El cauce que alguna vez significó el fuero Penal Económico y Anticorrupción –creado hace un cuarto de siglo para investigar a funcionarios– parece haberse desbordado en los últimos años, cuando fiscales provinciales de instrucción y fiscales federales se abocaron a estos casos.
Son decenas de funcionarios condenados y centenares bajo investigación, aunque en muchos casos impera en el juzgamiento aquel criterio que Carlos Fayt llamaba “cronoterapia”; es decir, un proceso lento que viola el criterio de “tiempo razonable” y que busca diluir el repudio social.
Al mismo tiempo, la preponderancia de mujeres en la Justicia de Córdoba y la raigambre que tiene la perspectiva de género en Tribunales hicieron que numerosos funcionarios deban enfrentar investigaciones judiciales por hechos de violencia de género y pagar políticamente por aquellos, incluso antes de ser condenados o absueltos.
Dos exministros provinciales están en esta situación: Alfonso Mosquera y Martín Gill.
Aunque ambos fueron expulsados del poder, el primero debería responder además por su responsabilidad funcional: el fiscal penal económico Franco Mondino investiga si el exministro de Seguridad durante la gestión de Juan Schiaretti es responsable del delito de ofrecimiento de dádiva, en calidad de autor, causa derivada del asesinato de Blas Correas. Con él también está imputado el exsubsecretario de Coordinación y Planificación Lucas Mezzano. Esta investigación se inició hace más de dos años.
Hay un tercer exministro que en estos días recibirá sentencia: Diego Cardozo, en el marco del juicio por las muertes de bebés en el Neonatal. Con él, hay otros dos exfuncionarios políticos en el banquillo: Pablo Carvajal y Alejandro Gauto. Los tres fueron parte de “La Carrillo”, una disuelta agrupación de médicos que copó el Ministerio de Salud durante el último gobierno de Schiaretti. Los tres funcionarios fueron acusados por el fiscal de distrito Raúl Garzón.
El fiscal de instrucción Guillermo González fue quien dispuso la prisión preventiva de Gustavo Folli, exjefe de Bomberos y exfuncionario municipal de Martín Llaryora en la ciudad de Córdoba. En un caso similar al de Mosquera, la investigación por su responsabilidad funcional derivó en una causa por violencia de género. Folli está preso, sospechado de liderar una organización criminal junto al también exjefe de Bomberos Sergio Sosa.
El abogado de Folli era Alejandro Pérez Moreno, actual fiscal General Adjunto. Pérez Moreno tenía otro cliente de alto perfil hasta su designación en el Ministerio Público Fiscal: Juan María Bouvier, exjefe del Servicio Penitenciario desde marzo de 2008, durante la primera gestión de Schiaretti, hasta diciembre de 2023, cuando fue detenido. Fue el jefe de las cárceles durante la construcción del “cordobesismo”.
La acusación contra Bouvier la hizo el fiscal Enrique Gavier, de Delitos Complejos: lo acusa de ser el “máximo responsable de la degradación” del Servicio Penitenciario, y sostiene que ya para 2015 las cárceles “se habían convertido en centros de operaciones de múltiples bandas destinadas a estafar libremente desde el interior de los penales, mediante la utilización de teléfonos celulares”.
En el Gobierno provincial entienden que en los hechos los funcionarios son investigados por “múltiples fueros y fiscales”, pero no está decidido que den el paso para eliminar el fuero Penal Económico, supresión que representa una histórica bandera de la oposición.
Intendentes
Además de los casos más resonantes, decenas de intendentes están siendo investigados por la Justicia federal y fiscales de sus localidades, al mismo tiempo que varios fueron condenados por la Justicia ordinaria sin pasar por Anticorrupción.
El caso paradigmático es Diego Bechis, exintendente de Pilar, quien acumuló condenas en ambos fueros. En la Cámara 10ª del Crimen, por defraudación calificada por administración fraudulenta y abuso de autoridad; mientras que en el Tribunal Oral Federal N° 1, por lavado de activos.
El exintendente de Cosquín Marcelo Villanueva fue removido en 2014. En 2016 la causa fue elevada a juicio por la Fiscalía de Cruz del Eje, pero recién fue condenado en 2024, a cinco años y medio de prisión por malversación de fondos.
Quien sí tiene varias causas en el fuero Anticorrupción es Daniel Salibi, el exintendente de Mendiolaza ahora contratado en la Legislatura.
Salibi tiene varios frentes judiciales abiertos: enfrenta dos procesamientos en la Justicia federal y un embargo, una elevación a juicio por abuso de autoridad en la Justicia provincial, que además lo y es investiga en otras tres denuncias. La última fue presentada hace algunas semanas por su sucesora en la Municipalidad, Adela Arning.
En 2020, Salibi quedó involucrado en una causa de facturas apócrifas junto al exintendente de Saldán Cayetano Canto.
El fiscal federal Enrique Senestrari imputó a Salibi y a Canto. Ambos están procesados por administración fraudulenta por la causa de las facturas truchas y se les trabaron sendos embargos. Además de los procesamientos por lavado de activos.
El caso tiene un hito: para justificar su dinero extra, Canto aseguró que había ganado 260 veces en el casino y cinco veces a la Lotería. Estuvo un mes en la Agencia Córdoba Turismo, pero renunció cuando trascendió la imputación de Senestrari.
En la Justicia federal también se espera para este año un juicio que, aunque es sobre las responsabilidades de un sindicato, el Surrbac, puede dar un coletazo sobre la política y las posibles responsabilidades de exfuncionarios de la Municipalidad de Córdoba durante la gestión de Ramón Mestre, la famosa “pata pública” del negocio de la basura.
La perspectiva de género, firme
Más allá del “clima de época” que la cuestiona, la perspectiva de género en la Justicia provincial se consolida en las investigaciones contra funcionarios públicos. El caso emblemático es el de Diego Concha, condenado a prisión perpetua por el “sufrimiento psíquico y moral, originado por el abuso sexual producido” en una subordinada, quien se suicidó.
En el caso de Alfonso Mosquera, quien es defendido por el estudio de Miguel Ortíz Pellegrini, el fiscal Gerardo Reyes elevó la causa a juicio por los delitos de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad, hurto y amenazas, en contra de una mujer policía., pero el expediente no tiene fecha para el desarrollo de las audiencias.
Más alla del punteo de casos que involucra a exfuncionarios, en el Justicia provincial no pasan desapercibidos los rotundos gestos de Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior, respecto la perspectiva de género que ella “acaudilla” pese a los cuestionamiento ideológicos desde el poder político nacional.
