En pleno receso legislativo, comenzó a generarse un caldo de cultivo que puede traerle al Gobierno un dolor de cabeza. La oposición más dura se levantó contra dos recientes decretos del presidente Javier Milei, el 1107/24 y el 1112/24, que habilitaron a las Fuerzas Armadas a intervenir ante amenazas y agresiones terroristas, de forma tanto disuasiva como efectiva, y a proteger los denominados “objetivos de valor estratégico”.
Convencidos de que el Gobierno abrió la puerta a la represión interior, diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron proyectos contra ambos decretos y buscan instalar el tema en agenda para sumar el rechazo de más bloques.
Los decretos fueron publicados la semana pasada en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), y parecen tener un ánimo de revancha ante el fracaso de un proyecto similar enviado por Milei a Diputados a principios de agosto.
Rechazo de la oposición a los decretos de las Fuerzas Armadas
Unión por la Patria advirtió que los decretos exceden las atribuciones del Poder Ejecutivo establecidas en la Constitución Nacional. En su proyecto, que fue liderado por un diputado riojano, Ricardo Herrera, el bloque expresa “profunda preocupación por los avances del Poder Ejecutivo sobre las facultades exclusivas e indelegables del Poder Legislativo”.
El kirchnerismo alertó que el decreto 1107/24 contiene numerosas “diferencias y contradicciones” con la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional y con la Ley de Seguridad Interior, por lo que se creó prácticamente una nueva normativa que amplía la participación de las FFAA (actualmente limitada a estados de sitio o intervención federal) a tareas de seguridad interior, como el combate al narcotráfico y el terrorismo.
En ese marco, las FFAA tendrán la misión de custodiar los “objetivos de valor estratégico”, que fueron definidos como “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y entidades materiales de vital importancia para el Estado Nacional, que en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la Nación”.
No obstante, será el Ejecutivo el que determine cuáles son esos objetivos, y en la oposición lo consideran riesgoso. Para Unión por la Patria, la definición es “vaga, imprecisa, arbitraria y discrecional”.
El decreto 1112/24, en tanto, establece que la misión “principal” de las FFAA es “actuar de manera disuasiva o efectiva en los conflictos originados por amenazas y agresiones de origen externo que se desarrollen o incidan en los espacios terrestres, marítimos, fluviales, lacustres, aeroespacial, ciberespacial y en el espectro electromagnético”.
En este caso, Unión por la Patria señala con preocupación que se debilita el Consejo de Defensa Nacional (Codena), un organismo con integración política destinado a asesorar al presidente ante los conflictos. En cambio, apuntan que el decreto “centraliza las decisiones” en el Ministerio de Defensa, al mando de Petri.
Por su parte, la diputada Vanina Biasi (Partido Obrero-Frente de Izquierda) presentó otro proyecto para anular ambas medidas de Milei. “El combo represivo de los decretos 1107 y 1112 abre paso a que las FFAA y el Ejército intervengan en la represión interna, frente a ‘potenciales amenazas o agresiones’ definidas por criterio arbitrario del propio gobierno”, lamentó.
Biasi sostuvo que “se le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de definir ‘objetivos de valor estratégico’ como edificios, rutas y calles, que serán custodiados por las FFAA”, pero “esa carta podría aplicarse para militarizar, desalojar y reprimir con el Ejército ocupaciones de fábricas o lugares de trabajo”.
“Un Congreso que no reacciona frente a esto es un Congreso que delegó sus funciones legislativas en un gobierno de ajustadores y represores; un Parlamento de ciencia ficción”, sentenció Biasi.
Los decretos que amplían la actuación de las Fuerzas Armadas
Milei ya había enviado a Diputados un proyecto para habilitar la intervención de las FFAA en tareas de seguridad interior. La iniciativa fue tratada en varias reuniones informativas de la Comisión de Defensa Nacional, que preside Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), pero el oficialismo nunca logró consensos para dictaminar.
El proyecto fue defendido por Petri y también expusieron, en tono crítico, sus antecesores Agustín Rossi y Horacio Jaunarena, además del ex jefe del Estado Mayor Conjunto Juan Martín Paleo, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Diego Luís Suñer, y el abogado constitucionalista Félix Lonigro.
