso se tuvo en cuenta los restantes requerimientos dirigidos a obtener un pronunciamiento judicial que disponga la suspensión de los efectos de la reunión de Comisión Directiva del 29 de diciembre de 2023 y la asamblea extraordinaria -y de todos los actos derivados de ésta- o la designación de un delegado normalizador no resultan viables, atento a que sobre tales cuestiones subyace un entramado complejo que atenúa la muy intensa verosimilitud necesaria para proceder a la medida cautelar peticionada, aspectos que solo pueden decidirse una vez que se haya garantizado una adecuada bilateralidad”, indicó la denuncia.
“Cualquier conducta que proceda en sentido contrario a lo determinado por el tribunal pondría en riesgo de un daño irreparable vida democrática del gremio. Por lo tanto, queda configurado el delito” de supuesta desobediencia a la autoridad, se señaló.
Contra otros funcionarios
La denuncia también apuntó contra el responsable de Asociaciones Sindicales: “Deberá analizarse la conducta del funcionario, quien habiendo sido notificado de la resolución judicial que ordenó suspender las elecciones emitió una resolución a escasas horas de que comience el acto eleccionario ilegal, con el claro objetivo de evadir dicha manda que conocía perfectamente porque él había sido notificado”.
Pero además pidió investigar a toda autoridad del gremio, fiscales y autoridades electorales y funcionarios públicos que hubieran intervenido en contravención con lo ordenado por la Justicia. Saillén solicitó secuestrar las urnas, la clausura del gremio, la inmediata suspensión del acto electoral y constituirse como querellante particular.
La denuncia se sumó así a la larga lista de controversias y hechos violentos en la interna sindical. En septiembre del año pasado, la trabajadora de limpieza Gabriela Pérez fue asesinada de un disparo cuando participaba de un acto de campaña de Fittipaldi en el club Yapeyú, donde se desarrollaba un almuerzo del Soelsac.
El hermano de la joven asesinada fue detenido, imputado como principal sospechoso de haber realizado los disparos contra la sede del club.
