Varios de los legisladores cordobeses que desde Juntos por el Cambio cuestionan al Frente de Todos por el populismo, la emisión descontrolada y el déficit no están dispuestos a votar el primer ajuste que se apresta a hacer el peronismo kirchnerista en años. Pero tampoco todos los diputados cordobeses que respaldan a Alberto Fernández desde el Frente de Todos aceptan votar el acuerdo del que depende la sustentabilidad política del Presidente. En ambos espacios hay diferencias entre los legisladores.
Desde Córdoba Federal, el bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti, pasaron del temprano anuncio de que darían cuórum y abstendrían a advertir que –llegado el caso– evitarán que el país caiga en default. A renglón seguido, recalcan que nada tendrán que ver con las medidas económicas acordadas entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional para llegar al acuerdo que evite el default.
La posición del peronismo cordobés se parece mucho a la que impulsan los radicales, que entienden que Juntos por el Cambio no puede desentenderse de la deuda que tomó en 2018. El macrismo no piensa lo mismo: la frase que patentiza la contradicción mayor del PRO es que el acuerdo de refinanciación con el FMI es “una bomba de tiempo”. Como si el endeudamiento inicial hubiese sido en algún momento sustentable.
La discusión legislativa sobre el entendimiento con el FMI se reduce –tanto en Córdoba como en el país– a especulación política plena, con frecuentes extremos de oportunismo y liviandad en todos los frentes.
El resultado de esa votación que esta semana se produciría en Diputados todavía es un enigma, aunque crecen las chances de que se imponga la salida más argentina de todas: un aval mayoritario a la refinanciación del FMI y muy poco apoyo a las medidas económicas que prevé el acuerdo, entre ellas, suba de impuestos y reducción de los subsidios a los servicios públicos. Demás está decir que es para aplicar esas medidas que Alberto Fernández decidió desde el vamos ir al Congreso a buscar respaldo político.
Mauricio Macri no fue al Congreso al momento de contraer la deuda y por estas horas parecen ser muchos los legisladores que lamentan que ahora sí haya que votar. Los macristas pretenden un ajuste que fulmine las chances políticas del peronismo en 2023 y el Frente de Todos está al borde de la fractura porque los diputados de La Cámpora consideran que el FMI impuso condiciones abusivas y no toleran la supervisión permanente del organismo multilateral. Sólo el albertismo tiene la expectativa de que el Presidente pueda salir fortalecido de este trance.
Sin alarmas en el Panal
Puertas adentro del Gobierno de Córdoba, las lecturas iniciales sobre el impacto directo que las medidas económicas puedan representar para la Provincia no encienden alarmas por el momento. Lo que más preocupaba era la posibilidad de cambios en la estructura previsional de la que depende el financiamiento de la Anses a la Caja de Jubilaciones. Pero el schiarettismo entiende que no hay riesgo en ese frente: la Nación sólo menciona el regimen especial que beneficia a jueces y diplomáticos, cuando se refiere a cambios previsionales.
La anunciada disminución de los envíos no automáticos de la Nación a las provincias tampoco representa una amenaza. Los ATN disminuyeron abruptamente desde las Paso del año pasado y nadie en el Centro Cívico esperaba que volvieran a incrementarse desde que el peronismo cordobés pasó a definirse como opositor al Gobierno nacional.
Otro hecho que calma las aguas: el paquete prevé mayor recaudación nacional de Bienes Personales –es el objetivo prioritario del revalúo de inmuebles– y del impuesto a los combustibles. Ambos son coparticipables, es decir que reportarán también fondos extras a las provincias. Hasta el momento no se habló de suba de retenciones al trigo o el maíz –la soja ya está en el tope legal–, que sí generarían inmediato rechazo en Córdoba.
Ese revalúo de inmuebles estaba previsto desde hace años: figuraba ya en el Consenso Fiscal que firmaron el Gobierno de Cambiemos y los gobernadores. En Córdoba representa un riesgo para el campo, ya que el peronismo mantiene subvaluadas las tierras más costosas del país justamente para evitar mayor tributación a la Nación. En cambio, aplica fondos específicos a los propietarios de campos que mantienen actualizada la recaudación provincial. Dado la fuerte alianza del schiarettismo con el agro, es posible que ese punto genere airados rechazos de la Provincia.
La disminución de los subsidios energéticos generará subas mayores a las previstas en la electricidad y el gas. A la Provincia le preocupa especialmente el impacto en las facturas de Epec: los cordobeses –que ya pagan una de las tarifas más altas del país– culparán a Schiaretti por toda la suba, sin importar cuánto dependa de Nación y cuánto de la ineficiencia de la empresa provincial. El incremento del gas inicialmente seguirá amortiguado por la baja que supuso el régimen de zona fría para buena parte de los usuarios.
Lo que sí se actualizará, y con mayor fuerza, es el reclamo schiarettista por la equidad. Los subsidios que se recortan son los que comprenden a todo el país. Los subsidios extraordinarios del Área Metropolitana de Buenos Aires no se afectan mayormente con el ajuste: los aportes nacionales a Aysa, Edenor y Edesur continuarían, y el 85% de los fondos que van al transporte seguirían quedando en el Amba. La principal bandera nacional de Schiaretti seguirá flameando.
