En su flamante rol de presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner intenta reorganizar el partido en las distintas provincias, apelando en algunos casos a la drástica medida de la intervención.
Desde el 11 de diciembre pasado, cuando asumió la conducción del peronismo, Cristina Kirchner ya intervino el distrito de Misiones, y la semana pasada hizo lo mismo con el de Salta.
El polémico exministro de Seguridad de Buenos Aires Sergio Berni fue designado como uno de los interventores del PJ salteño. La otra es la dirigente pampeana María Luz Alonso, de extrema confianza de la expresidenta.
Algunas declaraciones de Berni generaron alarma en el PJ de Córdoba. “Fue una decisión política de la presidenta del partido. No tiene que ver con una cuestión administrativa. Es porque la conducción del partido en Salta está más cerca de nuestros enemigos que de nuestra doctrina”, argumentó Berni.
Para no pocos kirchneristas, el caso del PJ cordobés, que por ahora preside Juan Schiaretti, sería similar al de Salta.
Algunos kirchneristas cordobeses aseguran que la expresidenta está atenta a lo que sucede con el PJ en Córdoba. En realidad, Schiaretti está armando Hacemos, un nuevo partido nacional, con el apoyo del gobernador Martín Llaryora.
Además, hay una versión que llegó a oídos de Cristina Kirchner: Llaryora tiene algún diálogo con su colega bonaerense Axel Kicillof, hoy enfrentado con la expresidenta. “Hablan sólo de gestión”, explicó un cordobés que trabaja con Kicillof.
En este contexto, el 1º de mayo, Día del Trabajador, una fecha simbólica para los peronistas, es probable que Schiaretti le traspase a Llaryora la presidencia del PJ, que hasta ahora está en manos del exgobernador. ¿Cristina tomará alguna decisión drástica antes de esa fecha?
Los peronistas diferencian “empleados fantasma” de “ñoquis”
El escándalo por la denominada “empleada fantasma” en la Legislatura provincial –que ya no es tan fantasma, porque tiene nombre y apellido, Virginia Martínez, y fue imputada por el fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, por el delito de falso testimonio agravado– sigue generando ruido político en la Legislatura provincial, especialmente en el oficialismo.
Tras la imputación de la empleada que fue contratada y luego despedida por la legisladora Nadia Fernández por no cumplir tareas en la Unicameral, en el peronismo hacen una extraña diferenciación entre “empleados fantasma” y “ñoquis”.
“Los medios deberían dejar de denominar empleada fantasma a esta mujer. No fue una empleada fantasma. Se la tomó como contratada, no fue a trabajar y al mes se la dio de baja. Empleada fantasma es un delito de defraudación a la administración pública, porque alguien cobra el sueldo de otra persona durante mucho tiempo. Esto no ocurrió por parte de ningún legislador o autoridad legislativa. (Guillermo) Kraisman no era funcionario. Acá no hubo un caso ‘Chocolate’”, trató de justificar una voz encumbrada dentro del oficialismo provincial, en referencia a los casos de empleados legislativos de la provincia de Buenos Aires que cobraban sueldos sin saber que estaban “contratados” por esa Legislatura. De allí el término “empleados fantasma”.
La misma fuente argumentó que ser un empleado “ñoqui”, como se denomina a quien cobra un salario pero no va a trabajar, no es un delito contra la administración pública.
“Muchos legisladores tienen asesores que no cumplen una tarea en la Legislatura. Asesoran desde afuera, sin tener un trabajo presencial. Se puede hacer un cuestionamiento político, pero en este caso no hay delito”, concluyó el dirigente peronista, en una charla privada, con una diferenciación que tal vez exista en el Código Penal pero que es difícil de explicar en el ámbito político.
El SEP se diferenciará de la UEPC
En la primera semana de abril, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, convocará al Sindicato de Empleados Públicos (SEP) a negociar la paritaria para este año.
Ambas partes ya se preparan para esta discusión, que se espera sea menos áspera que la que con los docentes se extendió por varias semanas, período en el cual hubo dos paros.
Sin embargo, el gremio que conduce Sergio Castro se sentará a negociar con una postura que es diferente a la que tuvo la UEPC: el SEP quiere un acuerdo por seis meses y no por un año, como firmaron los docentes.
En la previa a las discusiones, las posiciones parecen encontradas. En la negociación con la UEPC, el representante del gobernador Martín Llaryora aseguró que era “innegociable” el plazo de un año para el acuerdo paritario. El mandatario provincial quiere sacar las discusiones salariales de la campaña electoral de los comicios de octubre.
El SEP es el segundo gremio estatal más numeroso, después de la UEPC, y aglutina a los empleados de la administración pública de menor rango, y al sector de Salud.
Al margen de las pretensiones de las partes, todo indica que habría una salida para estas dos posturas enfrentadas: firmar un acuerdo hasta enero de 2026, pero con una cláusula de revisión en agosto.
No obstante, esta es una diferencia con el reciente acuerdo firmado con los docentes, que se extiende hasta fines de enero del año que viene ¿La UEPC tendrá espacio para reclamar el mismo trato?
