La Cooperativa Horizonte, que desde hace más de cuatro décadas impulsa el acceso a la vivienda social en Córdoba, denunció públicamente que la Municipalidad capitalina impone condiciones irregulares para garantizar el acceso al agua potable en nuevos barrios cooperativos.
En una solicitada publicada este domingo en La Voz, expuso que el conflicto comenzó en 2023 y afecta actualmente a siete barrios donde viven 2.506 familias. Pero según la entidad que preside Carlos Moro y cuenta con el asesoramiento de su fundador, Julián Benassi, podría extenderse a todos los barrios futuros y alcanzar a unas 20 mil viviendas en más de 100 urbanizaciones.
En concreto, los barrios donde ya se desató la problemática son: Villa Retiro de Horizonte (con 59 viviendas), Villa Retiro de Horizonte II Anexo (477), Villa Retiro de Horizonte IV (257), Villa Retiro de Horizonte V (149), Robles de Horizonte III (57), Ituzaingó de Horizonte (638) y Católica de Horizonte (869).
En la solicitada, Horizonte reprodujo conceptos elogiosos efectuados en su momento por parte del intendente Daniel Passerini para con la Cooperativa, sus directivos y el método de trabajo.
Pero remarcó que, después de eso, el jefe municipal, “sin ningún tipo de respaldo normativo”, terminó exigiendo “extorsivamente” a los usuarios de la Cooperativa que ejecuten “voluminosas obras públicas de ampliación de redes de agua (que corresponde ejecutar al municipio) a cambio de no privarles del derecho de acceso al agua potable definitiva”.
Según la denuncia, la Municipalidad delega en Aguas Cordobesas el trámite de factibilidad técnica, pero “sin ningún respaldo normativo” exige que la cooperativa, y por ende los adjudicatarios, “asuman los costos de obras millonarias de ampliación de redes de agua potable”.
Ello derivó en una denuncia penal contra la empresa concesionaria del servicio, en noviembre de 2023. Luego, esa presentación se extendió hacia los funcionarios de Desarrollo Urbano, Infraestructura y del ente municipal de agua potable, entre otros, por incumplimiento de sus deberes. La denuncia está en etapa de investigación preliminar.
En forma paralela, la Cooperativa presentó dos amparos para que el municipio provea el agua que reclama, lo cual tuvo apoyo judicial al menos en uno de los casos: el barrio Villa Retiro de Horizonte, donde el agua para las 59 viviendas habilitadas se distribuye por camión.
Ante una consulta de este medio, fuentes del Palacio 6 de Julio prefirieron no ahondar en comentarios.
Como elemento complementario, sólo apuntaron que la provisión de servicios entre el municipio y el sector privado “es un consenso”, aunque no se extendieron y esperarán a los próximos días.
Sistema continuo
La Cooperativa explicó que opera bajo un sistema de vivienda continuo desde 1982, lo que implica que no trabaja “con planes cerrados de 30, 100 o 500 casas, sino que adjudica viviendas de forma ininterrumpida a partir del esfuerzo compartido entre sus asociados”.
A fin de mes –el 29–, adjudicará su vivienda número 20 mil. “Estas obras que pretende ahorrarse el municipio a costa del usuario hacen inviable la vivienda social. Resultarían impagables para vastos sectores menos acomodados de la sociedad”, advierten desde la entidad.
Las redes internas de cada barrio son construidas por los propios asociados, quienes financian la ejecución de tramos cortos de conexión de hasta 200 metros a la red pública, “siempre que no se los obligue a asumir el financiamiento de obras estructurales que deben ser responsabilidad del Estado”, sostiene Horizonte.
El cambio de criterio se produjo en 2023, bajo la gestión de Martín Llaryora, actual gobernador. En ese período, la Municipalidad comenzó a exigir a la cooperativa que financie y construya extensiones completas de redes para permitir el acceso al agua en los nuevos barrios, según recordó la entidad.
