La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”. Este fallo la convierte en la primera ex presidenta constitucional en ser condenada en Argentina.
La condena también incluye la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de fraude al Estado. Esta inhabilitación fue, paradójicamente, incluida en la ley durante los gobiernos kirchneristas. Como consecuencia, la Cámara Nacional Electoral deberá ser notificada para sacarla del padrón electoral, lo que implica que perderá su derecho a presentarse como candidata, tanto a nivel nacional como provincial.
La ejecución de la pena no es automática
Fuentes judiciales de Comodoro Py adelantaron que “nada es automático” en cuanto a la ejecución de la condena. Se espera que estos trámites duren entre una semana y diez días.
El proceso establece que la Corte notificará primero al presidente de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien a su vez enviará la decisión al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para que ejecute la condena. La sala de Casación ya había confirmado previamente la condena y rechazado un recurso extraordinario de la ex presidenta.
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (siendo Gorini el encargado de este caso), convocará en los próximos días a Cristina Kirchner y a los otros ocho condenados para notificarlos formalmente. La decisión sobre qué hacer dependerá de factores como los años de la condena, la edad de los condenados y sus eventuales enfermedades.
Posible prisión domiciliaria: factores clave
Uno de los puntos centrales a definir es el lugar de cumplimiento de la pena. En casos de condenas, se aplica la ley de Ejecución Penal 24.660, que fue actualizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
El artículo 32 de esta ley indica que el juez de ejecución “podrá” disponer el cumplimiento de la pena en detención domiciliaria. Se subraya que no es obligatorio. Este beneficio es aplicable a internos mayores de 70 años. Cristina Kirchner tiene actualmente 72 años.
La prisión domiciliaria también puede concederse si el interno está enfermo y la privación de la libertad en la cárcel impide su recuperación o tratamiento adecuado, siempre que no corresponda su alojamiento en un establecimiento hospitalario. A favor de Cristina Kirchner pesa el hecho de que en 2013 sufrió un hematoma subdural crónico (HSC), entre otras enfermedades. Para evaluar esto, deberá ser sometida a un control del Equipo Médico Forense.
Antes de conceder la prisión domiciliaria, el juez Gorini deberá pedir la opinión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mora. Si se otorga la domiciliaria, la ley exige un dispositivo electrónico de control (tobillera), aunque este solo podrá ser dispensado por decisión judicial previo informe favorable de órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado. La defensa, en caso positivo, podrá proponer domicilios adecuados cerca de los tribunales.
Un escenario inédito y los interrogantes que plantea
La situación actual es calificada de inédita en la historia argentina, ya que Carlos Menem, por ejemplo, murió antes de tener condena firme y solo cumplió prisión preventiva domiciliaria sin esposas ni tobillera por no ser condenado. Amado Boudou, tras la confirmación de su condena, fue enviado inicialmente a la cárcel de Ezeiza antes de pedir la domiciliaria.
Existen dudas sobre si se le colocarán esposas o la tobillera electrónica. Otro problema es quién se encargará de la custodia: actualmente tiene guardaespaldas de la Policía Federal, pero bajo condena debería pasar al control del Servicio Penitenciario Federal. El Ministerio de Justicia espera órdenes judiciales al respecto. También deberá definirse el régimen de visitas.
Pesa en contra de la posibilidad de domiciliaria las pasadas objeciones de abogados ligados a organismos de Derechos Humanos a la prisión domiciliaria para militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
Además de la condena firme, Cristina Kirchner enfrentará a partir del 6 de noviembre el juicio oral por la causa “Cuadernos de las Coimas” y, semanas después, el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El TOF 2 también deberá decidir cómo ejecuta el decomiso de 85.000 millones de pesos de sus bienes para devolverlos al Estado.
Finalmente, surge la duda sobre si aceptará mostrarse detenida ante la prensa o si buscará evitar la foto histórica saliendo por el subsuelo de Comodoro Py, en el marco de su estrategia de “victimización”.
