Un Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal visitó este lunes a Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, y presentó un informe concluyente: “No presenta impedimentos de índole médico para el uso del dispositivo electrónico, al momento presente”. Este informe, aunque no es vinculante, ya forma parte de la causa para la decisión judicial.
Sin embargo, el abogado de la ex mandataria, Alberto Beraldi, solicitó ante la Cámara Federal de Casación Penal la remoción de la tobillera. Beraldi la calificó de mecanismo “innecesario y burdo”, argumentando que el riesgo de fuga no existe, ya que, según expresó, Cristina Kirchner siempre estuvo a derecho, cuenta con custodia y sería inmediatamente reconocida si saliera a la calle.
Por su parte, el fiscal de Casación, Mario Villar, pidió que el uso del dispositivo se mantenga.
Cristina Kirchner: el régimen de visitas y posible cambio domicilio
Otro punto de disputa es el régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral. Actualmente, solo familiares, médicos, abogados y custodios pueden visitarla sin autorización previa. Cualquier otra persona, como fue el caso del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, debe solicitar permiso.
La defensa de Kirchner objeta esta restricción, señalando que no existe ninguna norma que establezca tal límite ni el tribunal oral especificó su finalidad. Beraldi afirmó no haber encontrado antecedentes en los que se restrinjan las visitas en prisiones domiciliarias. El fiscal Villar, en contraste, solicitó que este régimen se mantenga.
Por otro lado, Villar retiró su pedido inicial para que Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel, asegurando así su continuidad en prisión domiciliaria, y sí solicitó un cambio de domicilio.
Villar argumentó que la presencia de la ex presidenta en San José 1.111 genera complicaciones para los vecinos, el tránsito y los servicios del barrio, según un informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal enfatizó que “los vecinos no tienen por qué soportar estas anomalías”. Adicionalmente, consideró que el domicilio actual es inseguro para la propia Cristina Kirchner, aludiendo a imágenes de personas en balcones linderos y el antecedente del intento de homicidio sufrido en 2022. Por ello, solicitó la búsqueda de un “domicilio adecuado”.
La defensa rechazó rotundamente esta petición. Beraldi argumentó que la ex presidenta vive allí hace tres años, que el lugar es cercano para sus hijos y nieta que la visitan diariamente, y que el organismo de control nunca objetó el sitio. Además, la defensa señaló que las “alteraciones” en el barrio mencionadas por la Procuración ocurrieron al inicio de la detención y ya no son un problema, y que las manifestaciones nunca fueron alentadas por Kirchner. Incluso, destacó que ahora hay más presencia policial y que los vecinos han reportado una disminución en los robos en la zona.
La decisión final recae ahora en los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroeteveña. Tienen un plazo de cinco días hábiles para resolver, aunque la expectativa es que su fallo se conozca esta misma semana. La resolución será clave para el futuro de las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.