“Es un cambio de reglas que hace inviable el sistema. Las obras son costosísimas y de cuantía exorbitante. Y como están pensadas para abastecer a grandes zonas de la ciudad, terminan favoreciendo a terceros mientras se cargan sobre las espaldas del asociado cooperativo”, refrendó, al explicar su postura.
Desde la cooperativa sostienen también que esta exigencia contradice la Constitución Nacional, las leyes provinciales y las ordenanzas municipales, que establecen que el acceso al agua es un servicio público esencial que debe ser garantizado por el Estado.
Destino de la contribución
La Municipalidad de Córdoba percibe la Contribución para el Financiamiento de Infraestructura Integral del Sistema Sanitario (Cifiis), justamente para ese tipo de obras. Se trata de un 16% de la recaudación total por las facturas que emite Aguas Cordobesas.
Tanto en Horizonte como a nivel de empresas desarrollistas de Córdoba consultadas por este medio existen dudas acerca de cuál es el destino final de esos recursos. “Hace rato que no hay obras”, sostienen en el ámbito privado, en un marco de absoluta reserva. “El único que puede dar esta batalla es Benassi”, dicen por lo bajo empresarios.
La percepción es que los recursos terminan en rentas generales en lugar de ir al sistema, como lo manda la ley 10.678. La postura del municipio en este punto podría conocerse en los próximos días, según trascendió.
En la Cooperativa, la disconformidad con los modos y las formas de la gestión municipal es total. “La Municipalidad jamás contesta de forma institucional. El intendente nunca responde y lo único que aparece es algún funcionario de cuarta línea que deriva el asunto a Aguas Cordobesas. Pero Aguas Cordobesas es una empresa contratista; no tiene imperio sobre los usuarios”, explicó.
“Nos ponen en la situación absurda de que una concesionaria pretenda imponerse a una cooperativa”. En la empresa concesionaria se asegura que su rol se limita a actuar conforme a las directrices del poder concedente.
Según explican desde la compañía que pertenece al Grupo Roggio, cuando se les informa sobre un nuevo emprendimiento –como ocurre con proyectos de la Cooperativa Horizonte–, se realiza un estudio de factibilidad para determinar si es técnicamente posible llegar con el servicio al predio en cuestión.
Ese análisis contempla dos factores clave: la disponibilidad global de agua en la red y las obras necesarias para extender el servicio. La respuesta inicial al desarrollista suele reducirse a una pregunta básica: “¿se puede o no se puede llevar agua al lugar?”, dicen en la empresa, donde se descarta cualquier intencionalidad.
Falta más agua
En los últimos años, Aguas Cordobesas ha advertido también sobre limitaciones estructurales, en particular la necesidad de ampliar la capacidad del canal Los Molinos-Córdoba, principal vía de abastecimiento de la ciudad.
Pero “todos los fraccionamientos de la Cooperativa tienen certificado de viabilidad técnica otorgado por la propia Municipalidad, lo que incluye densidad poblacional, servicios básicos y demás requisitos urbanísticos”, replican las autoridades de Horizonte.
Tras recordar que Aguas lleva varias décadas en la concesión y el signo político que gobierna Córdoba también, la Cooperativa sostiene que en todos esos años “no se ejecutaron ni las cañerías suficientes ni las plantas potabilizadoras necesarias. Hoy dicen que hay insuficiencias, pero son fruto de obras no hechas durante décadas”.
También recalca que la solución “es clara y legal”. Moro y Benassi piden que cada parte “haga lo que le corresponde”.
“Horizonte pone la tierra, construye las viviendas, administra los fondos y hasta autoprovee muchos de los materiales desde su planta fabril. Lo único que reclama es que la Municipalidad ejecute la obra pública de ampliación de redes de agua potable”, como lo establece la legislación.
El agua “es un servicio público y es el Estado el que debe extender la red. Es lo mínimo”, plantea la entidad. “Ni siquiera pedimos que lo hagan ya; aceptamos soluciones provisorias, como perforaciones o conexiones parciales. Pero no pueden negarnos el agua”, concluyó.
