El conflicto entre los gremios que representan a los empleados del Estado provincial y la administración de Martín Llaryora recrudeció en las últimas horas, y los hospitales públicos son la principal caja de resonancia. Este miércoles, el plenario de sindicatos con representación en el Estado decidió plegarse al paro nacional del próximo miércoles 24, en una queja concurrente contra Javier Milei y el gobernador cordobés.
El martes, Llaryora decidió acelerar el conflicto: por un lado, la Secretaría de Trabajo informó a los sindicatos que representan a los empleados estatales que el nuevo Gobierno provincial desconocía la paritaria, por lo que no liquidará con aumento acorde a la inflación los salarios de diciembre (retroactivo) y enero.
En paralelo, el mandatario anunció que descentralizará la gestión de los hospitales en sus directores, lo que puso en pie de guerra a la Unión de Trabajadores de la Salud.
En Huinca Renancó, Llaryora se refirió a la necesidad de fortalecer la salud pública: “En esta crisis económica, muchos no van a tener obra social, no van a poder pagar una prepaga, van a tener que ir a un hospital público. Entonces, nos tenemos que preparar para ser más eficientes y para poner más inversión”.
En este sentido, remarcó la trascendencia del Programa de Fortalecimiento Hospitalario anunciado el martes, el cual cuenta con un fondo de más de 7 mil millones de pesos, alentando la descentralización y permitiendo que los directores de los 44 hospitales públicos provinciales puedan resolver de forma rápida y eficiente las dificultades diarias de su funcionamiento.
Cruce
Ante esto, la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) salió al cruce.
”Al parecer el gobernador no quiere gestionar el sistema de salud y prefiere transferir las responsabilidades que implica esa tarea. Propone volver a una desarticulación que no tiene nada de novedoso y que ya fracasó. Incluso en 2013, hace ya más de 10 años, originó un duro conflicto en salud por la falta de insumos y los casos de corrupción que había traído consigo la descentralización de las compras”, dijo el gremio.
La UTS también acusó al gobernador de “insistir con las amenazas y mentiras al señalar que el personal de salud pública sería privilegiado en relación a los salarios comparados con el sector privado e insistiendo en el discurso de la eficiencia y productividad”.
El gremio insistió que hay un “intento de imponer la lógica del negocio privado en la salud pública”. Es un tiro directo contra Ricardo Pieckenstainer, flamante ministro de Salud y exdirector del Hospital Privado. Lo acusan, directamente, de “pretende ajustar la salud pública y continuar con las privatizaciones de servicios y negociados con el sector corporativo de la salud privada”.
“Es una campaña de desprestigio contra el personal de salud. Los números (que da Llaryora) son mentirosos: ningún hospital puede funcionar con 60 por ciento de ausentismo, es una mentira flagrante”, dijo Gastón Vacchiani, de la UTS
Pablo Igarzábal, referente de la Gremial médica del Hospital Córdoba, también cuestionó a Llaryora: “Después de la pandemia no aprendieron nada, dijimos que la atención a la salud se iba a resentir, que se iban a atrasar las cirugías, lo planteamos hace tres años y los argumentos son que la culpa es de los médicos”.
Paritaria suspendida
Aunque el martes funcionarios del Gobierno aseguraron que la convocatoria a los gremios de estatales era inminente, hasta la tarde del miércoles eso no había ocurrido. La Provincia analizaba una serie de medidas que implicarían un recorte salarial, con incrementos por debajo de la inflación o con el recorte de una hora de trabajo.
En el cálculo oficial, la disminución de la jornada en una hora representa un 17 por ciento del salario.
