En un fallo que generó polémica, el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de la jueza subrogante Mariel Borruto, autorizó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a votar en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en la provincia de Santa Cruz.
La decisión, publicada el 24 de julio, declara inconstitucionales los artículos 12 y 19 del Código Penal y el artículo 3 inciso “e” del Código Nacional Electoral, que impedían a personas con condenas penales superiores a tres años ejercer su derecho al sufragio.
Un fallo con implicaciones políticas y simbólicas
La resolución surge tras la confirmación de la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos por la causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema en junio de 2025.
La Cámara Nacional Electoral había notificado su exclusión del padrón electoral, pero la jueza Borruto argumentó que privar del derecho a votar “infringe los estándares de nuestro más alto tribunal” y los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando el precedente del “caso Zelaya” (2022).
Según el fallo, las normas cuestionadas violan derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y el principio de resocialización.
El fallo, aunque simbólico, tiene un fuerte peso político. Cristina Kirchner, actualmente bajo arresto domiciliario en Buenos Aires, necesitaría autorización del Tribunal Oral Federal N°2, liderado por el juez Jorge Gorini, para viajar a Santa Cruz y emitir su voto.
Esta limitación práctica convierte la decisión en un gesto más reivindicativo que efectivo, según analistas.
Contexto y reacciones
La medida contradice parcialmente la jurisprudencia de la Corte Suprema, que valida restricciones al voto en casos de delitos contra la administración pública, como el de corrupción por el que fue condenada Kirchner.
La Cámara Nacional Electoral ha reconocido en el pasado que la prohibición automática de voto puede ser inconstitucional, pero suele exceptuar delitos graves como los relacionados con corrupción, lo que ha generado críticas a la resolución de Borruto.
