El intendente de Río Segundo, Darío Chesta (Hacemos Unidos por Córdoba), sorprendió el jueves pasado al exigir la renuncia de todos los integrantes de su gabinete, desde secretarios hasta directores. La medida, inédita en la gestión local reciente, abre una etapa de reestructuración integral en la conducción municipal.
Según explicó el propio intendente a La Voz, la decisión responde a la necesidad de achicar el gasto político y optimizar recursos en un contexto marcado por la baja en la coparticipación y la falta de ayuda del Gobierno nacional.
“Le pedí a todo el gabinete que ponga la renuncia a disposición. Algunos se quedarán y otros tendrán que irse. No queda otra que achicar”, expresó.
La primera medida será una reducción de más del 50% en la planta política, lo que se suma a la disposición adoptada en 2024, cuando se habían disminuido en un 35% los sueldos de los funcionarios.
Además, el municipio iniciará un proceso de “refuncionalización y optimización” del personal, que incluye cambios en las categorías laborales y la reasignación de tareas, con el objetivo de sostener los servicios públicos sin resentir su funcionamiento.
Río Segundo cuenta con más de 100 empleados de planta permanente.
En este nuevo esquema, habrá menos secretarías, con competencias ampliadas y mayor control directo del intendente.
Tensiones y miradas opositoras
Si bien oficialmente se habló de “fortalecer controles y mejorar los servicios”, la decisión generó sorpresa dentro del propio gabinete y abrió interrogantes sobre el rumbo de la gestión. Desde la oposición señalaron que la medida fue comunicada en una reunión encabezada por el asesor letrado y no por el propio intendente.
“Ese día les hicieron firmar a todo el gabinete las renuncias. Para los funcionarios fue una sorpresa”, indicaron.
Voceros opositores incluso sugirieron que la Provincia habría exigido señales de recorte como condición para garantizar la continuidad de fondos hacia el municipio. Según versiones políticas, además de la reducción de cargos, podría haber bajas entre el personal jornalizado, becados y contratados.
Chesta, por su parte, defendió la decisión como un gesto de responsabilidad en medio de la crisis económica. “Los tiempos difíciles exigen decisiones firmes, responsables y con sensibilidad. Este no es solo un gesto político, es una acción concreta para cuidar a quienes más lo necesitan”, señaló en un comunicado.
El intendente aseguró que los salarios de los empleados municipales están al día y que la prioridad es liberar recursos para reforzar la ayuda social a las familias más afectadas por la recesión: trabajadores informales, desocupados y vecinos que no llegan a fin de mes.
Lo que viene
En los próximos días se definirá qué funcionarios permanecerán en sus cargos y cómo quedará configurado el nuevo esquema de gobierno.
La expectativa está puesta en la capacidad del municipio para sostener los servicios en un escenario de ajuste. “Entre esta y la otra semana habrá definiciones”, adelantó Chesta.
Con esta decisión, Río Segundo se suma a la lista de municipios que en los últimos meses avanzaron en recortes de la estructura política y administrativa.
Denuncias de corrupción en paralelo
El cimbronazo político en Río Segundo ocurre también en el marco de dos causas judiciales que involucran a la actual administración.
En la fiscalía de la ciudad de Alta Gracia se investigan denuncias por presunta malversación de fondos en la construcción de una plaza y de un vacunatorio.
Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, quien debió apartarse cuando Chesta nombró como abogado defensor a la expareja de la fiscal. Antes de ese giro, la fiscalía local ya había practicado un allanamiento en la Municipalidad y estaba valorando pruebas.
Desde que la causa pasó a Alta Gracia no se registraron nuevas medidas ni imputaciones conocidas. La Voz intentó comunicarse con esa fiscalía, pero no obtuvo respuesta.
