Uno de los temas más importantes para la economía cordobesa en el corto y mediano plazo es lograr un acuerdo con la Nación por la deuda que Anses tiene con la Caja de Jubilaciones.
No es algo menor: el reclamo, según los números de los técnicos del Panal, es cercano al billón de pesos y crece día a día a medida que se acumulan envíos cancelados e intereses atrasados.
En ese marco, este miércoles tendrá lugar en Buenos Aires una audiencia de conciliación que fue convocada por la Corte Suprema. El encuentro, además, se da en paralelo con una ventana abierta de negociaciones entre la administración de Martín Llaryora y la de Javier Milei por deudas y acreencias mutuas.
En el Centro Cívico estiman que la deuda nominal supera los $ 300 mil millones y se va cerca del billón con los intereses. Llevarán el reclamo el propio Llaryora; el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el máximo funcionario de la Caja, Adrián Daniele; además de letrados de la Provincia.
Córdoba será la primera provincia, de las 13 que no transfirieron sus cajas, que llega a esta instancia judicial y se especula que lo que se decida sentaría jurisprudencia.
Deuda de la Nación con Córdoba
Pese al prolongado incumplimiento de Anses, la Corte se tomó su tiempo: la denuncia fue presentada hace dos años por el exgobernador Juan Schiaretti. En ese entonces, motivó la presentación la falta de actualización de los montos de los envíos por parte del Gobierno de Alberto Fernández.
Alberto no cumplía con los envíos acordados, lo mismo que había hecho antes Mauricio Macri durante sus cuatro años en la Casa Rosada, por lo que se fueron acumulando meses impagos (o pagados a medias), más los intereses. Tampoco Cristina Fernández estaba al día con la deuda.
Lo peor llegó con Milei, que aplicó la “motosierra” a las transferencias desde que asumió en la Casa Rosada.
Córdoba considera que Anses retiene de manera indebida los recursos que son de las provincias.
Caja de Jubilaciones de Córdoba: que puede pasar en la Corte
Las expectativas cordobesas no son desbordantes. Aunque saben que les asiste la razón, lo cierto es que la Corte no se caracteriza por ser demasiado expedita en este tipo de casos.
Además, un hipotético fallo a favor no necesariamente sería por el monto reclamado y, aunque lo fuera, nada asegura que la Nación lo cumpla de inmediato.
La apuesta de Llaryora es incluir la deuda por la Caja dentro de los acuerdos que deriven del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, al que Córdoba adhirió el año pasado y por el que hay reuniones.
En la “bolsa” que podría destrabar el conflicto entran deudas y acreencias de ambas jurisdicciones y otras formas posibles de pago por parte de la Rosada: básicamente, bienes nacionales.
Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mostró públicamente el avance posteando en sus redes una foto con Llaryora y Acosta con el texto: “Avanzaremos prontamente con la firma del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”.
Extraoficialmente, se especula que Milei podría ofrecer como parte de pago algunos inmuebles o activos que le interesan a Llaryora.
En esa lista estarían las más de 11 mil hectáreas de la Reserva Natural de Defensa La Calera, que el Ejército usa para maniobras militares, la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero, que pertenece a la empresa mixta con mayoría estatal Nucleoeléctrica (la Nación la quiere privatizar) y, tal vez, Fadea.
Todo es en potencial, porque concretamente no hay mayores confirmaciones respecto de los bienes que serían moneda de cambio ni del “efectivo” que había en el medio, si es que lo hay.
