En un movimiento estratégico y de alto impacto, la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner presentó este viernes un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo principal es lograr la reversión de la obligatoriedad del uso de la tobillera electrónica y la restricción de las visitas en su domicilio de Constitución, donde cumple la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.
El documento, firmado por el abogado Carlos Beraldi, no solo busca modificar las condiciones de su arresto domiciliario, sino que también incluye una contundente solicitud de recusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, miembros del máximo tribunal.
La estrategia legal de Cristina
La estrategia legal de la expresidenta apunta a que el recurso extraordinario sea resuelto por conjueces.
Para garantizar la transparencia y legalidad del proceso, la defensa ha pedido ser notificada sobre el día y la hora en que se realizará el sorteo correspondiente, con el fin de “poder presenciar el acto y controlar su legalidad”.
Esta presentación se da luego de que, el pasado 11 de julio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara las condiciones de la prisión domiciliaria impuestas originalmente por el Tribunal Oral Federal 2.
En aquella instancia, a pesar de que el fiscal había desistido del recurso contra las condiciones del arresto, los abogados de Cristina Kirchner insistieron en sus argumentos.
Las visitas a Cristina
La defensa argumentó que la prohibición de recibir visitas sin restricciones es incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada.
Subrayaron la necesidad de que la expresidenta pueda reunirse con frecuencia con profesionales contables que la asisten, apoderados que manejan cuestiones administrativas diarias, peritos designados en otros procesos judiciales en su contra, y asesores para continuar desarrollando actividades no prohibidas por la pena.
Adicionalmente, hicieron un fuerte énfasis en “la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto”, los cuales conforman una parte fundamental de su vida de relación.
Sin embargo, la Cámara de Casación desestimó todos estos planteos.
El tribunal consideró que la presencia de una custodia policial no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
Además, advirtieron que renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electrónico o la solicitud de autorización de visitas fuera de la nómina, “implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”.
En cuanto a la tobillera, Casación sostuvo que su uso encuentra “sustento legal en el marco normativo vigente y resultan adecuados para asegurar el control judicial efectivo del cumplimiento penal en el contexto de la prisión domiciliaria”.
Es importante destacar que el voto de Casación fue dividido.
El juez Mariano Borinsky votó en disidencia, argumentando que correspondía revocar dichas restricciones.
El magistrado explicó que la medida de restricción de visitas “no se encuentra prevista en ninguna norma”, lo que implica que el tribunal oral “se extralimitó al dictarla”, vulnerando así los artículos 18 y 19 de la Constitución.
A diferencia de sus colegas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Borinsky enfatizó que, tras una condena firme, solo pueden restringirse los derechos autorizados por la sentencia, y no otros como la intimidad o el ejercicio de derechos políticos de una figura pública y destacada como Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora, la Corte Suprema deberá definir si acepta o rechaza los planteos de la defensa de la expresidenta en un caso que sigue generando debate y atención política.
