El gobierno de Javier Milei pasó 72 horas sin saber qué hacer en el inicio de su primera crisis política de magnitud. A los principales dirigentes políticos de Córdoba les pasó lo mismo: siguen sin saber qué decir para no incomodar con sus opiniones a los electores que más votaron a Milei en todo el país y que más lo apoyaron hasta ahora.
Es muy notorio el contraste entre el alto nivel de conocimiento e involucramiento de la ciudadanía con la criptoestafa y el aparente desinterés de la cada vez más distraída dirigencia mediterránea. Los primeros sondeos que trascienden –varios encargados por el Panal– indican que más del 85% de los cordobeses está al tanto del escándalo cripto y en redes sociales el episodio tuvo un estruendo superior al de la foto de la fiesta en Olivos en plena pandemia.
En cambio, los principales dirigentes políticos cordobeses estuvieron al margen, como si la era libertaria les hubiese quitado la posibilidad de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Como si hicieran falta encuestas para eso.
El silencio más persistente es el del oficialismo cordobés. Ni Martín Llaryora, ni Juan Schiaretti ni el intendente Daniel Passerini se refirieron al escándalo político ni al rol de Milei en la criptoestafa. Natalia de la Sota volvió a marcar diferencias, en la confirmación de una disidencia permanente.
Lejos y callado
En el Panal agradecen la providencial coincidencia que hizo que la crisis nacional coincidiera con la estadía del gobernador en Arabia Saudita (adonde viajó en busca de financiamiento, sin anuncios concretos). La primera reacción fue lanzar sondeos para saber cómo se posicionan los cordobeses frente al escándalo nacional: el resultado indicó que son críticos del accionar de Milei, pero consideran que Llaryora no debe meterse en el tema ni impulsar una comisión investigadora, y mucho menos adherir a la idea de juicio político impulsada por el kirchnerismo. Fue lo que hizo el peronismo.
El exgobernador Schiaretti, quien está en pleno armado de una alternativa nacional de centro no rompió su mutismo en ningún momento frente a la crisis nacional, y en el peronismo cordobés se inquietan: si no era este, ¿cuándo será el momento de exponer una visión distinta a la de la polarización creciente?
Schiaretti no habló, pero Alejandra Vigo sí tuvo una temprana toma de posición. En la noche del sábado de la semana pasada, horas después del estallido del escándalo, la esposa del gobernador fue de las primeras integrantes del Senado en salir a rechazar el juicio político o una comisión parlamentaria; lo hizo reclamando que la Justicia actúe de inmediato.
Rodrigo de Loredo reiteró el mismo concepto cuatro días después y Luis Juez lo hizo recién el jueves, a la hora de votar en contra de la creación de una comisión investigadora de la conducta presidencial. La senadora Carmen Álvarez Rivero aportó el tercer voto cordobés en defensa de Milei, que zafó por apenas un voto tras una sospechosa maniobra en la que cuatro senadores radicales se dieran vuelta, incluido uno de los firmantes del proyecto.
En los hechos, no hubo ninguna diferencia en sus posturas políticas. Tampoco a la hora de la suspensión de las Paso. Vigo hasta se había mostrado más predispuesta a colaborar con su abstención en la aprobación del pliego del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, antes de que esa iniciativa de Milei quedara temporalmente sepultada por la crisis (Juez y Álvarez Rivero se oponían).
¿Se está negociando una retribución libertaria a la Provincia? Muchos en el peronismo se ilusionan con esto. Otros sólo observan señales desesperadas del Panal a la Casa Rosada por la asfixiante situación del sistema previsional y el riesgo judicial que a esta altura suponen las medidas que mantienen pisadas las jubilaciones en Córdoba.
Adversarios puertas adentro
Puertas afuera, oficialismo y oposición parecen lo mismo. Es probable que la sobreactuación permanente de las diferencias políticas sobre los temas de cabotaje sea una especie de compensación para la tribuna. Esos cruces son cada vez más altisonantes en la Legislatura y llegan a bordear el absurdo.
Por ejemplo, la semana pasada la comisión de Economía analizó 17 proyectos de ley presentados en simultáneo por legisladores opositores para bajar impuestos. En consonancia con el reclamo de los sectores más afectados por el aumento del Impuesto Inmobiliario, todas las bancadas opositoras lanzaron una alegre competencia para la reducción de impuestos que con frecuencia más que evidenciar la preocupación por la presión tributaria exhibe el total desconocimiento de la estructura de financimiento de los servicios del Estado provincial y municipal.
En el caso del radicalismo, la notable campaña por la reducción de los impuestos se realiza en simultáneo con otra que apunta a la restitución del 82% móvil para los jubilados. Para mayor contradicción, la embestida de la UCR contra el aumento del Inmobiliario se produjo después de que la bancada radical apoyara el Presupuesto 2025, que se financia con esos tributos. El bloque juecista actúa con mayor coherencia: se opone a todo con un nivel de escándalo muy inferior al que Rodrigo de Loredo le imprime a los suyos.
La inquietud del diputado se condice con el avance del calendario. Aun cuando no haya Paso, la incertidumbre respecto de lo que los hermanos Milei planean hacer en Córdoba desvela a toda la oposición y De Loredo es el más ansioso: al punto de salir a escrachar a legisladores cordobeses por hacer lo que su propio sector en Diputados y sus correligionarios en el Senado hacen sin ruborizarse: cambiar de posición según las necesidades del Gobierno.
El peronismo disfruta de la escena porque construyó con tres aliados relativamente estables la mayoría legislativa que no le dieron las urnas. Que De Loredo levante el perfil es un deseo permanente del Panal. Que la UCR rompa con Juez es el objetivo de máxima del peronismo desde hace una década: si todo sigue como viene, es probable que eso ocurra. Y todavía falta saber qué hará La Libertad Avanza.
