El escenario judicial en torno a la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad tomó nuevas definiciones. La expresidenta confirmó que el próximo miércoles 18 se presentará en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenida y reiteró los motivos por los que pidió la prisión domiciliaria. A la par, el Partido Justicialista anunció una movilización “histórica” junto a organizaciones sindicales y sociales para acompañar a la exmandataria y evitar que el Gobierno monte un “show” en torno al arresto.
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, confirmó Cristina en la red social X, contrastando su actitud con la del operador judicial macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
Además, la exmandataria recordó que el día de la sentencia, cuando “el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico”, su abogado solicitó la prisión domiciliaria por “estrictas razones de seguridad personal”, ya que fue dos veces presidenta y además sufrió el intento de asesinato en 2022 cuando era vice. “No se trata de un privilegio”, aclaró Cristina.
En ese sentido, el Tribunal Oral Federal Nro. 2, que estableció la condena, recibió este viernes un informe socio ambiental de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que determinó que el departamento del barrio de Constitución donde reside la expresidenta (San José 1111) es adecuado para el arresto domiciliario.
Caravana multitudinaria
En otra jornada de asambleas en la sede de Matheu 130, el PJ convocó a una caravana multitudinaria que acompañará a Cristina a lo largo de los casi 5 kilómetros que separan su domicilio de Comodoro Py, y luego de regreso. “Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa”, es la consigna que lanzó el partido. Esperan la participación de unas 150.000 personas, un número que pondrá a prueba el operativo de seguridad.
El objetivo de la convocatoria es evitar que el Gobierno monte un “show” con la detención de Cristina. “No vamos a permitir que haya ninguna cuestión de humillación ni oprobio en ese camino. Hay mucho morbo en esto, están buscando una foto que nosotros no vamos a permitir”, sentenció desde la sede partidaria Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria y una de las espadas de Cristina.
Los convocantes esperan que la movilización sea “histórica” y que supere la de abril de 2016, cuando Cristina fue a tribunales a presentar un escrito en la causa por la venta de “dólar futuro” y una multitud la escuchó bajo la lluvia durante una hora. “Quiero que estén todos tranquilos. Me pueden citar veinte veces más, me pueden meter presa, pero no me pueden callar”, afirmó en aquella oportunidad.
“Va a superar enormemente (ese antecedente) porque hay mucha movilización espontánea. Va a haber una enorme movilización popular porque lo que está en juego no es el sistema democrático ni el destino de los dirigentes políticos, sino, y sin dramatizar, los destinos de la Patria”, advirtió García, secretaria general del PJ.
El peronismo comenzará a preparar la movilización desde este sábado: por la mañana fueron convocados a la sede partidaria “casi 2.000 intendentes” peronistas de todo el país, de manera presencial y por Zoom, para ajustar la logística. Participará el presidente de la FAM (Federación Argentina de Municipios), Fernando Espinoza.
En tanto, el martes previo a la caravana habrá un doble encuentro en el PJ, primero con Héctor Daer y una comitiva de la CGT, y luego con gobernadores. En la central obrera hay una fuerte presión interna para ir a un paro general como protesta contra la proscripción de Cristina. Esa medida ya cuenta con aval de gremios como SMATA, la UOM y La Bancaria, y también de las dos CTA, lideradas por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, quienes este viernes participaron del encuentro en Matheu.
Licencia abortada
El responsable de ejecutar la pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado es el juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, quien había pedido licencia pero la abortó para poder definir sobre la prisión domiciliaria. Tenía un viaje programado e iba a ser reemplazado por su par Rodrigo Giménez Uriburu, pero finalmente se quedará en el país.
Además de la prisión domiciliaria, Gorini deberá analizar otros pedidos que hizo la exmandataria a través de su abogado, Carlos Beraldi: no usar tobillera electrónica y mantener su custodia.
Asimismo, tendrá que poner en marcha las penas contra los demás condenados en el caso Vialidad. Uno de ellos es Lázaro Báez, quien esta semana fue trasladado desde El Calafate (donde cumplía prisión domiciliaria) hacia el penal federal de Río Gallegos, para completar otra condena a diez años por lavado de dinero en la causa de la “ruta del dinero K”.
Los demás condenados por el direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz son Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Santibáñez y Raúl Daruich.
